*Diversas organizaciones nacionales y extranjeras rechazan iniciativa
Redacción IP Nicaragua
El proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que promueve el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, se ha ganado el rechazo de organizaciones a nivel nacional como internacional.
La iniciativa, presentada en la Asamblea Nacional por un grupo de diputados y diputadas oficialistas amenaza con sancionar a líderes y lideresas nicaragüenses, explicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La regulación, considerada inconstitucional por grupos defensores de derechos humanos, está “amenazando su derecho a la libertad de expresión y asociación, a la protesta social y a participar de los asuntos públicos” de esos líderes y lideresas, afirmó la CIDH.
“La CIDH urge al Estado de Nicaragua a impedir que este proyecto, que se inserta en una estrategia más amplia de cierre de los espacios democráticos, avance. Y llama una vez más a las autoridades a promover el restablecimiento de las libertades públicas en el país”, afirmó este instrumento de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por su parte, PEN Internacional-Nicaragua alertó que la iniciativa, presentada el pasado 22 de septiembre, constituye una nueva amenaza que “se cierne sobre las libertades en Nicaragua”.
“La ley está dirigida a controlar de forma absoluta los fondos financieros que personas naturales y jurídicas reciban del exterior, con el argumento de evitar que se destinen a actividades que atenten contra la seguridad del Estado”, denunció PEN Internacional.
La iniciativa de ley obliga a toda persona que reciba fondos del exterior, a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros y reportar mensualmente sus ingresos y egresos. De no hacer los reportes corren el riesgo de ser objeto de sanciones civiles y penales, incluyendo confiscación de bienes.
“La medida afectará a los nicaragüenses que laboren como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos”, señala PEN Internacional.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) a través de un comunicado, expresó la regulación que pretenden aprobar en la Asamblea Nacional representa un “secuestro de la institucionalidad democrática”, y además de grandes violaciones a los derechos humanos fundamentales de los nicaragüenses.
“Esta iniciativa de ley pretende criminalizar la actuación y los aportes a la construcción democrática de las organizaciones, asociaciones, personas o jurídicas, medios de comunicación independiente, calificándolos como agentes extranjeros y enmarcando a la cooperación internacional como injerencista y una amenaza para la seguridad del Estado”, afirma la FVBCH.
A través de la propuesta se otorgará poder al Ministerio de Gobernación (Mingob) para supervisar a toda persona o entidad que, según el Gobierno, caiga en el concepto de “agente extranjero”.
“Mediante esta iniciativa de ley, pretenden sepultar la libertad de expresión, que es la piedra fundamental de la construcción democrática, la participación ciudadana, el derecho a la organización, a la libertad de información, la libertad de prensa”, dijo la fundación.
Todos esos derechos están consignados en la Constitución Política de Nicaragua, en la Ley de Participación Ciudadana y Ley de Acceso a la Información Pública, actualmente vigentes en el marco jurídico nacional.
PEN Internacional denunció que esta es otra forma que utilizará Ortega para inhibir a cualquier opositor de cara a las elecciones de 2021.
“Estas personas tampoco podrán optar a cargos públicos ni a candidaturas de ninguna naturaleza, lo cual inhibirá de facto a todos los opositores al gobierno que deseen postularse en las elecciones generales de 2021”, dijo.
Además, al incluir en la ley a “los empleados de servicios de información”, el gobierno ejercerá un absoluto control sobre centenares de periodistas que laboran para medios digitales emergentes y corresponsales de medios de prensa internacionales que perciben ingresos del exterior, acusó PEN Internacional.
Bajo la figura de esta ley el trabajo de los periodistas será desde ahora “vigilado y fiscalizado de manera permanente”, apuntó la organización internacional.
La Fundación Bianca Jagger Pro Defensa de los Derechos Humanos (BJHRF) también advirtió sobre los “peligros y restricciones” que este proyecto de ley conlleva.
“Emitimos un llamado urgente a la comunidad internacional a unirse a nuestra denuncia de este proyecto de ley que representa una nueva amenaza mortal contra las libertades de los nicaragüenses”, menciona la fundación.
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