* Nuevo informe del organismo revela graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua en el contexto de la crisis sociopolítica .
Redacción IP Nicaragua
Un total de 1,614 personas han sido privadas de su libertad “arbitrariamente” en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 2018, según logró establecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un nuevo informe titulado “Personas privadas de libertad en Nicaragua”, el organismo de derechos humanos establece que el número de personas “detenidas y criminalizadas” podría ser notablemente mayor, debido a numerosos factores como las detenciones que no han sido reportadas por el Estado y la falta de denuncia de las propias víctimas por temor a represalias.
Aquí te presentamos las conclusiones a las que llegó la CIDH y que las recoge el nuevo informe que se construyó principalmente desde las voces de las mismas víctimas, quienes denunciaron la grave situación que vivieron.
Según la CIDH, las detenciones arbitrarias ocurrieron “bajo diferentes modalidades” en las diferentes etapas de la represión estatal desarrollada en contra de los manifestantes opositores al Gobierno.
La intención era “reprimir una postura de oposición al actual régimen nicaragüense e inhibir cualquier expresión de protesta social”, señala el documento.
Aunque en el informe se llega a la conclusión que 1,614 personas han sido privadas de su libertad en este contexto de la crisis sociopolítica, se determinó que la ausencia de registros oficiales impide determinar la cantidad exacta de personas detenidas y criminalizadas.
Se dieron “detenciones realizadas por grupos de civiles armados, en las cuales las personas no fueron trasladadas a dependencias oficiales y; el mismo hecho de que muchas personas fueron detenidas en más de una ocasión, por ejemplo, lideresas y líderes sociales, estudiantes y personas campesinas”, señala el organismo de derechos humanos.
En julio de 2018, precisamente, este organismo advirtió sobre la “intensificación” de un patrón de detenciones “selectivas y arbitrarias” que se registraron en la segunda fase de la represión durante los denominados “operativos limpieza”.
Posteriormente, el Estado activó una estrategia de “persecución judicial y criminalización” con el objeto de privar la actuación de los manifestantes, líderes sociales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
En este informe, la CIDH concluye que las detenciones, realizadas por la misma Policía Nacional y agentes parapoliciales, fueron de manera masiva y mediante un uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza que incluyó la “práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de tortura”.
En su informe el organismo detalla que las personas detenidas no fueron puestas a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo legal de 48 horas.
Además, mantuvieron a los detenidos en “centros clandestinos, policiales o penitenciarios” por días, incluso hasta meses, antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial.
“Con base en los testimonios recibidos, algunas de las personas detenidas fueron trasladadas a centros de detención ilegales o clandestinos como instalaciones municipales o del partido de gobierno, antes de ser trasladadas a instalaciones policiales”, señala el documento.
Por otro lado, la CIDH concluyó que las personas detenidas arbitrariamente en este contexto fueron víctimas de “represalias por su oposición al gobierno” y por el hecho de haber participado en las protestas sociales.
Los testimonios también revelan que fueron sometidos a “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales”.
A eso se suma de manera particular la agravada situación vivida por las mujeres detenidas que fueron sometidas a violencia sexual.
Las personas detenidas permanecieron privadas de libertad en “condiciones contrarias a la dignidad humana”, es decir en condiciones que incluyeron “regímenes de aislamiento”, en total hacinamiento, señala el texto.
Basados en los testimonios de las víctimas, la CIDH señala que los detenidos fueron sometidos a “violencia física y psicológica que comenzaba desde el momento mismo de la detención, pero se profundizaba en el ingreso a las dependencias carcelarias”.
La CIDH recibió testimonios que revelan que las personas privadas de libertad tienen acceso al agua y a la alimentación bajo “dinámicas extorsivas y disciplinadoras” por parte de las autoridades de los centros penitenciarios.
El documento detalla que las personas privadas de libertad encontraron en la “comida proporcionada por las autoridades penitenciarias, restos de insectos como cucarachas, vidrios, metales y otros objetos”.
Casos en la impunidad
La CIDH detalla que muchos de los casos, a la fecha de elaboración de este informe, se encuentran en la “impunidad”.
El organismo advierte que la impunidad es el resultado del “prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática en el país”.
Al momento de presentar el informe, el organismo no cuenta con información precisa que indique que el Estado investigó las graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas desde el inicio de las protestas sociales contra las personas privadas de libertad.
Por último, pidió poner en libertad a las personas que hayan sido “detenidas en el contexto o con ocasión a las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria, y que a la fecha de notificación al Estado del presente informe se encuentren detenidos”.
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