En Centroamérica, todos los países excepto Costa Rica cuentan actualmente con leyes que ya están aprobadas o proyectos de ley, que limitan las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil de distintas formas y da pauta a nuevos autoritarismos en la región, siendo Nicaragua el ejemplo más visible donde se han clausurado más de 3 mil.
El informe «Nuevos autoritarismos, derecho de asociación y organizaciones sociales en Centroamérica» que presentó el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) revela que existe en la región una tendencia autoritaria que atenta contra los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libre asociación.
En un foro que organizó Cetcam en San José, Costa Rica, para analizar la aparición de estos nuevos autoritarismos en Centroamérica, varios expertos concluyeron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua es el caso más «crítico».
«Les llamamos nuevos autoritarismos, pero la verdad es que son los viejos autoritarismos que están revestidos con nuevos ropajes para encubrirse (…) En el caso de Nicaragua está completamente al desnudo», dijo la la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra.
Ortega en Nicaragua cuenta con «más leyes para regular los espacios cívicos y la influencia de las organizaciones de la sociedad civil», refiere el informe.
Las leyes 1040 “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”; Ley 1042 “Ley Especial de Ciberdelitos”; y Ley 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
A mayo de 2023, el régimen nicaragüense ha clausurado alrededor de 3,342 ONG desde 2018.
Amaru Ruiz, presidente de la cancelada y confiscada organización no gubernamental Fundación del Río, recordó que el impacto tras el cierre de las organizaciones, solo nacionales, es grande en el país.
«Más de 23,000 personas al desempleo, 255 millones de pérdidas anuales de cooperación al desarrollo y 3.4 millones de personas beneficiarias desatendidas y eso ha implicado una destrucción del tejido social», refirió Ruiz.
Costa Rica es el único país que no cuenta con leyes que ya están aprobadas o proyectos de ley, que
limiten las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil de distintas formas.
Según el Cetcam, Guatemala y El Salvador han retrocedido significativamente en sus estados
democráticos, y partiendo de esos hechos, «se puede afirmar que las condiciones en Centroamérica son propensas para la propagación de la autocracia».
Guatemala también creó una ley similar, la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el
Desarrollo, aprobado el 28 de febrero de 2020 en el decreto número 4-2020 por la Asamblea
Legislativa, que le dan el poder al ministerio de Gobernación para cancelar, disolver, o quitarle el registro a una ONG, sin necesidad de un proceso judicial.
En El Salvador existe el “Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de
dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de
destrucción masiva” aprobada en octubre de 2021 (Fiscalía General de la República, 2021).
En Honduras las leyes “Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas” y “Ley Especial Contra el Lavado de Activos”, ambas vigentes desde abril de 2015, regulan a las organizaciones sin fines de lucro.
«Un aspecto preocupante presente en las legislaciones de Nicaragua, El Salvador y Guatemala es la criminalización de las ONG y sus beneficiarios en caso de incumplir con las nuevas medidas regulatorias», concluye el informe.
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