Los pueblos indígenas de Nicaragua continuaron expuestos al terror, la hambruna, la migración forzada, el abandono estatal y el atropello a sus derechos políticos y autonomía en el año 2022, señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
«Los colonos han asesinado a 64 indios miskitos y mayangnas. Estas muertes han quedado en la impunidad» señaló el Cenidh en su informe anual.
«No hay justicia para las violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas. Sumado a esto los 1,163 indígenas asesinados en la década de años 80, todos ellos por defensa de la madre tierra”, señala el Cenidh.
Además, señalaron que la invasión de sus tierras ha contado con la protección del gobierno regional y del Poder Ejecutivo.
“Las tropas guardabosques de distintas comunidades capturan a los invasores, se los entregan a la Policía y la Policía presionada por funcionarios de gobierno los sueltan a los días y regresen a la montaña a matar indígenas”, señalan.
Al cierre de este informe, 14 líderes indígenas firmaron proclama de un encuentro en el que analizaron la situación de sus territorios y aseguraron que los programas que ha impulsado el régimen Ortega Murillo han sido diseñados para «llevarlos al sometimiento y el exterminio».
«No ha cumplido con las promesas hechas desde su arribo al poder pues los pueblos indígenas siguen sin posibilidades de crecimiento social cultural, económico e impera la impunidad en casos de asesinatos», dice el Cenidh.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) a través de su informe anual resaltó que durante el 2022, en Nicaragua se ha impuesto un «estado de terror permanente».
«En 2022 el régimen Ortega Murillo ha impuesto un estado de terror permanente en Nicaragua a costa de numerosas estrategias represivas, que le permiten permanecer en el poder, aún cuando la voluntad de la gran mayoría de nicaragüenses es su salida y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos”, señala el informe.
Otro de los aspectos que resalta el Cenidh es que los pueblos indígenas de Nicaragua continuaron expuestos al terror, la hambruna, la migración forzada, el abandono estatal y el atropello a sus derechos políticos y autonomía.
En el informe, titulado «Nicaragua: se impone el terror, persiste la resistencia», el Cenidh afirma que «el régimen se ha ensañado» contra las 235 personas consideradas presas políticas, aplicándoles torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Este trato violenta todos sus derechos humanos, sobre todo por negarles los servicios básicos, «con el claro objetivo de destruirles física y mentalmente junto a sus familias».
El Cenidh señaló que el Poder Judicial es «el mayor instrumento de represión del régimen Ortega Murillo» en 2022.
Y a través de este poder, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ha podido «encarcelar y enjuiciar inocentes», lo que calificó de «la acción más aberrante y violatoria de derechos humanos registrada en la historia más reciente de Nicaragua».
Denunció, asimismo, que «la Policía, turbas y fanáticos del régimen están organizados para mantener constante vigilancia, hostigar, agredir y amenazar a personas consideradas opositoras», incluido activistas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos.
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