La cartilla “El Derecho a Elegir y el Deber a Respetar”, sobre la Diversidad Sexual dada a conocer por el régimen Ortega-Murillo, no resolverá los niveles de discriminación y violencia que viven los miembros de la comunidad LGTBIQ en Nicaragua, indica la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
«El gobierno debe implementar políticas públicas integrales para enfrentar el problema. Una cartilla es solo un instrumento de difusión de ideas y no tendrá un impacto significativo sin compromiso político real», dijo a IP Nicaragua la socióloga y feminista.
A finales de marzo el régimen lanzó la cartilla “El Derecho a Elegir y el Deber a Respetar”, sobre la Diversidad Sexual, argumentando que en el país se garantizan los derechos sin discriminación y sin inclusión para todos y todas.
Blandón afirma que resolver un problema tan «viejo y complejo» como la violencia y todos las violaciones a los derechos humanos con la cartilla sería un milagro en el mundo entero.
«Es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de educar y de prevenir, eso está bien. Pero allá donde hay tanta violencia, allá donde no hay políticas públicas, donde la Procuraduría Especial de la Diversidad Sexual no funciona, ni siquiera tiene recursos cómo van a poder enfrentar un problema tan complejo como ese. Es imposible», aclara.
El asesinato de Lala, ocurrido el 3 de marzo de 2021 en Somotillo, municipio de Chinandega al occidente de Nicaragua, constituyó encarnó la más cruda “expresión de odio” como resultado de la violencia que continúan viviendo las mujeres transgénero en el país centroamericano.
A Lala la arrastraron atada a un caballo a lo largo de 400 metros, para posteriormente lapidarla.
El crimen de Lala reveló que las mujeres transgénero en Nicaragua viven en una situación de total vulnerabilidad por la violencia y discriminación.
La nicaragüense Karelia de la Vega, activista trans exiliada en Estados Unidos, en entrevista con IP Nicaragua, confirmó que en el país los derechos de los miembros de la diversidad sexual no son respetados, al contrario «son excluidos, marginados o son solamente utilizados para fines políticos».
«Hacer eso a estas alturas, en medio de una crisis social y política que vive el país, cuando por años se ha vivido una discriminación inmensa en Nicaragua. Y cuántos años tienen ellos (el régimen) en el poder», cuestionó la activista al referirse a la cartilla dada a conocer por el régimen recientemente.
La cartilla describe que las «agresiones físicas y emocionales» a una persona con «identidad diversa» genera un «ambiente hostil e inseguro en nuestras familias».
«Durante la crisis hubo presas trans que sufrieron torturas, burlas y abusos, y las organizaciones del régimen que ahora andan promoviendo esta cartilla, como la Procuradora Especial de Diversidad Sexual, nunca se pronunciaron en defensa de los derechos de las presas trans», criticó De la Vega.
El 7 de abril de 2023 los nicaragüenses fueron testigos de otro crimen en el que «La Mendoza», una mujer trans, vendedora ambulante, que fue reportada como desaparecida a finales de marzo y una semana después fue encontrada en un predio baldío en estado de descomposición en la zona del distrito VI de Managua.
Según el reporte forense, el cuerpo de la víctima tenía quemaduras de primer grado, por lo que se presume fue un «crimen con saña y odio desproporcional».
Inicialmente, la Policía tenía bajo investigación a tres hombres por este crimen, sin embargo, a finales de abril una mujer trans, únicamente identificada como Juana, habría sido circulada por la Policía como sospechosa de haber asesinado a «La Mendoza».
La cartilla del régimen propone «crear entornos seguros y confiables», pero en Nicaragua no existe.
El pasado 6 de marzo, Juana Mena Hernández, una mujer trans de 35 años, originaria de Masaya, murió al recibir una golpiza por parte de un hombre, quien supuestamente se identificó como su pareja.
El Observatorio LGBTIQ+ Nicaragua revela que durante el 2022 se recepcionaron un total de 43 denuncias de discriminación y violencia contra esta comunidad.
Las mujeres trans son las principales víctimas con 21 casos, homosexuales con 17 casos, 7 casos de lesbianas, y un caso respectivamente de mujer bisexual, hombre bisexual y persona no binaria.
«El régimen no pueden venir ahora a decir que promueven los derechos de la comunidad LGTBIQ (…) La comunidad LGTBIQ por años solo ha sido utilizada por el régimen. Qué hizo por los miembros de la comunidad LGTBIQ antes del estallido de la crisis, cuando retomaron el poder (en 2007), qué hicieron para restituir los derechos, nada,», insistió Karelia de la Vega.
La activista denunció que «los crímenes de odios siguen en el país y en algunos casos esos crímenes están impunes, los autores no responden, no pagan por los delitos».
Karelia de la Vega reiteró los integrantes de la diversidad sexual tienen años de pedir que se restituyan sus derechos y que no haya más discriminación, pero también demandan se cumplan otros derechos.
«Que se les de oportunidad de trabajo, salud, etcétera, pero nunca lo ha hecho. Esto de la cartilla es parte de una estrategia más para lavarse la cara y sostener su discurso absurdo que en Nicaragua hay paz, que se respetan los derechos, donde todo eso es falso», manifestó Karelia.
Mientras tanto, Blandón considera que el Estado tiene la obligación de crear políticas integrales.
«El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la violencia contra las mujeres, como la violencia contra la niñez, contra los cuerpos disidentes, es su obligación formular políticas públicas integrales. Y eso ¿qué significa? Significa definir estrategias de prevención, pero también significa destinar recursos para ampliar las oportunidades de tal manera que esta gente pueda resolver sus problemas, pueda tener vocería, organizarse, defender sus derechos», dice Blandón.
Significa además «sancionar los actos de discriminación y en el propio Estado se discrimina y se violenta a las lesbianas, a los homosexuales, a las personas trans, a las personas no binarias», denuncia la feminista.
La cartilla no previene los femicidios, los transfemicidios o los crímenes de odio, agregó la socióloga y feminista.
«En ningún país, seríamos un fenómeno que con una cartilla resolvamos los graves problemas que tenemos en esa materia y en otras», insiste.
Blandón criticó que el régimen Ortega y Murillo lleva 16 años en el poder y ha tenido muchos recursos de la cooperación internacional al desarrollo, que cuenta con unos claros instrumentos de derechos humanos, pero no ha hecho nada.
«En 16 años decide sacar una cartilla. O sea, es ridículo pretender que con eso se va a atender un viejo problema de discriminación», puntualiza.
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