Tras la expulsión del país de las hermanas pertenecientes a la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, el régimen de Daniel Ortega ordenó cancelar la personería jurídica y confiscar sus bienes.
La decisión ocurrió dos días después que la Policía allanó la casa de la hermanas, en León, al occidente de Nicaragua. Las cuatro religiosas de origen brasileño que estaban en el lugar fueron llevadas con rumbo desconocido y apenas este lunes se conoció que llegaron a El Salvador.
El acuerdo ministerial 91-2023-OSFL, publicado en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, establece que el Ministerio de Gobernación (Migob) canceló y confiscó porque la Fundación supuestamente incumplió la legislación nicaragüense, al “no presentar” sus últimos estados financieros y tener la junta directiva “vencida” desde el 25 de febrero de 2021.
«La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo con los incumplimientos referidos anteriormente, obstaculiza el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y control de organismos sin fines de lucro del Migob», añade la publicación oficial.
El Migob alegó además que en esta Fundación «no promueven políticas de transparencia en la administración de los fondos que maneja el OSFL, desconociéndose el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos fueron acorde a sus objetivos y fines”.
La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo se estableció en Nicaragua en el 2019, mediante el decreto 8575, publicado en la Gaceta del 13 de agosto del 2019, aunque, las misioneras están en Nicaragua desde 2016.
Tras conocerse el acuerdo ministerial de su cierre, el Migob informó que sobre los bienes muebles e inmuebles le corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua.
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