*Con la modificación se elimina el apoyo social en zonas urbanas y la limita a comunidades rurales.
Redacción IP Nicaragua
La aplanadora de diputados orteguistas una vez más cerró filas en la Asamblea Nacional y aprobó la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, bajo el supuesto de que la misma forma parte de un proceso de “modernización».
La propuesta de reforma fue presentada en la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional el pasado 30 de octubre y en menos de 15 días fue llevada a plenario para su aprobación, que contó con 74 votos a favor.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió el proyecto de reforma, aduciendo que el actual gobierno es el que más inversiones en agua potable ha hecho en este país.
“Es absolutamente falso de toda falsedad de que a través de esta reforma se esté pretendiendo la privatización del servicio de agua, es falso”, dijo Gutiérrez.
El legislador sandinista señaló que la reforma persigue la “eficiencia” y aprovechó su turno en el plenario para atacar al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, quien rechazó el cambio, aduciendo que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden “controlar, centralizar, polarizar y seguir institucionalizando el país conforme a sus intereses partidarios”.
“¿Saben por qué les preocupa eso? Porque hay una cantidad de sinvergüenzas que aprovechan y se sobreaprovechan del recurso agua de manera industrial, con interés comercial y que no pagan un solo centavo por ese aprovechamiento (…) Me van a venir aquí a negar que son los grandes, muy grandes productores en el país, que no se pegan de manera ilegal a las grandes tuberías para desarrollar sus acciones de riego”, mencionó Gutiérrez.
En total se reformaron 59 artículos de los 155 que contiene la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620).
ANA con grandes facultades. La reforma inmediatamente puso a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como un órgano superior con funciones “normativas, operativas y de regulación”.
Esta instancia absorbe inmediatamente al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).
La ANA será responsable en el ámbito nacional de la “gestión de las aguas nacionales y de sus bienes inherentes”. Además, esta autoridad podrá otorgar licencias de aprovechamiento y operación a “agentes económicos privados”, previo cumplimiento de los requisitos por la Ley, quienes quedarán sujetos a la regulación de las mismas”, sugiere la reforma.
Elimina apoyo social en zonas urbanas. La ley original establece en el artículo 14, inciso I, un tipo de apoyo social para pobladores de “comunidades agrarias y zonas urbanas, ubicadas en zonas marginadas”.
No obstante, con la reforma los diputados sandinistas eliminan ese beneficio y ponen un alto automático al apoyo que pueden recibir pobladores de las zonas urbanas. Según lo planteado en la reforma, solo se permite un tipo de apoyo social en beneficio de las “comunidades rurales, ubicadas en zonas dispersas y de difícil acceso”.
Amplía plazo para revisar “Plan Nacional”. Por otro lado, la reforma cambia el artículo 18 de la Ley 620, y establece que el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y los planes y programas serán revisados de ahora en adelante cada cinco años, en lugar de tres como lo establecía la ley original que fue aprobada en 2007.
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