El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) denunció y solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a más 26 años de prisión.
En la denuncia que el organismo espera que sea enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), solicitan que «se declare que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos a la integridad personal, derecho a la libertad personal» de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.
Agregan que las «garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, libertad de conciencia y religión, derecho de nacionalidad, derechos políticos, derecho de circulación y residencia, y protección judicial» del obispo también se vulneraron, precisó este lunes en conferencia de prensa, el secretario ejecutivo del Calidh, Danny Ramírez-Ayérdiz.
El 10 de febrero de 2023, monseñor Álvarez fue condenado a una pena de 26 años y cuatro meses de cárcel, un día después de negarse a abordar el avión en el que sería desterrado a Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos.
El obispo crítico del régimen fue declarado culpable por los supuestos delitos de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, y fue despojado de su nacionalidad como nicaragüense.
Álvarez está detenido desde el 19 de agosto de 2022, cuando fue puesto en arresto domiciliario, pero el 9 de febrero fue trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, penal conocido como «La Modelo», ubicado en Tipitapa.
Calidh señaló que el encarcelamiento del obispo “ejerce un patrón de censura, castigo y venganza por su voz activa contra las violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde abril de 2018”.
Asimiso su director expresó “sus preocupaciones por la aplicación de penas desproporcionadas, severas e inexistentes”.
El abogado Jorge Alejandro Mamani, presidente de Calidh también expresó su preocupación y condenó “las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en particular por la situación de monseñor Rolando Álvarez Lagos”.
Calidh pidió a la CIDH que recomiende al Estado de Nicaragua “reparaciones integrales y suficientes a favor de monseñor Álvarez”.
A finales de 2022, Calidh denunció por delitos de lesa humanidad contra Daniel Ortega y Rosario Murillo y al menos siete funcionarios del régimen en Nicaragua.
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