En los primeros seis meses del año, las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los nicaragüenses, incluida la Iglesia católica, se han intensificado en país, afirma el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).
«El aumento de las formas de violaciones de derechos humanos en el primer semestre de este año obedece a la intención deliberada del Estado de someter de forma brutal a la población nicaragüense a sus dictados a través del terrorismo de Estado», sostiene Calidh en su informe sobre la situación de derechos humanos, presentado este lunes 10 de julio.
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«Nicaragua está viviendo tiempos de terrorismo de Estado, una contraposición del Estado de Derecho, pues consiste en la utilización de la autoridad estatal al margen de la ley y en perjuicio de la población», asevera el organismo con sede en Argentina.
El panorama actual en el país «no es alentador», según Calid porque «la demolición absoluta de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo persigue imponer una situación de temor generalizado en la población a través de actos estatales de conocimiento y repercusiones públicas».
Crímenes de lesa humanidad
En el informe destalla que entre enero y junio de 2023, en Nicaragua han aumentado los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, el destierro forzado, el encarcelamiento o privación grave de la libertad, la continuidad de la demolición de los espacios cívicos y las desnacionalizaciones, devuelven al país al clima de múltiples violaciones de derechos humanos de 2018 y el panorama no parece mejorar.
Además de la persistente ataque generalizado y sistemático contra la población civil por motivos políticos, señalan que en este periodo se ha aumentado la persecución a grupos particulares por razones religiosas y contra los pueblos y comunidades mayangnas y miskitus del Caribe Norte por motivos étnicos.
«Ante este panorama tan grave y complejo, esas violaciones ni son dispersas y tampoco casuales, sino que tienen una finalidad concreta y obedecen a un plan sistemático, elaborado y planificado de generar el máximo sufrimiento posible a los directamente afectados por estos crímenes y una profunda situación de temor permanente en el resto de los ciudadanos, un plan a todas luces perverso y cruel», explica el organismo.
Régimen intenta debilitar a la Iglesia católica dice Calidh,
Calidh explica que las agresiones contra la Iglesia Católica empezaron en 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica como un patrón de difamación y hostigamientos. Sin embargo, a partir de 2022 y especialmente en el primer semestre de 2023 este patrón se transformó en persecución por motivos religiosos, una conducta prohibida por el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por tanto constitutivo de crimen de lesa humanidad.
Denuncia que el encarcelamiento del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez y de otros sacerdotes «evidencia la intención estatal de debilitar absolutamente a la Iglesia como institución».
«Sin embargo, en términos de terrorismo de Estado, entendido este como actos dirigidos a imponer una situación de temor extremo en la población, los funcionarios han demostrado abiertamente que persiguen socavar la autoridad espiritual de la Iglesia para transferirla a Daniel Ortega y Rosario Murillo, a pesar de que la autoridad del Estado no está basada en la autoridad espiritual sino en el uso de la coerción devenida de la fuerza», alerta Calidh.
Asimismo denuncian que «otros crímenes de lesa humanidad son novedosos y en extremo graves violaciones de derechos humanos que no tienen registro en los países democráticos de los últimos cuarenta años».
