El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil se sumó a la iniciativa de países que cuestionan las violaciones Derechos Humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
En una reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se lleva a cabo en la sede de las Naciones Unidos (ONU), en Nueva York, este lunes 18 de septiembre, Brasil y los demás países pidieron a Nicaragua «liberar a todos los presos políticos e iniciar un diálogo de buena fe con la comunidad internacional».
Hasta finales de agosto de 2023, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, contabiliza 89 personas detenidas por razones políticas en Nicaragua.
La decisión de Brasil fue celebrada por el defensor internacional de derechos humanos, Paulo Abrāo, quien publicó en su cuenta de X la noticia que fue publicada por el medio brasileño UOL.
La cancillería de Brasil (Itamaraty) se sumó al bloque formado por Canadá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Chile, países que reconocen la existencia de la represión en Nicaragua.
El gobierno brasileño insiste en que es necesario mantener canales de comunicación con Ortega, pero incluso ha sido presionado por la ONU para que explique cómo esa postura se ha traducido en acciones concretas, indicó el medio brasileño.
«Desde el inicio de la crisis en Nicaragua, las autoridades nicaragüenses han cerrado más de 3.372 organizaciones de la sociedad civil, incluidos todos los medios de comunicación independientes y el espacio cívico», denuncian los países, en un documento conjunto presentado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Otra advertencia se refiere a la decisión de Ortega de retirar la nacionalidad a los disidentes. «La gente salió masivamente del país en busca de asilo. En marzo pasado condenamos la revocación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses considerados opositores al gobierno», afirmó.
Sin embargo, según el grupo, la situación es aún peor. «Ahora Nicaragua intensifica su represión contra la Iglesia católica, con la detención y condena del obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, a más de 26 años de prisión tras su negativa a exiliarse», declararon.
Otra preocupación se refiere al sector educativo. “El cierre y confiscación de bienes de la orden religiosa jesuita y de la Universidad de Centroamérica eleva a 27 el número de universidades cerradas”, afirman.
El llamado de Brasil y otros países, sin embargo, es para que Ortega acepte cooperar y permita la entrada de relatores de la ONU que investigarán la situación.
«Hacemos un llamado a las autoridades a iniciar la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, a permitirles el acceso para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos y a renovar el diálogo con la Oficina del Alto Comisionado y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», afirman.
«Alentamos a la ONU y a las instituciones financieras internacionales a intensificar los esfuerzos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos proporcionados a las autoridades del gobierno de Nicaragua, asegurando que ayuden a las personas más vulnerables», afirman.
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