Redacción / IP Nicaragua
El juicio en el que fueron condenados siete líderes opositores, entre ellos tres exprecandidatos presidenciales, fue un proceso plagado de irregularidades y demuestra cómo el régimen ha tomado el «control total» de la policía, la fiscalía y el poder judicial para «promover sus intereses autocráticos», denunciaron este viernes en una nota de prensa.
El juicio es la culminación de una «pesadilla kafkiana de ocho meses, que comenzó con arrestos ilegales, incluyó 84 días de desaparición forzada ha sido caracterizada por tortura y detención prolongada en un régimen de incomunicación, agrega la nota.
Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los presos políticos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, respectivamente, junto al abogado internacional Jared Genser, rechazaron la condena de 13 años impuesta contra los líderes opositores.
Las esposas de los exprecandidatos afirmaron que el proceso judicial estuvo lleno de graves violaciones al debido proceso.
El juicio, igual que todos los anteriores, se llevó a cabo en la cárcel «El Chipote» y no en una sede judicial como lo exige la ley.
La maratónica audiencia inició el 15 de febrero y para la mayoría de los presos políticos, fue solo la primera o segunda vez que se reunían con sus abogados
«El primer día del juicio, cuando la fiscal leyó la acusación, los presos políticos escucharon las
acusaciones en su contra por primera vez», denunciaron.
En este proceso también fueron condenados el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; el exdiplomático, José Pallais; y las opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera.
«Tenemos el deber de alzar la voz por ellos, porque ellos han sido secuestrados, silenciados, desaparecidos, torturados y realmente tememos por su salud que hemos visto se ha deteriorado de una manera rápida y tememos por sus vidas», denunció Cárdenas.
Valle insistió que seguirán utilizando todos los instrumentos que estén a su alcance para continuar demandando la liberación de todos los presos políticos de Nicaragua.
«Creemos que es importante que antes de cualquier tipo de proceso hacia la democratización del país haya la liberación de estas más de 170 presos y presas políticas», señaló Valle.
Durante el juicio, la fiscal Heydi Estela Ramírez presentó a 27 agentes de la policía como testigos en contra los siete presos políticos.
«Durante unos días del juicio, no se les permitió hablar con sus abogados en ningún momento. Durante todo el juicio, los presos fueron sentados separados de sus abogados para impedir cualquier comunicación», denunciaron Valle y Cárdenas.
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