Redacción / IP Nicaragua
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este 13 de septiembre el incremento de la represión en Nicaragua de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre de 2021 y señaló que «los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto sin intimidación».
«Los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto sin intimidación, violencia o injerencias administrativas. Quienes lo deseen deberían poder presentar libremente sus candidaturas y los votantes deberían poder participar en campañas electorales. También es fundamental que los medios de comunicación puedan cubrir las campañas electorales de todos los candidatos, libres de injerencias o restricciones indebidas impuestas por las autoridades», manifestó la Alta Comisionada.
Los nicaragüenses se preparan para las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, unos comicios que han sido marcados por la detención de siete personas aspirantes a presidente, entre ellos, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
El pasado 10 de septiembre el Consejo Supremo Electoral presentó la lista definitiva de candidatos en la que el actual gobernante, Daniel Ortega, busca su cuarta reelección de forma consecutiva y su esposa Rosario Murillo, su segundo periodo como vicepresidente.
Liberación de personas presas políticas
Los comicios generales de este año también se han visto marcados por la cancelación de personería jurídica de tres partidos políticos, entre ellos, el Partido Restauración Democrática (PDR), el Partido Conservador (PC) y Ciudadanos por la Libertad (CxL).
🇳🇮 #Nicaragua: En un informe presentado en el @UN_HRC, @mbachelet pide al Gobierno que garantice los derechos civiles y políticos, que proteja la libertad de opinión y de expresión, y que ponga fin a la impunidad.
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— UN Human Rights (@UNHumanRights) September 13, 2021
En su actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, Bachelet señaló que a las 20 personas detenidas desde el 28 de mayo, que ya denunció en junio, se han sumado otros 16, “incluyendo políticos, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos u estudiantiles”.
«La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta por 90 días, incomunicadas y algunas en régimen de aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a sus familiares. Recién el 31 de agosto comenzó el Ministerio Público a autorizar visitas. Varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de mujeres, presentan elementos que podrían considerarse tortura o malos tratos», dijo Bachelet.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas denunció las violaciones de derechos humanos que están sufriendo las personas presas políticas.
«Según la información recibida, las audiencias no fueron accesibles para los familiares, la prensa independiente y, en la mayoría de los casos, para los abogados de confianza. A pesar de la presentación de varios recursos de hábeas corpus , no tenemos información sobre ninguna decisión judicial a favor de los detenidos», manifestó Bachelet.
Ante este deterioro de la situación en Nicaragua, es imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses y que «cese la persecución a la oposición, la prensa y la sociedad civil; y que libera de forma inmediata e incondicional a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018, según fuentes de la sociedad civil», manifestó la Alta Comisionada.
