Los juicios políticos contra los presos por razones política siguen su curso en en Nicaragua, a 72 horas de que el Ministerio Público activara los procesos judiciales de detenidos en el primer semestre de 2021.
Defensores de derechos humanos en la nación centroamericana han criticado lo que definen como secretismo y la prontitud con la que el poder judicial del país ejecuta los procesos en contra de los detenidos y los declara culpables, en maratónicos juicios que duran entre 10 y 12 horas.
Uriel Pineda, consultor en temas de derechos humanos, explicó que el gobierno de Nicaragua no actúa de acuerdo a la Constitución Política ni a las normativas internacionales de derechos elementales suscritas por el país.
«Hay detenciones ilegales, hay un encarcelamiento prolongado, estas detenciones duran alrededor de 10 meses en muchos casos, otros exceden en ese término y no han sido sometidos a un proceso. Tenemos que tener claridad que el Ministerio Público tiene la obligación de ceñirse a sus principios de objetividad y eso implica que el ejercicio de la acción penal solo se va a realizar siempre que haya conviccción de la comisión de un delito», dijo Pineda.
«Farsa judicial»
La opositora Ana Margarita Vijil, integrante del partido político Unión Democrática Renovadora, fue la tercera presa de conciencia y la primera mujer en enfrentar a la justicia nicaragüense el miércoles. Está detenida desde el 13 de junio de 2021.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, calificó los procesos contra los detenidos como una «farsa judicial».
«Es un anuncio anticipado de uno de los represores más grandes que existe actualmente en el país como es la fiscalía. Prácticamente la Fiscalía General de la República y todos sus fiscales no tienen ninguna credibilidad, son precisamente instrumentos de una represión sin límites en el país», dijo Núñez.
«El accionar criminal de la policía y el ejército lo han trasladado a los juzgados», agregó.
Juicio sin acceso a la familia
El pasado 24 de enero el presidente Daniel Ortega ordenó reactivar los juicios políticos que habían sido “congelados” desde octubre de 2021, previo a las elecciones presidenciales en las que el mandatario se reeligió sin competencia política para un cuarto período consecutivo.
El maratónico juicio político contra Ana Margarita Vijil transcurrió bajo completo hermetismo y sin permitir la presencia de sus familiares, pese a que el Ministerio Público había informado en un comunicado que los juicios serían «orales y públicos».
Los detenidos a la espera de juicio están acusados en su mayoría de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «difusión de noticias falsas». Estos delitos están contenidos en la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, ambos aprobados el pasado año por la Asamblea Nacional.
Además de Vigil, ya han sido procesados Yader Parajón y Yader Vado. Ambos declarados culpables. Parajón ha sido juzgado por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y Vado está acusado de supuesta divulgación de noticias falsas.
Las sentencias están previstas para ser dictadas mañana viernes. Familias y miembros de la empresa privada han solicitado al gobierno de Ortega un diálogo, pero hasta el momento no ha avanzado la petición.
Voz de América.