En Nicaragua, los periodistas son blanco de asedio y hostigamiento cuando ejercen su función. Foto IP/Nicaragua.
Los ataques contra periodistas podrían incrementarse previo a las elecciones generales de noviembre próximo, alertó la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola.
Desde 2018, en Nicaragua hubo un “despliegue de la autoridad estatal para evitar que el periodismo ejerciera su función de reportar los hechos de protesta”, afirmó la presidenta de la CIDH.
En las últimas semanas, los ataques contra periodistas se han “intensificado”, particularmente en el contexto del tercer aniversario de la “Rebelión de Abril”, pero hay situaciones muy “preocupantes” que indican que podría ser peor durante los comicios generales del 7 de noviembre, mencionó Urrejola.
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“Los periodistas que cubren eventos públicos en Nicaragua son sistemáticamente intimidados, registrados, amenazados, requisados y allanados. Seguir haciendo periodismo independiente en Nicaragua es un acto de coraje y heroísmo”, dijo la presidente de la CIDH.
Las sentencias por el delito de calumnias en contra de los periodistas Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima y David Quintana, director de Boletín Ecológico son “un anuncio atemorizante de los ataques que podrían producirse este año”, dijo.
La presidenta de la CIDH participó en el panel “Opresión gubernamental en Nicaragua”, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a la exdirectora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), actual precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, y al director del medio Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, Carlos Fernando Chamorro.
La presidenta destacó que las y los periodistas de medios independientes en América Latina, sobre todo en Nicaragua, se resisten a la censura y se sobreponen a los ataques, impuestos principalmente por las autoridades estatales.
“El periodismo independiente constituye memoria. Todas y todos los periodistas de medios de la región especialmente en Nicaragua se resisten a la censura y se sobreponen a los ataques. Desde los inicios de la crisis vimos (en Nicaragua) el despliegue de la autoridad estatal para evitar que el periodismo independiente ejerciera su función de reportar los hechos de protesta que se presentaban en el país”, recordó.
Asimismo, agregó que la prensa independiente sigue registrando y difundiendo hechos y opiniones diversas en el contexto del grave deterioro de las instituciones democráticas y en medio de los intentos estatales por perpetuar la impunidad.
«Todo el país fue testigo en la época de los inicios de la crisis durante el 2018, de la interrupción de señal y del ejercicio de la autoridad regulador local, (Telcor), para obstaculizar el ejercicio del periodismo libre», recordó Urrejola.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), documentaron las graves violaciones de derechos humanos tras el estallido de la insurrección cívica en Nicaragua.
Urrejola ejemplificó con casos concretos la censura que se quiere imponen a los periodistas independientes en el país como, el asesinato del periodista Ángel Gahona en la Bluefields, cuando daba cobertura a las protestas en la ciudad. “Fue asesinado de un disparo en la cabeza, sin que se sepa hasta hoy, quién cometió dicho crimen”, lamentó la presidenta de la CIDH.
Asimismo recordó las confiscaciones de 100% Noticias, en diciembre de 2018, encarcelando a su director y jefa de prensa, Miguel Mora y Lucía Pineda, ambos beneficiaros de medidas cautelares otorgadas de la CIDH.
Más adelante, “la persecución y confiscación de Confidencial. Carlos Fernando, también cuenta con medidas cautelares. Esto hizo que al menos 90 periodistas se vieron obligados a exiliarse por la represión, hostigamiento y vigilancia contra ellos y los medios de comunicación independientes”, agregó Urrejola.
Los ataques a la prensa independiente se han extendido hasta los últimos días, alertó Urrejola, ya que, el ejercicio abusivo de autoridad se ha dirigido contra la prensa de manera focalizada.
“En 2019 se da el embargo aduanero de papel y tinta, por lo que dejó de circular en septiembre de ese año, el periódico El Nuevo Diario y sus medios asociados, quedando La Prensa como el único periódico impreso independiente de alcance nacional”, lamentó.
Mientras que en 2020, “el Estado hizo uso de reparos fiscales (ilegales)como excusas para censurar a medios independientes, particularmente contra Canal 12, también se aprueban leyes represivas y amenazantes (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y en 2021, siguen los ataques, como el allanamiento ilegal en enero contra el periodista Aníbal Toruno (director de radio Darío en León), quien también cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y las condenas penales como a Kalúa Salazar y David Quintana», denunció la directora del organismo internacional.
Por su parte, la SIP alertó que en muchos países de la región, como en Nicaragua y Venezuela, a pretexto de «reducir la difusión de informaciones falsas” se está legislando para censurar y restringir la libertad de prensa y de expresión de los ciudadanos en las redes sociales e internet.
«El deterioro de las instituciones democráticas y la absoluta injerencia del poder político sobre el poder judicial se manifiesta en Venezuela y Nicaragua, entre otros países, en los que se abren constantes causas penales contra periodistas y medios de comunicación con el objeto de amedrentarlos», expresó la SIP.
En Honduras, señaló que el nuevo Código Penal incluye sanciones a la protesta y a la difusión de información relacionada. En Panamá, también se busca sancionar la difusión de lo que la autoridad considera noticias «falsas», «reservadas» o que inducen al «miedo».
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