Redacción/ IP Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de forma unánime las resoluciones a la convocatoria para dar inicio al proceso de elección de nuevos candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y a ratificar la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales, de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre.
Los 90 diputados que conforman la Asamblea Nacional, votaron este lunes, 12 de abril, a favor de la Resolución 1-2021 y la Resolución 4-2021, de la convocatoria a candidatos de magistrados y magistrados electorales y la Comisión Especial Electoral.
A partir de la publicación de la convocatoria en el diario La Gaceta, se abrirá un plazo de 15 días para presentar las propuestas ante la secretaría de dicha Comisión Especial, creada este mismo lunes.
La Comisión Especial para Asuntos Electorales, que estará encargada de recibir y dictaminar las propuestas de los futuros magistrados, así como de las posibles reformas a la Ley electoral, está conformada por cinco diputados sandinistas y dos liberales.
Los parlamentarios son los siguientes: María Auxiliadora Martínez Corrales, quién presidirá la Comisión; Edwin Castro, Irma de Jesús Dávila, Jenny Azucena Martínez Gómez, Wálmaro Gutiérrez; la nueva diputada de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Rosa Argentina Navarro, y el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Mario José Ascencio Flores. Mientras que, la secretaria de la Comisión estará a cargo de la directora general de asuntos legislativos, Aniuska Fabián Abea Gómez.
Sin embargo, aunque este proceso supone una oportunidad para hacer cambios al sistema electoral, la Asamblea Nacional, así como en el CSE, son poderes del estado controlados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por lo que existe desconfianza en los sectores opositores sobre el proceso de cambios de magistrados y esta nueva Comisión Especial.
Estos cambios responden a las demandas por parte de la oposición nicaragüense y de la Organización de Estados Americanos (OEA), qué en octubre pasado estableció un plazo de hasta mayo de 2021 para que Ortega hiciera reformas electorales que permitan unas elecciones libres, transparentes y creíbles en noviembre próximo.
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