La Asamblea Nacional aprobó una reforma que establece la doble jefatura en las filas de la Policía orteguista, principal brazo represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La medida, aprobada el 27 de agosto de 2025 en primera legislatura, modifica tanto la Constitución Política como la ley orgánica de la institución policial, permitiendo que pase de tener uno a dos jefes policiales.
La iniciativa incluye tanto una reforma a la Constitución Política como modificaciones a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.
Específicamente, se reforman los artículos 11 y 47 de la ley orgánica policial.
El nuevo texto establece que «la Jefatura Nacional es ejercida por los Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua», creando así una estructura compartida por al menos dos jefes.
Según el documento aprobado, el artículo 11 establece que la Jefatura Nacional será ejercida por múltiples jefes de las fuerzas policiales, quienes dirigirán, administrarán y supervisarán el mando único en la institución.
El texto indica que estos funcionarios actuarán «de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la presente Ley y la normativa interna, bajo la dirección de la Jefatura Suprema».
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Por su parte, el artículo 47 detalla el proceso de nombramiento, estableciendo que la Presidencia de la República «nombrará a los Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua», por períodos de seis años entre los miembros de la Jefatura Nacional que tengan el grado de Comisionado o Comisionado General.
Durante las protestas ciudadanas que comenzaron en abril de 2018, la institución policial abandonó definitivamente su papel de protección ciudadana para convertirse en el principal instrumento de represión contra la población civil que demandaba cambios políticos.
El papel represivo de la Policía Nacional provocó una serie de sanciones internacionales. En marzo de 2020, Estados Unidos sancionó a la institución por «el papel que ha tenido al perpetrar graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua».
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La institución se convirtió en «responsable o cómplice» del régimen y su conducta constituyó abusos graves o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las manifestaciones que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018.
La reforma se enmarca dentro de una serie más amplia de cambios institucionales que han incluido modificaciones a la Procuraduría General de Justicia y la unificación de la fiscalía,
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