* El eurodiputado José Ramón Bauzá anunció este jueves que «es hora de cumplir el mandato del PE», que también incluye sanciones para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Redacción / IP Nicaragua
Con la aprobación de la «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros» este jueves en la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Ortega dejó a Nicaragua a punto de quedar fuera del Acuerdo de Asociación (ADA) con la Unión Europea (UE), ya que así lo había advertido el Parlamento Europeo en una resolución que aprobó recientemente.
Los eurodiputados también habían advertido que de pasar dicha ley, Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, se exponían a recibir sanciones de la UE.
La Ley de Regulación de Agentes Exrtanjeros, conocida como «Ley Putin», fue aprobada con una mayoría de 70 diputados de la bancada sandinista y cuatro abstenciones.
Dicha ley dejó establecido lo que los opositores han llamado el nuevo mecanismo de «espionaje financiero» contra los ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones, asociaciones civiles y opositores que reciben financiamientos de gobiernos u organizaciones extranjeras.
Tras conocerse su aprobación, el eurodiputado José Ramón Bauzá anunció que es hora de cumplir el mandato del PE, que consisten en la suspensión de de Nicaragua del Acuerdo de Asociación.
«El dictador está decidido a continuar su escalada represiva en Nicaragua. Este ataque a la democracia no puede quedar impune. Es hora de cumplir el mandato del Parlamento Europeo: suspensión de Acuerdo de Asociación y sanciones inmediatas a Ortega y Murillo», cita un mensaje del eurodiputado publicado en Twitter.
En la resolución que aprobó el Parlamento Europeo (PE) se instó a no aprobar la mencionada ley, dejando la advertencia de las sanciones.
La Ley de Agentes Extranjeros, mejor conocida como «Ley Putin» es una imitación a una ley aprobada en Rusia en 2012, con la que el presidente Vladimir Putin ha criminalizado la labor de organizaciones sin fines de lucro y ha bloqueado el trabajo de periodistas, ha confiscado medios de comunicación e inhibido a movimientos y líderes opositores de participar en procesos electorales. Este mecanismo es el que Daniel Ortega instaurará en el país junto con la otra iniciativa que pretende aprobar; la Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida también como «Ley Mordaza».
Una vez públicas en La Gaceta, Diario Oficial, la Ley de Agentes Extranjeros, entrará en vigencia y empezará el plazo de 60 días para que las personas y organizaciones que reciben financiamiento del extranjero, registren de forma voluntaria a sus donantes, recursos y usos de estos en el Ministerio de Gobernación (Migob).
No obstante, la oposición ha señalado que el Migob podría someter a control a quienes se tengan que inscribir de acuerdo a esta legislación.
El Ministerio de Gobernación notificará a quienes tengan que inscribirse, en un plazo de cinco días.
De lo contrario, quien no lo haga será multado, se le suspenderá la personería jurídica si es una organización o empresa e incluso podría quedar cancelada legalmente.
Además, con el reporte financiero de las asociaciones y personas, el Migob podrá decidir discrecionalmente, que no hay cumplimiento de las normas y lo reportará como sospechoso de estar en actividades de lavado de dinero o crímen organizado, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por lo que con este paso, se perseguirá penalmente a los ciudadanos, organizaciones y empresas, según los argumentos de abogados y opositores.
Por su parte, Martha Patricia Molina, abogada y experta en temas de corrupción, explicó que quedan excluidos de la Ley de Agentes Extranjeros, todos aquellos ciudadanos que reciban remesas familiares, según la definición que hace el Banco Central de las mismas.
«El Banco Central de Nicaragua (BCN) define las remesas de los trabajadores como aquellas transferencias corrientes realizadas por emigrantes nicaragüenses que trabajan en otras economías, donde son considerados residentes, en concordancia con el Manual de Balanza de Pagos del FMI (Sexta Edición). Por convención internacional, son residentes de una economía las personas que permanecen, o tienen la intención de permanecer en ella por un periodo de un año o más, independientemente de su condición migratoria», señala la entidad monetaria.
Foto portada: El Nuevo Diario.
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