Voz de América
MANAGUA – La noche del 20 de abril de 2018,Radio Darío ardió en las llamas que buscaban callar las voces de periodistas que hoy recuerdan esa fecha por considerar el hecho un “acto terrorista” y un ataque a la libertad de expresión. Un comando político presuntamente dirigido por el oficialismo mandó a quemar las instalaciones donde se encontraban al menos 16 personas.
Los periodistas escaparon y las llamas no lograron su cometido porque los hombres y mujeres de prensa decidieron continuar trabajando “en la clandestinidad”. ¿El plan? Seguir informando sobre la crisis sociopolítica que se encontraba en su momento más álgido, tras estallar protestas en todo el país contra el presidente Daniel Ortega.
Si bien la represión del Gobierno nicaragüense contra el periodismo independiente ha sido más visible desde hace tres años, tras el inicio de la crisis sociopolítica, periodistas y dueños de emisoras locales y comunitarias sostienen que los actos de represión son históricos en el país y ganaron fuerza con la llegada de Ortega al poder en 2007.
Las relaciones del presidente Ortega con la prensa independiente en Nicaragua fueron conflictivas históricamente, incluso desde su primer mandato en la década de 1980. Según los medios locales, esta época fue una de las más duras para la libertad de prensa. El diario La Prensa señala que al menos el 80 por ciento del material del periódico fue censurado día a día por el Frente Sandinista.
Apenas un mes después del retorno de Ortega al poder, en 2007, la vocera del gobierno y esposa del mandatario, Rosario Murillo, estableció la llamada “Estrategia de Comunicación”. Esta estableció que la información oficial debía salir “incontaminada”. Para lograr esa pureza -sostuvo- informarían únicamente por los medios creados por el gobierno sandinista. Desde entonces, se prohibió el ingreso de la prensa independiente a conferencias de prensa de instituciones estatales e incluso a los eventos de los poderes del Estado.
La reforma a finales de la década de 1990 al artículo 29 de la Ley 200 o Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales significó un cambio de rumbo, que llevó a una apertura por parte del Estado para otorgar licencias a radios y canales de televisión. “Las licencias se otorgarán a personas naturales o jurídicas nicaragüenses o extranjeras de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley”, indicó la reforma.
Sin embargo, a partir del 2007, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) informó que no podía otorgar nuevas frecuencias, con el argumento de que no contaba con espacios en el espectro radioeléctrico, un recurso natural limitado compuesto por el conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio y se utilizan entre otros en la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión.
“Esto es ilegal y violatorio a los derechos humanos de las personas”, dijo sobre esta acción Wendy Quintero, periodista, cofundadora de Radio Camoapa y defensora de derechos humanos. “El Estado, el poder, venga de donde venga, sabe que una radio, así como puede desarrollar, puede también entorpecer las estrategias que tienen”, agregó la periodista exiliada en Costa Rica.
“Desde ahí inició el bloqueo al acceso a la información pública, que es un derecho de la ciudadanía”, dijo Quintero, quien argumentó que después de 2018, Ortega y Rosario Murillo pusieron en práctica otras formas de represión contra la prensa independiente: “Los cableros o algunas de las empresas de cable que dan este servicio en las localidades y municipios recibieron presión de Telcor de que les quitaban la licencia si le seguían otorgando el espacio a canales locales”.
Periodistas y dueños de medios consultados indicaron que las autoridades de Nicaragua han utilizado diferentes formas para cerrar y obstaculizar el trabajo de los medios independientes. Por ejemplo -citan- los contratos de publicidad pagados por el gobierno en temas como la educación y la salud, se les han estado otorgado únicamente a medios alineados al partido de gobierno.
El jefe de prensa de Radio Darío, Francisco José Torrez, confirmó que después de 2018 la publicidad cayó en un 100 por ciento. “Nosotros sobrevivimos de la publicidad, pero esa publicidad que antes estaba en espacios informativos se perdió toda. Ha sido por principios y esfuerzos de la administración, sostener al equipo de prensa”, aseguró Torrez.
Explicó que una parte de los anunciantes se retiró del medio por campañas de desprestigio y estigmatización: “Decían que en la radio todo era político, que se politizaba todo”. Otros clientes o empresarios que se pautaban, según Torrez, fueron amenazados. “De esa forma al menos 30 anuncios que teníamos, desaparecieron”.
El periodista Eduardo Montenegro tenía la idea de crear una agencia de noticias para informar sobre lo que ocurriera en la zona norte de Nicaragua de donde es originario. Con esa visión, Montenegro fundó al menos cinco medios televisivos distribuidos en la zona norte del país durante los últimos cinco años. Sin embargo -explica- poco a poco fueron cerrados. En algunos casos hubo intervención del Estado, en otras fueron las presiones económicas; y en otras, las amenazas directas a los reporteros.
“Nosotros como veníamos creciendo bien rápido y en alianza con los medios nacionales Canal 10 y Canal 14, nos estábamos convirtiendo como en una agencia de prensa en la zona norte de Nicaragua y no dábamos abasto, entonces abrimos canales y capacitamos a personas sin apoyo”, recuerda Montenegro.
”Queríamos brindar un servicio a la comunidad, y funcionó muy bien, pero (a) estos canales, al ser de tendencia democrática, nos fueron asfixiando. Nos dieron un golpe duro. Una censura completa. Los muchachos han quedado sin trabajo, en algunos casos quedamos solo en (la versión) digital”, dijo.
Por eso -comenta- se vio obligado a exiliarse en Estados Unidos, junto a su esposa. Actualmente él trabaja en la construcción y ella vendiendo flores. Con el trabajo de ambos, mantienen la plantilla de trabajadores en Nicaragua del único medio que les quedó en pie: Notimatv, fundado por Montenegro en julio de 1998.
El experto de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano considera que este ha sido el patrón más común a lo interno del país para que los medios cierren. En algunos casos, señala que hay anunciantes que han recibido amenazas por pautarse en algún medio local.
“El anunciante que estaba anteriormente no quiere que salga la publicidad en una radio comunitaria porque posteriormente a ese pequeño comerciante le llega la inspección de la Dirección General de Ingresos o el Seguro Social, entonces prefieren no pautarse”, señala Medrano.
Periodistas y dueños de medios indican que la libertad de expresión ha sido atacada por diferentes frentes. Uno de los más recientes -explican- es una serie de leyes que presionan aún más a los medios asfixiados ya debido al asedio, amenazas, retiro de licencias y reducción de publicidad.
Entre finales de 2020 e inicios del 2021, el gobierno de Ortega propuso y aprobó por medio de la Asamblea Nacional un combo de leyes que son vistos como un mayor obstáculo al trabajo del periodismo independiente. Destacan, por ejemplo, la Ley de regulación de agentes extranjeros, que limita a algunas radios su capacidad y fuentes de financiamientos.
“La ley de agentes extranjeros afecta a todos, a la empresa privada, a la que hace negocios y por lo tanto disminuye la actividad comercial de la que vos te defendés como radio, a los periodistas que hacían servicios al extranjero para agencias extranjeras, tienen dificultades en ese sentido, pero también las ONG, o las organizaciones que trabajaban en salud, con (pacientes de) VIH, el tema de educación, vos ves indudablemente que ese flujo de financiamiento ya no está”, expresó Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Darío, de León.
Por su parte Quintero, de Radio Camoapa, indica que “muchas organizaciones que hacían campañas, que tenían programas en estas radios comunitarias o incluso, en estas radios locales, ya no pueden obtener fondos y por lo tanto no pueden contratar a estos medios de comunicación, y no pueden pagar, si pasa eso, los medios se quedan sin personal porque no podés pagar y tenés que pagar agua, luz, teléfono, internet, que son cosas básicas para poder subsistir, para que el mismo sea autónomo, sea autosuficiente”.
Señala además que otra de las nuevas leyes que afecta a los medios independientes es la Ley Especial de Ciberdelitos. “Obviamente la mayoría de las radios tienen redes sociales y hacen sus transmisiones también a través de internet y si vos venís y comenzás a publicar información, y viene alguien que se sienta agravado y que sea por ejemplo, del partido gobernante, o de cualquier dependencia del Estado, del gobierno, entonces te pueden cerrar”.
Sobre esta misma ley, Toruño agrega: “Estás frente a una ley que de manera antojadiza interpreta qué son acciones de odio, y que por tanto podés ser condenado a cadena perpetua frente a un apagón informativo de dimensiones descomunales en Nicaragua, y cualquiera de los periodistas o medios de comunicación pueden ser multados, cerrados, y enviados a la cárcel”.
Por su parte Montenegro considera que las recientes leyes aprobadas por el oficialismo como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, fueron las dos últimas herramientas de la administración sandinista para golpear a los medios comunitarios.
“De lo poco que nos está quedando estamos logrando paliar un poco la planilla de los muchachos, porque el comercio, la pauta local ha disminuido significativamente. Además, las oenegés no se están pautando por la Ley de Agentes Extranjeros, y eso era algo fuerte que teníamos y básicamente estábamos a punto de cerrar cuando tomamos la decisión de exiliarnos”, agregó.
Pero no todos los medios comunitarios han cerrado por falta de ingresos económicos, ni por amenazas a sus reporteros. Dos radios comunitarias, situadas a más de 200 kilómetros de Managua, cerraron debido a la acción de la fuerza policial.
Por ejemplo en San Miguelito, un municipio del departamento de Río San Juan, la Policía Nacional ocupó a la emisiora Radio Humedales y la misma suerte corrió Radio Voz Juvenil, de El Castillo. La medida se basó en la cancelación de la personería jurídica a la organización no gubernamental Fundación del Río, en diciembre de 2018. La medida se llevó a cabo bajo el argumento de que supuestamente habrían incentivado “un golpe de Estado”.
En esa ocasión, la institución que dirigió la cancelación de la Fundación del Río fue el Ministerio de Gobernación, también controlado por el gobierno de Ortega.
Amaru Ruiz, director de la organización, que se encuentra exiliado en Costa Rica, señala que ambas emisoras tenían un trabajo dedicado a fomentar la educación ambiental y el acceso a la información en las comunidades vulnerables. “Fue lamentable esto, porque quienes más se resienten de esta situación son los pobladores que tienen el derecho a informarse”.
“Teníamos un trabajo de corresponsalía en diversas comunidades de estos municipios que permitía llevar noticias de esa comunidad a todo el territorio y también compartíamos noticias nacionales”, afirmó.
Ruiz recuerda que previo al cierre hubo momentos tensos con el gobierno porque se les daba espacio a los campesinos que se quejaban del anuncio de la construcción de un Canal Interoceánico porque podía dejarlos sin sus tierras. “A partir de ahí, yo creo que el régimen vio a estas radios como un peligro, como ha visto como un peligro a todos los medios independientes y ha establecido una serie de mecanismos financieros como legales para callar las voces y que no cuestionen ni ayuden a analizar a la población”.
A la fecha, señala Ruiz, han interpuesto diversos recursos legales para que las emisoras sean devueltas. En lugar de respuesta, lo único que han recibido son cobros del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), a pesar de no estar operando. “Lamentablemente como todos los poderes están controlados por el partido de gobierno, no hemos recibido respuesta”.
Estas dos emisoras, al igual que los edificios de Confidencial y 100% Noticias, serán utilizados por el gobierno para “un fondo de atención y reparación para las víctimas del terrorismo”. El gobierno sandinista catalogó de terrorismo las protestas antigubernamentales del 2018.
En el caso deRadio Camoapa, en 2020 sufrió el derrumbe de su torre, daños del equipo de transmisión y la vandalización de partes de la instalación. Si bien los empleados y directivos no pueden mostrar a ciencia cierta quién o quiénes fueron los actores, muchos sospechan que se trató de ataques dirigidos a interrumpir la labor de la radio.
“Se hicieron las respectivas denuncias, no solamente en este caso, sino en casos anteriores que hemos tenido también. En la policía tomaron la denuncia, las declaraciones y no hicieron absolutamente nada, entonces eso habla y dice mucho”, dice Quintero.
En algunas zonas además de los policías, actúan personas vestidas de civil a quienes la población identifica como “paramilitares”, asimismo, entran en juego militantes o simpatizantes del gobierno que informan o identifican a quienes son opositores.
León, históricamente controlada por el sandinismo y por eso catalogada como “la capital de la revolución”, fue una de las ciudades que protagonizaron las protestas en contra del gobierno de Ortega y Murillo.
“Es un pueblito, todos nos conocemos”, dicen sus pobladores, que además señalan que no transcurren ni diez minutos entre una transmisión de un medio cuestionando al gobierno y la llegada de patrullas de la policía.
El jefe de prensa de Radio Darío, señala que decidieron sobreponerse a los asedios y al incendio, para seguir informando a pesar del temor que estas situaciones te generan. “Sobrevivimos a un incendio y de pronto este evento como tal nos permitió controlar una serie de emociones a las cuales nos podemos ver expuestos”, explica. Pronto llegaron las consecuencias: desde allanamientos hasta amenazas y carteles en las paredes donde se podía leer la palabra “plomo”.
“El gobierno tiene la capacidad de venir y cerrarte sin necesidad de tener asedio, allanamientos o enviarte amenazas, pero creo que no es lo que ellos necesitan reflejar a nivel internacional (…) hay acciones silenciosas que están mermando la capacidad de la radio”, afirma Torrez.
¿Cuándo empezaron los ataques? “El periodismo en Nicaragua es motivo de ataque, de control y ese deseo voraz de controlar por limitar la verdad”, dijo Toruño, aludiendo a todos los gobiernos desde Anastasio Somoza.
“No es exclusivo de Daniel Ortega, en mayor medida por supuesto, el gobierno de él, pero si retrocedes la historia, Somoza, el tiempo de Arnoldo Alemán, el tiempo de Don Enrique Bolaños, aunque su persona es muy transparente, pero también tuvimos que batallar en frente de situaciones muy difíciles. A los medios de comunicación no se nos dan los espacios, sobre todo cuando tenés un medio competitivo”, afirmó Toruño.
Periodistas de León que conocen la historia de la radio, comentan que aún en tiempos de Alemán y Bolaños se daban los embargos publicitarios y muchas radios cambiaban de perfil para “sobrevivir”. Mencionan como ejemplo el cambio de nombres como la Radio Venceremos que en esos tiempos pasó a llamarse “La Estación de la Amistad” y modificó sus contenidos.
Carlos Fernando Chamorro, director del semanario Confidencial, describe la situación de la prensa en Nicaragua a tres años del inicio de la crisis sociopolítica.
“El periodismo en Nicaragua está bajo censura. Hay censura en la televisión, hay impunidad, como es el asesinato de Ángel Gahona, hay medios confiscados y periodistas que han tenido que salir al exilio por la persecución. Pese a ello hay periodismo independiente, periodismo de calidad que es mucho más creíble que los medios oficiales”, sostiene Chamorro.
Mientras tanto Torrez, el jefe de prensa de Radio Darío, cree que esto no podría durar mucho tiempo.
“Hay un lapso y es de aquí a diciembre. Es el oxígeno que le queda a los medios de comunicación. Después del 7 de noviembre (fecha prevista para la celebración de las elecciones presidenciales), si aún continúa este gobierno no creo que los medios tengan capacidad de seguir funcionando”, lamenta.
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