AirPark, una de las principales empresas de remesas que opera en Nicaragua, anunció en un comunicado que continpua funcionando con normalidad y que las confiscaciones en contra del empresario Piero Coen Ubilla, no afectarán las operaciones.
“AirPak Nicaragua, representantes de Wester Union y VIGO a nivel nacional sigue prestando sus servicios de forma normal, de la misma manera en que hemos prestado el servicio de manera ininterrumpida durante más de 32 años», añadió la compañía.
Según la empresa, «las recientes acciones de la Policía Nacional de Nicaragua, la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial a título personal en contra de Piero Coen Ubilla, presidente y CEO de Grupo Coen, no tienen ninguna incidencia sobre AirPak Nicaragua, ya que ninguno de los activos o servicios han sido afectados policial ni judicialmente”.
La empresa de remesas AirPak, que es la concesionaria en Nicaragua de Wester Union, era representada en Nicaragua por Piero Coen Ubilla.
Esta casa de remesas, sin embargo, una de las principales en el país, agregó que brindan su servicio en los más de 500 puntos que tienen a disposición de los clientes.
“En nuestra red de de subagentes tenemos grandes aliados como Walmart, Ficohsa, Financiera Fama, AMPM, entre otros, con quienes AirPak tiene excelentes relaciones comerciales y que se rigen bajo estrictos estándares de calidad, legalidad y transparencia”.
El viernes 23 de junio se conoció que la Policía ocupó al menos dos propiedades del empresario Piero Coen Ubilla. El empresario es el presidente del Grupo Corporativo Coen, cargo que asumió en 2016.
Además existe desde marzo una acusación en contra de Coen Ubilla donde la víctima es el Estado de Nicaragua.
La acusación en contra del empresario se presentó el 27 de marzo en el Juzgado Noveno de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua.
Los policías allanaron la vivienda de Coen ubicada en Las Colinas y también en el Complejo Viejo Santo Domingo. La Policía dice que serán propiedad del Estado de Nicaragua.
Esa judicatura está a cargo de la jueza Karen Venessa Chavarría, la misma que impuso varias condenas contra personas presas políticas.
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