La ola de violencia contra miembros de la diversidad sexual incrementa en el país. En menos de 15 días, dos jóvenes fueron asesinados.
El último y más reciente crimen ocurrió el pasado 6 de marzo, después que Juan Francisco Mena Hernández, de 23 años de edad, fue golpeado por su pareja Sidar Murillo, de 34 años de edad.
Don Roberto Mena, padre de la víctima, informó que su hijo se encontraba tomando licor con Sidar en el sector de las Siete Esquinas, del barrio San Jerónimo, Masaya, cuando comenzaron a discutir. Luego protagonizaron una pelea, en la que la víctima fue agredida salvajemente y lo lanzó contra una pared.
En el incidente, Juan Francisco resultó con heridas en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo, que lo imposibilitó de caminar.
De acuerdo con la información Mena Hernández logró caminar hasta su casa de habitación ubicada en el barrio San Juan, en Masaya. Se acostó y horas más tardes se despertó mareado y “vomitando sangre”, por lo que fue llevado al hospital Humberto Alvarado, en ese departamento, ubicado al sur de Managua.
Mena Hernández falleció la madrugada del martes en el hospital, informaron sus familiares, quienes exigen justicia.
Tras la muerte del joven de 23 años, la familia interpuso la denuncia en la estación policial del departamento, quienes lograron capturar al presunto asesino.
El dictamen post mortem del Instituto de Medicina Legal de Masaya, indica que Juan Francisco falleció a causa de un “trauma craneal severo” y “otras lesiones”.
Se conoció que Policía capturó a Sidar Murillo, quien será acusado por la muerte de su pareja.
Otro crimen que tiene consternada a la población ocurrió el pasado 26 de febrero, en la comunidad El Aguacate, municipio de Jinotepe en Carazo, donde un adolescente de 16 años fue asesinado por su padre Juan Ramón García Martínez, de 48 años, por ser
El hecho se dio cuando el padre de la víctima discutía y pretendía agredir a su cónyuge, la madre del adolescente.
Vecinos afirmaron a los medios que Juan Ramón García Martínez de rechazaba a su hijo por sus preferencias sexuales.
En 2022, el observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGTBIQ+ del colectivo La Corriente, registró 43 hechos de violencia contra miembros de la diversidad sexual en Nicaragua. De ese total, 39 constituyen agresiones, 3 delitos de odio y un suicidio.
Las principales víctimas de agresiones según el informe anual del Observatorio han sido, mujeres trans (21), homoxuales (17), lesbianas (7) y nobinario (1). Las víctimas rondan entre los 14 y 35 años.
Los perpetradores de la violencia contra personas LGBTIQ+, según el informe son desconocidos (8), familiares cercanos (7), agentes policiales (7), comunidad estudiantil (2), conocidos (6) y funcionarios estatales.
El Observatorio indica que, al menos seis personas no denunciaron las agresiones sufridas por desconfianza hacia la Policía. Mientras que en cinco de los casos, no denunciaron ante burlas proferidas por oficiales de Policía, y otras cinco personas no lo hicieron por miedo a represalias.
Asimismo señalan que solo cuatro personas interpusieron denuncias, aunque en uno de los casos «no se obtuvo ninguna respuesta»; en otro caso indican que fueron detenidas dos personas y dos se encuentran prófugas de la justicia.
En un tercer caso, la Policía se resistía a ir al lugar de los hechos para tomar la formal denuncia, pero finalmente acudieron ante la insistencia de la víctima y detuvieron a tres personas que están bajo investigación.
En el último hecho, afirman que a la víctima de agresión física le dijeron que lo iban a llamar pero al cierre de dicho informe «no lo habían contactado».
«Las agresiones y actos de discriminación en contra de lesbianas, homosexuales, bisexuales, personas trans y no binarias que hemos documentado durante el año 2022, evidencian el ambiente de total impunidad que prevalece en el país», concluyó el organismo.
«Los propios policías son frecuentemente los responsables de la vulneración de derechos por acción y omisión, lo cual constituye un patrón de comportamiento habitual en las filas de la institución. No conocemos de ninguna normativa que sancione a oficiales de policías que agredan o se niegan a tomar una denuncia presentada por las víctimas».
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