Redacción / IP Nicaragua
Luego que el régimen de Daniel Ortega canceló la personería jurídica de la Universidad Paulo Freire (UPF), el rector de esta alma máter Adrián Meza, se exilió en Costa Rica.
“Cuando uno viene recibiendo señales creíbles de que la libertad está en riesgo y esas señales se intensifican en las últimas 48 horas en un contexto complejo, lo prudente es tomar medidas. Uno no se puede sentar en el porche de su casa a esperar que lo lleguen a traer”, expresó Meza este viernes en una entrevista con el medio digital Nicaragua Actual.
El pasado 2 de febrero los diputados de la Asamblea Nacional de manera expedita despojaron de su personería jurídica a cinco universidades: Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) y otras asociaciones vinculadas a la Iglesia católica.
Los argumentos
De acuerdo con el informe del Ministerio de Gobernación, entidad responsable del seguimiento a las ONG, manifiesta que estas universidades “han obstaculizado el control y vigilancia del departamento de registro y control de asociaciones civiles sin fines de lucro».
Gobernación afirmó que las entidades suspendidas no reportaron sus «estados financieros con desgloses detallados, conforme a los períodos fiscales, promoviendo la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a los objetivos por los cuales la Asamblea Nacional le otorgara la personalidad jurídica”.
Asimismo señalaron que “no reportaron su junta directiva, encontrándose acéfalas, lo que han imposibilitado impidiéndole al ente regulador identificar quienes son los representantes y los asociados del organismo, incluyendo las leyes que regulan a las asociaciones civiles sin fines de lucro de Nicaragua”.
No obstante, el rector de la UPF recalcó en la entrevista que como institución realizaron todas las gestiones que Gobernación les solicitó, sin embargo, la institución “se negó a revisar la documentación y más bien se enfrascó en aplicar medidas dilatorias para que la universidad no pudiera actualizar su estado financiero y llegar al estado actual: sin personería jurídica”.
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El Ministerio de Gobernación y principalmente la dirección de registro de asociación sin fines de lucro venía utilizando una estrategia sencilla: “Las universidades llegaban con sus estados financieros y lo recibía un funcionario de la dirección, lo agarraba y decía que les falta requisitos (…) entonces la universidad se iba, regresaba, llegaba de vuelta y le volvían a decir que le faltaba algo”, agregó Meza.
Cabe mencionar que, este jueves, el Ministerio de Gobernación publicó en La Gaceta, diario oficial, la cancelación de otras siete universidades más, entre ellas, la Asociación Universidad Thomas More (UTM) y la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM).
“El Gobierno nos mira como enemigos”
Tras las masivas cancelaciones de universidades privadas y extranjeras, Meza consideró que lo que demuestra el régimen de Ortega es “odio contra la educación superior”, al punto de considerarla “como enemigos”.
A la vez, no descartó que la medida represiva contra UPF haya sido propiciada por su posición crítica y demanda ante las arbitrariedades del régimen.
“Aunque nosotros jamás nos hemos declarado enemigos del Gobierno, parece ser que el Gobierno sí nos miraba como enemigos y eso fue articulando a partir de elementales exposiciones y decentes declaraciones de la UPF en torno a los acontecimientos del país, a la tortura de jóvenes universitarios, a la prisión de ciudadanos ilegal”, señaló Meza.
Agregó que otra acción que pudo haber incidido en esta acción gubernamental fue la posición de UPF en torno a la detención de su estudiante Samantha Jirón, “en donde nosotros planteamos que se respetaran sus derechos constitucionales”, precisó el rector.