La organización de defensa legal cristiana ADF Internacional elevó una petición de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nombre del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una nota de prensa, publicada el jueves 14 de septiembre, la firma jurídica indica que el pedido de justicia fue presentado debido a la «imposibilidad de agotar recursos internos en Nicaragua», donde el estado «de persecución es espeluznante».
Kristina Hjelkrem, asesora jurídica para América Latina de ADF International y abogada principal en el caso, señaló a ACI Prensa que “por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones como obispo y predicar las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia Católica en sus sermones, el Obispo Álvarez fue condenado injustamente a 26 años de prisión”.
«Se trata de una clara violación no sólo de su derecho humano a la libertad de expresión, sino también a profesar su fe y compartir sus creencias como pastor. Para ADF International es un honor llevar este crítico caso ante la Comisión, con la esperanza de que se haga justicia en el caso del Obispo Álvarez y que se ponga fin a la persecución religiosa en Nicaragua», sostuvo Hjelkrem.
Asimismo subrayó que “nadie debería ser perseguido o encarcelado por compartir su fe”.
La abogada de la organización indicó al medio católico que «hemos traído esta denuncia ante la Comisión esperando que esta declare que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos humanos del obispo y solicite su liberación inmediata».
Hjelkrem recordó que la CIDH «forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que monitorea que los Estados latinoamericanos cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
ADF Internacional es una organización que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular del derecho a la libertad religiosa y la libertad de expresión, y sigue desde el 2022 la situación del obispo nicaragüense.
«En este tiempo hemos identificado rápidamente que las acciones de Nicaragua en su contra se consideran como violaciones a su derecho a la libertad religiosa y libertad de expresión. Por ese motivo, y por el hecho de que monseñor Álvarez se encuentra incomunicado en la prisión y no ha podido solicitar asistencia legal, decidimos presentar esta petición en su nombre», explicó.
Hjelkrem afirmó que «todos los derechos humanos del obispo de Matagalpa han sido violados, incluyendo su derecho a la libre movilidad, a la integridad personal e inclusive a la salud».
El 19 de agosto de 2022, agentes de policía que rodeaban la residencia ingresaron por la fuerza a la Curia Episcopal de Matagalpa y se llevaron a monseñor Álvarez a Managua, donde fue puesto bajo prisión domiciliaria.
Este régimen de arresto se mantuvo hasta que, el 9 de febrero, cuando se negó a ser desterrado del país junto a 222 presos políticos.
El 10 de febrero fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información”.
Monseñor Álvarez, sentenciado sin juicio y sin garantías procesales, también fue privado de su ciudadanía y de sus derechos civiles.
ADF Internacional manifiesta que el obispo o no dispone en Nicaragua de recursos legales efectivos para la protección de sus derechos humanos.
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