Varias organizaciones condenan las medidas de la ALMA, que recetan incluso cárcel a los empresarios.
Harold Briceño Tórrez
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) y la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) emitieron categóricos comunicados en los que condenaron la campaña de intimidación fiscal en perjuicio de varias empresas, que está llevando a cabo la Alcaldía de Managua.
Esta ha cobrado relevancia en los últimos días, al darse a conocer una comunicación en la que un representante legal de la alcaldía amenazó con ejecutar una orden de allanamiento y captura en contra de Victoria y Gabriela Cárdenas y Victoria Lacayo, del proyecto Intermezzo del Bosque.
En su comunicado, la ACJD “condena la campaña de intimidación y terrorismo fiscal en contra de empresas por parte de la Alcaldía de Managua”.
“Han sido numerosos los casos de empresarios y empresarias que han sido amenazados con cárcel si no pagan abusivos cobros y multas”, resalta la comunicación.
Por su parte, el INDE manifestó “su gran preocupación ante las recientes denuncias realizadas por empresarios sobre la imposición de cobros, reparos y multas millonarias y arbitrarias derivadas de procedimientos administrativos que violentan sus derechos constitucionales como nicaragüenses”.
En el mismo orden, Canatur denunció que “bajo un contexto de grave recesión económica, en especial para el sector turismo, mientras otros países realizan planes de alivios fiscales y apoyo a la empresa privada, la Alcaldía de Managua arremete en contra de los empresarios ejecutando medidas coercitivas en un claro intento de intimidación, perjudicando aún más el ya debilitado clima de negocios de Nicaragua”.
Esa organización también refirió que acciones como esas “son una estocada más a la seguridad jurídica de las inversiones y no hacen más que ahuyentar las posibilidades de recuperación económica en momentos en que enfrentamos una grave crisis económica que profundiza el desempleo y el bienestar de las familias nicaragüenses”.
Por medio de su comunicado, el INDE demandó “a las autoridades correspondientes rectificar lo actuado y no promover conductas nocivas para las empresas, a pensar en Nicaragua, a contribuir con el desarrollo del país, a incentivar las inversiones privadas y la generación de empleos”.
Por su parte, Canatur “instó a las autoridades a actuar dentro del marco de la ley y garantizar la libertad de empresa”, recordando además que “la amenaza y la coerción no contribuyen a un buen clima de negocios en el país”.
Tanto la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como Canatur expresaron su apoyo y solidaridad con Victoria y Gabriela Cárdenas y Victoria Lacayo, representantes de Intermezzo del Bosque, proyecto que es operado por Delicias del Bosque S.A., y por el que la Alcaldía de Managua demandando 9.5 millones de córdobas en concepto de impuestos municipales.
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