La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH) adviertió sobre las graves consecuencias para la dignidad humana y sus núcleos familiares, el destierro de al menos 60 activistas y defensoras de derechos humanos de Nicaragua.
A las defensoras de derechos humanos se les negó la entrada al país, como medida represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus críticos.
En su más reciente informe: «Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua», la CIDH señaló que entre 2021 y 2022, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registró 96 casos de personas a las que les negaron la entrada a Nicaragua.
De los 96 casos, 60 corresponderían a mujeres defensoras de derechos humanos, activistas o familiares de defensoras.
La CIDH documentó la negativa de entrada al país en contra María Teresa Blandón, socióloga y directora del Programa Regional Feminista “La Corriente”.
Al mismo tiempo la restricción de ingreso a Nicaragua a Anexa Alfred Cunningham, defensora de los pueblos indígenas e integrante del Grupo de Personas Expertas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, después de su participación en las sesiones de este mecanismo, en Ginebra, Suiza.
«Esta medida represiva produce un efecto amedrentador y aleccionador para la población civil que impacta directamente en el libre ejercicio de las libertades del espacio cívico y democrático, incluido el derecho de asociación, así como en el derecho a defender los derechos humanos», alerta la CIDH.
La CIDH recibió información y testimonios sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición como mecanismo para impedir la salida de personas al exterior.
Documentó casos de prohibición de retorno de personas nicaragüenses, quienes como consecuencia de ello se enfrentan a una situación de desplazamiento forzado, siendo obligadas a buscar regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección internacional en otros países.
En el transcurso de 2023, la CIDH rechazó el agravamiento de la represión mediante la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense como mecanismo de sanción y represalia.
Unos 317 personas, entre ellas las principales lideresas y líderes sociales, políticos y religiosos del país; exfuncionarios y diplomáticos; personas defensoras de derechos humanos de reconocida trayectoria; periodistas y trabajadores de los principales medios de comunicación son víctimas.
La defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, beneficiaria de medidas provisionales por parte de la Corte IDH, quien se encuentra en territorio nicaragüense está bajo condiciones graves de asedio policial.
Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, beneficiario de medidas provisionales, privado de la libertad está en condiciones de incomunicación.
El grupo de las 222 personas a las que excarcelaron el 9 de febrero de 2022, a quienes se les privó de la nacionalidad y desterraron a los Estados Unidos es otro caso.
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