"Ante una ausencia repentina de Daniel Ortega, habría primero un enorme desconcierto", criticó Humberto Ortega.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) identificó a 54 funcionarios del régimen nicaragüense responsables de graves violaciones de derechos humanos desde abril de 2018. Según el informe dado a conocer el 3 de abril de 2025, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, implementaron una estrategia progresiva para «consolidar un control absoluto del país».
Entre las tácticas documentadas por el Grupo se incluyen «la privación arbitraria de la nacionalidad, expulsiones forzosas y confiscaciones de bienes, medidas dirigidas a controlar totalmente a la población, tanto dentro como fuera del país».
En el último año, «la fusión de instituciones estatales y paraestatales con el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha intensificado la represión, aumentando las confiscaciones arbitrarias de bienes, lo que sugiere posibles fines ilícitos y la necesidad de una investigación más profunda». Detrás de ortega y Murillo están los siguientes funcionarios:
El sistema judicial en Nicaragua ha sido señalado como cómplice en la consolidación de la impunidad, «garantizando la protección de los responsables y contribuyendo activamente a la violación de derechos fundamentales». Además, «la reciente reforma constitucional ha cimentado una autoridad ejecutiva sin control, desmantelando los últimos vestigios del estado de derecho y las libertades básicas en el país».
«Algunas violaciones documentadas constituyen patrones previamente identificados como crímenes de lesa humanidad, entre ellos la persecución por motivos políticos».
«Todo el aparato represivo está controlado centralmente por el Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo, apoyados por altos funcionarios del Estado y del partido». «Las cadenas de mando están deliberadamente diseñadas para atacar a grupos específicos y ejecutar violaciones de derechos humanos a todos los niveles».
El Grupo tiene «motivos razonables para creer que también son responsables otras personas que se identificarán en el próximo documento de sesión». «Es crucial seguir de cerca cualquier modificación del aparato represivo, incluidas sus tácticas, elementos y actores clave».
Según el documento, el Grupo mantiene expedientes confidenciales sobre estas personas adicionales, que pueden compartirse con los Estados miembros y las autoridades judiciales en condiciones estrictas siguiendo las mejores prácticas de las Naciones Unidas. Otros funcionarios que participan en esta cadena son:
«El Grupo acoge con satisfacción la generosa oferta de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Panamá de conceder la ciudadanía a los nicaragüenses privados de su nacionalidad, así como la ayuda de muchos países, en particular Costa Rica, España, Estados Unidos de América, Guatemala y México para el reasentamiento y la integración de los nicaragüenses exiliados».
«El Grupo advierte que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta el punto de que restaurar la democracia y el estado de derecho llevará años y recursos considerables. Cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga».
INSS
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