ARCHIVO. Un hombre supervisa la impresión del diario La Prensa de Nicaragua en 2018. En ese entonces la materia prima que hacía posible la impresión del periódico se encontraba retenida. Hoy en día desapareció en papel y su edificio fue confiscado.
SAN JOSÉ, COSTA RICA/WASHINGTON —Periodistas y analistas aseguran que Nicaragua experimenta uno de sus peores momentos para la libertad de prensa, con toda una redacción en el exilio, más de una docena de licencias a medios revocadas y al menos 120 periodistas forzados a huir del país.
«Esto es algo que nunca habíamos visto antes» dijo a la Voz de América Eduardo Enríquez, editor en jefe de La Prensa.
La Prensa, uno de los diarios más antiguos y reconocidos del país, trasladó toda su operación fuera del país en 2022 debido a lo que describió como «la persecución del régimen de Daniel Ortega».
Un año antes, la Policía saqueó sus oficinas en la capital, Managua, confiscó su imprenta y detuvo a su director, Juan Lorenzo Holmann. Fue enjuiciado y condenado por lavado de dinero en marzo de 2022.
En agosto de 2022, la primera dama y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que las oficinas del diario serían confiscadas por el Estado para su uso como centro cultural. Ante medios oficialistas describió a la antigua redacción como un lugar donde se fabrican «crímenes contra la humanidad».
Las experiencias de La Prensa no son casos aislados. Muchos periodistas han sido detenidos y otros vieron sus permisos revocados.
«El 2022 ha sido el peor año para la prensa independiente. Muchos de nuestros colegas todavía siguen detenidos», afirmó Víctor Manuel Pérez, director de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, el gremio de periodistas más grande del país.
Pérez mencionó el caso del comentarista deportivo Miguel Mendoza, quien en febrero de 2022 fue sentenciado a nueve años de prisión por «actos que socavan la independencia de Nicaragua».
Mendoza cubría noticias deportivas pero también comentaba sobre derechos humanos y política, y fue crítico del gobierno de Ortega, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Otro reconocido propietario de medios, el fundador de 100%Noticias y político de la oposición, Miguel Mora, fue arrestado al igual que Mendoza en 2021, acusado de los mismos cargos.
«Todo el proceso criminal [contra Mendoza] no ha sido más que un claro intento de parte de las autoridades de silenciar a quien sea que se atreva a cuestionarles», afirmó en una declaración en ese entonces, Natalie Southwick, de la directiva del CPJ .
El gobierno de Ortega no respondió directamente a la solicitud de información que hizo la VOA. Una respuesta por correo electrónico de parte de la vicepresidenta Murillo, que también ejerce de vocera del gobierno, daba las «gracias por su interés» y deseaba «una feliz navidad para usted y toda su familia».
Otro reto para la prensa independiente surgió desde Telcor, el ente gubernamental dedicado a regular las telecomunicaciones.
«Telcor es un arma política para aniquilar a la prensa independiente», declaró Lucía Pineda Ubau, directora de noticias en la emisora 100%Noticias, que hoy informa solamente desde su sitio web, luego de que Telcor cancelara su frecuencia en 2019, año en que suspendieron sus derechos de transmisión.
En el verano, Telcor revocó las licencias de al menos diecisiete medios, muchos de los cuales eran radios y estaciones de televisión locales. Algunos estaban ligadas a la Iglesia católica, institución que Ortega acusó de conspirar contra su gobierno.
Radio Darío, afiliada de la VOA, es una las estaciones que perdió su licencia. Era la radio más importante del occidente del país, según precisó su director, Aníbal Toruño.
La estación ha trabajado durante más de setenta años y en años recientes sobrevivió a ataques incendiarios contra su redacción.
El gobierno alega que los medios de comunicación en cuestión han violado varias leyes y que algunos habían modificado «y alterado» sus frecuencias, «lo que constituye razón de cancelación».
Toruño sostiene que tales acusaciones son falsas y que el objetivo real era «silenciarlos y callarlos».
Pero dijo a VOA que, «lejos de intimidarnos, sus acciones nos fortalecen».
La falta de estaciones de radio independientes en Nicaragua impacta en las comunidades rurales, donde viven más de 2 millones de personas, según datos del Instituto Nacional de Información para el Desarrollo (INIDE), un órgano gubernamental encargado de investigación económica y censos.
Las localidades agrestes de Nicaragua dependen de radios de baterías para mantenerse informadas en todo sentido, desde noticias locales hasta el clima.
«Algunas veces, hasta que no vamos a la ciudad, no nos damos cuenta de lo que ocurre… No sabemos qué está pasando» dijo a la VOA Isabel Hernández, habitante de un área rural cercana a la ciudad de León, en el oeste del país.
Al mismo tiempo, los medios audiovisuales que todavía trasmiten su programación, están limitando su cobertura.
«Los pocos canales de televisión independientes, los más vistos que quedan en Nicaragua, han decidido suspender todo lo relacionado a la política», dijo Pedro Vaca Villarral, relator especial para la libertad de expresión al servicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El riesgo de acción legal o de arresto está teniendo un efecto en los medios del país, aseguran analistas.
En un informe publicado a principios de este año, la organización no gubernamental, Voces del Sur, reveló que «muchos de los ataques que los periodistas experimentan no son visibles» porque los reporteros temen llamar la atención.
La «autocensura y el silencio de las víctimas» implica que los ataques están funcionando para silenciar a la prensa, aseguró Voces del Sur. «Cada vez más las víctimas prefieren el silencio… para evitar mayores ataques» que suponen amenazas y el riesgo de un arresto.
Voces del Sur denunció la falta de acceso del público a información y datos públicos durante las elecciones regionales de noviembre como maneras en que la autocensura afecta a las audiencias.
La presión no sólo se limita a los medios locales.
En septiembre, CNN en Español anunció que el gobierno había sacado su señal del aire tras acusarles de «interferencia» y de «violar» las leyes de Nicaragua.
Dos meses más tarde, el gobierno de Ortega negó la entrada a Luis Felipe Palacios, ciudadano nicaragüense que trabaja como corresponsal de la agencia de noticias española EFE.
Palacios estuvo en Panamá por un viaje de negocios en noviembre y cuando intentó regresar en un vuelo de Miami a Managua, le notificaron a su correo electrónico que «la entrada no había sido autorizada».
Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, contó a la VOA que la administración de Ortega convirtió estas prácticas en «rutinas cada vez más frecuentes».
«El periodismo nicaragüense sufre el periodo más represivo en su historia» dijo Enríquez de La Prensa. «Pero no sólo sufre el periodismo; sufre la Iglesia católica, sufre toda la sociedad».
Con información de la Voz de América
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