Nuevo arresto en Nicaragua: esta vez una abogada de DDHH

VOZ DE AMÉRICA

MANAGUA – La justicia nicaragüense continuó el jueves la ola de arrestos que emprendió desde hace más de dos meses contra opositores, miembros de la sociedad civil, periodistas, empresarios y precandidatos presidenciales.

Esta vez fue detenida en horas de la noche la abogada María Oviedo, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la última organización de este ámbito que mantiene personería jurídica en el país. Con ella ya son 31 las personas bajo arresto.

Oviedo, quien en 2018 defendió judicialmente a decenas de manifestantes encarcelados por razones políticas, fue detenida por una supuesta investigación en su contra por violar la Ley de Independencia y Soberanía, bajo la cual también ha sido encarcelados la mayoría de los opositores.

“Es un terrorismo de Estado”, denunció la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, quien trabaja recolectando denuncias sobre la crisis que vive el país en una oficina clandestina, en referencia a las acciones recientes del gobierno del presidente Daniel Ortega.

En declaraciones a la Voz de América, Núñez dijo que “no hay distinción de ninguna clase. Se lleva a la gente con el objeto de aterrorizar a la población. Este es un estado terrorista que está encarcelando a todo mundo”.

La abogada Oviedo fue sacada de la vivienda de su madre en la ciudad de León, a unos 90 kilómetros al norte de Managua, y posteriormente trasladada a una celda de máxima seguridad.

“Es parte de las agresiones que nos tiene sometido el régimen dictatorial de Ortega y toca resistir. Toda la gente tiene diferentes formas de reaccionar. Nuestra invitación es a luchar contra este miedo”, añadió Núñez.

Una ley que no establece penas

Por su parte el abogado y extrabajador del Poder Judicial Yader Morazán, hoy exiliado en Estados Unidos, compartió que es absurdo apresar a los defensores legales por ejercer su trabajo profesional.

Por otro lado criticó, que los arrestos se están dando, citando la Ley 1055, o Ley de Soberanía, la cual no establece ninguna sanción penal.

“La única sanción que establece es el no poder optar a cargos de elecciones popular que no es el caso de Oviedo”, expresó Morazán a la VOA.

Agregó que “la ley tampoco establece un proceso que justifique su secuestro, violaciones de domicilio y ocultamientos de audiencias secretas”, como ha sucedido con los más de 30 opositores detenidos.

“Por eso he dicho que esta nueva escalada represiva ni siguiera tiene apariencia de legalidad, a pesar de que ellos han creado un marco jurídico totalmente adverso contra personas que se oponen a las malas prácticas de esta dictadura criminal”, concluyó el jurista.

El expresidente salvadoreño Sánchez Cerén, bajo orden de «búsqueda y captura internacional»

VOZ DE AMÉRCICA

El Ministerio Público de El Salvador dio a conocer que la Interpol tiene orden de “búsqueda y captura internacional” contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén, así como para otros cuatro exfuncionarios señalados por supuestos delitos de corrupción, cuyo paradero se desconoce.

Los cargos de “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero” que se le imputan a Cerén se remontan al periodo que fungió como vicepresidente de la Administración de Mauricio Funes entre 2009 y 2014.

La decisión emitida por un juez salvadoreño también incluye prisión preventiva y que los acusados que ya están detenidos, 5 exfuncionarios, pasen a la fase de instrucción, que durará unos seis meses. En total son 10 exfuncionarios señalados por la fiscalía hasta ahora.

En declaraciones a la prensa Maricela Velásquez, jefa de la Unidad Contra Lavado de Activos, explicó que la decisión del juez busca poner “a disposición de los tribunales competentes” a todos los implicados.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también se hizo eco de la noticia en su cuenta de Twitter y casi inmediatamente después el expresidente Funes salió en defensa de sus exfuncionarios por la misma vía y acusando a Bukele de desconocer las leyes del país.

¿Quiénes son?

La acusación presentada por el Ministerio Público es contra Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.

Mientras que aquellos para quienes se giró orden de captura son el expresidente Salvador Sánchez Cerén; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública; y José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura.

El paradero del expresidente es desconocido, sin embargo, Bukele confirmó en un tuit que había salido del país vía terrestre en diciembre de 2020 y no regresó. Autoridades salvadoreñas creen que podría encontrarse en Nicaragua, país donde actualmente está asilado Mauricio Funes.

La excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Nidia Díaz, en declaraciones a AP, criticó la decisión del juez y dijo que “nada tiene que ver con la justicia o un debido proceso”, para ella es una decisión política del actual Gobierno, el que catalogó como el “régimen de Bukele”.

Tanto dirigentes como simpatizantes del FMLN se manifestaron frente a los tribunales y pidieron la libertad de sus compañeros por considerar que se trata de “presos políticos”.

Nicaragua cancela 24 oenegés, la mayoría de asociaciones médicas

Voz de América

MANAGUA – El Parlamento nicaragüense controlado por el oficialismo canceló el miércoles la personería jurídica a 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría asociaciones médicas que han criticado al gobierno de presidente Daniel Ortega por el manejo del COVID-19, y ordenó que sus bienes pasen a propiedad del Estado.

El argumento de la cancelación es que se encontraban “acéfalas” por haber vencido el plazo de sus juntas directivas, algo que fue negado posteriormente por algunos representantes de la sociedad civil.

Entre las organizaciones canceladas se encuentra el Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), fundado en 1990 por el exdirector del Ministerio de Salud Leonel Argüello, quien desde el inicio de la pandemia alertó a la ciudadanía sobre las medidas de prevención por el coronavirus, aún en medio de la negación del gobierno sobre los reportes de “sepelios exprés”.

El doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, denunció que las medidas del gobierno representan un “gran golpe en el marco de la libertad de asociaciones científicas” que repercuten en la población.

Mientras tanto, Amaru Ruiz, en representación de una red de organizaciones no gubernamentales, señaló directamente al Ministerio de Gobernación, que regula a las oenegés, de articular una estrategia político-partidaria para clausurar todo tipo de espacios de la sociedad civil.

“Las personas jurídicas no están acéfalas, están sin certificación de sus juntas directivas porque el propio Ministerio de Gobernación no las emite”, denunció Ruiz, quien lamentó que dichas organizaciones cerradas el miércoles desarrollaban proyectos en beneficio de la población con atenciones y prevención de la pandemia.

“Instamos a la población nicaragüense a rechazar la cancelación de personerías jurídicas a estas 24 organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones amenazadas, y a las redes internacionales pedimos condenar y solidarizarse ante el acoso a los organismos no gubernamentales”, dijo Ruiz.

Golpe a personerías más fuerte que en 2018

El cierre de estas 24 oenegés se sumarían a las 10 ya suspendidas por el Parlamento nicaragüense desde diciembre de 2018, entre las que se encuentran organizaciones de derechos humanos.

Durante las últimas semanas, al menos seis médicos han sido citados por el Ministerio de Salud, la entidad que los regula, y se les ha amenazado con cancelarles sus licencias de continuar dando declaraciones a los medios de comunicación sobre la pandemia.

El caso más reciente fue el neumólogo Jorge Miranda, quien aparte de la amenaza de suspensión de la licencia médica, se le advirtió que por sus declaraciones podría incurrir en la Ley Especial de Ciberdelitos, que establece cárcel a quienes “divulguen noticias falsas o que causen zozobra”.

“El viceministro de Salud, Enrique Beteta, me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia que nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen, y según ellos, podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide”, explicó el médico a su salida de la cita el 26 de julio.

El Colectivo de Derechos Humanos Nunca + contabiliza hasta la fecha 34 organizaciones que han sido canceladas bajo procesos que considera arbitrarios, ya que no se les abrió ningún procedimiento administrativo.

“La Asamblea Nacional violenta su propia Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, al cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones al señalarlas con falsas imputaciones delictivas, sin que se les permita el derecho a ser oídos y el derecho a la defensa”, indicó.

“Repudiamos la continuidad de la represión que el régimen Ortega Murillo impulsa contra organismos de la sociedad civil, a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación y el derecho humano a la salud”, añadió la organización.

La suspensión de personerías se da en momentos donde dos importantes organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron un comunicado conjunto en el que piden al gobierno de Nicaragua cesar en el hostigamiento contra el gremio médico del país.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), que han hecho un llamado para que las autoridades de la nación centroamericana dejen de presionar a los profesionales de la medicina.

Un niño fallecido y casas destruidas en el municipio de Santo Domingo por fuertes aguaceros

Redacción / IP Nicaragua

Un menor de siete murió a raíz de las fuertes lluvias que cayeron la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en el municipio de Santo Domingo en el departamento de Chontales, donde varias casas fueron anegadas como resultado de la crecida del río Antigua, según información local.

De acuerdo con la información la vivienda donde habitaba el menor colapsó como consecuencia de los fuertes aguaceros.  El fenómeno meteorológico de baja presión que afectó el territorio nicaragüense provocó fuertes lluvias en la zona donde al menos 79 viviendas fueron afectadas y 12 quedaron totalmente destruidas.

Las fuertes corrientes debido a la crecida del río inundaron negocios y casas ubicadas en el casco urbano de la ciudad, donde notorio la destrucción. En fotografías que circularon en redes sociales se observa que las corrientes arrastraron electrodomésticos y vehículos que estaban estacionados en las calles en las afueras de las viviendas.

Según informaciones, los mayores afectaciones en la Calle Central, Barrio Padre Miguel Merel y puente La Marimba.

El agrometeorólogo y director del Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena), Agustín Moreira, explicó que tanto hoy como mañana continuarán las lluvias de «ligeras a chubascos», algunas en la región del Caribe, mientras que en el resto del país serán «aisladas».

«Se espera este viernes el ingreso de la onda tropical 17 y los sistemas de bajas presiones. Durante 48 horas habrá también altas presiones y tendremos fuertes temperaturas y vientos de ráfagas de 60 kilómetros por hora en la zona central», añadió el director de Ofena.

Congreso de EE.UU. votó a favor de Ley Renacer que busca más sanciones contra Ortega

Redacción / IP Nicaragua 

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform (Renacer Act) que da la pauta para imponer nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega y ejercer influencia para que garantice unas elecciones libres, transparentes y justas el próximo 7 de noviembre de 2021.

La iniciativa aprobada este 28 de julio contempla sanciones al circulo familiar de Ortega, sus funcionarios y miembros de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, instituciones que han participado en las situaciones donde se han violado los derechos humanos de los nicaragüenses.

«El pueblo de Nicaragua frente al asalto de Daniel a sus derechos más básicos. En los últimos dos meses el régimen ha arrestado a más de dos docenas de figuras de la oposición, incluidos siete candidatos presidenciales, la intención de Daniel Ortega es clara espera eliminar la oposición política sociedad civil y medios independientes para consolidar una dictadura de partido único», denunció el congresista demócrata Albio Sires al momento de su intervención antes de que se aprobara la ley.

La discusión del proyecto de Ley Renacer fue el punto número cinco de la agenda del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. que se reunió este miércoles.

La Policía Nacional se ha convertido en un bloque represor del Gobierno. Foto CPDH.

El recorrido de la ley

El pasado 22 de junio el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presidido por el senador demócrata Bob Menéndez, aprobó la iniciativa en esta instancia.

En ese momento, Menéndez reconoció la importancia de que el gobierno de Estados Unidos enviara un «mensaje claro al régimen de (Daniel) Ortega”, quien en las últimas semanas ha desatado una cacería contra líderes opositores, empresarios, banqueros, periodistas y otras voces disidentes.  A la fecha hay al menos unas 29 voces disidentes en prisión.

Las acciones diplomáticas de los Estados Unidos están encaminadas a promover elecciones democráticas en Nicaragua, donde hay más de 130 personas presas políticas y se sigue presenciando actos de represión dirigidos a acallar toda voz críticas contra el gobierno.

La ley aprobada propone al presidente Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA) que en el caso de Nicaragua fue aprobado por el Parlamento nicaragüense el 10 de octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de abril de 2006 bajo la administración del fallecido expresidente, Enrique Bolaños.

Nicaragua registra un nuevo incremento de casos covid-19

Redacción / IP Nicaragua 

El Ministerio de Salud (Minsa) volvió a mostrar un incremento de casos de covid-19 en Nicaragua. La autoridad de Salud reportó 362 nicaragüenses con covid-19 confirmados entre el 20 y el 27 de julio, sin embargo, a la fecha no confirma si hay otras variantes de la enfermedad circulando en el país.

Desde el 27 de abril de 2021 cuando el Minsa registró 63 casos, a partir de esa fecha, ha continuado reportando un incremento sostenido que ha llegado a quintuplicar esa cifra inicial. El pasado reporte del 13 al 20 de julio 341 casos fueron registrados oficialmente.

En sus reportes, sin embargo, el Minsa calla sobre la posibilidad de en el país estén circulando otras variantes del  del Sars-CoV-2, que causa el covid-19. La semana pasada, el ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, confirmó la presencia de la variante delta del SARS-CoV-2, y detalló que en total detectaron 16 casos, de los cuales 12 son costarricenses y cuatro extranjeros, uno de ellos procedente de Nicaragua. 

El Minsa, por el contrario, en las últimas semanas ha llamado a médicos que han sido críticos con el manejo de la pandemia a quienes les advirtieron que estarían violando la polémica Ley Especial de Ciberdelitos, si no se ciñen a la información oficial.

Evolución es más rápida

Ante tal aseveración del funcionario costarricense y tomando en cuenta incremento de casos registrados por el Minsa en Nicaragua, el independiente Observatorio Ciudadano se vio en la obligación de «alertar sobre la posible circulación de variantes de preocupación en Nicaragua».

 

«El comportamiento de estos casos sospechosos suele caracterizarse por tener una evolución muy rápida, además de cada vez estar afectando a personas menores de 50 años», señala el independiente observatorio que está conformado principalmente por profesionales de la medicina que analizan la información proporcionada por organizaciones, redes y ciudadanía en general.

Para esta organización es preocupante que algunos de los casos sospechosos reportado involucran a varias personas de un mismo núcleo familiar, o a personas vecinas de una misma cuadra o barrio. «Hemos recibido reportes de hasta tres personas de una misma familia falleciendo con diferencia de horas con sintomatología compatible con covid-19», alertó el Observatorio Ciudadano.

Minsa: Un fallecido 

Según el último informe oficial, Nicaragua suma a la fecha un total de 9,651 casos positivos. La autoridad de Salud señaló que en la última semana, al menos 257 personas de las que estaban en seguimiento «cuidadoso y responsable», como le han llamado desde que inició la pandemia, cumplieron con el periodo establecido, y a la fecha han logrado la recuperación de 7,035 nicaragüenses.

No obstante, igual que en sus informes anteriores, el Minsa mantiene que solo una persona falleció en el última semana.

En su último reporte, el Observatorio Ciudadano registró el fallecimiento de 40 personas desde 10 departamentos como Managua, Nueva Segovia, Granada, Matagalpa, Chontales, Estelí, Jinotega, León, Madriz y Río San Juan. «El 75% de las nuevas muertes sospechosas se reportan desde los departamentos de Managua, Nueva Segovia, Granada y
Matagalpa», insistió el observatorio independiente.

Foto principal: VOA

 

 

 

Senado confirma nuevo secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

VOZ DE AMÉRICA

El Senado de los Estados Unidos ha confirmado la nominación de Frank Kendall para dirigir la Fuerza Aérea.

La aprobación de la elección del presidente Joe Biden se produjo en una votación el lunes por la noche.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en un comunicado que Kendall aporta décadas de experiencia y es «un activo inigualable para los desafíos que enfrentamos hoy».

«A lo largo de su carrera, Frank ha liderado los esfuerzos del departamento para equipar a nuestros combatientes con las últimas capacidades y armamento de vanguardia para el campo de batalla, educó a nuestra próxima generación de líderes en West Point y se desempeñó como abogado de derechos humanos», dijo Austin.

Kendall se desempeñó como subsecretario de Defensa para adquisiciones, tecnología y logística durante la administración del expresidente Barack Obama.

Anteriormente trabajó como vicepresidente del contratista de defensa Raytheon.