Departamento de Justicia anuncia plan contra las armas ilegales

Voz de América

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que está creando cinco «fuerzas de ataque» para combatir el tráfico ilegal de armas en Estados Unidos.

Las fuerzas de ataque apuntarán a lo que el Departamento de Justicia llama «importantes corredores de tráfico de armas», que incluyen la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington, con la esperanza de reducir los delitos violentos.

El anuncio se produce cuando el presidente Joe Biden se prepara para referirse en un discurso el miércoles al aumento de tiroteos y otros delitos violentos en ciudades de todo el país.

El New York Times informó que en los primeros tres meses de 2021, 37 ciudades vieron en promedio un aumento del 18% en asesinatos en comparación con el mismo período en 2020.

El fin de semana pasado, más de 50 personas fueron baleadas en Chicago.

«Trabajar con nuestros socios locales para combatir los delitos violentos es una de las responsabilidades más importantes del Departamento de Justicia», dijo el Procurador General Merrick B. Garland en un comunicado.

CIDH alerta de Nicaragua: «Audiencias secretas y sin representación legal» contra opositores

Voz de América

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , Antonia Urrejola, presentó este miércoles un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación que se vive en Nicaragua, la cual se encuentra sumergida en una crisis sociopolítica desde hace tres años.

Urrejola manifestó su preocupación sobre los arrestos a los cinco precandidatos presidenciales y resto de líderes políticos en las últimas semanas y señaló que evidencia una nueva fase “de represión de cara a las próximas elecciones” presidenciales.

Indicó que estos hechos “se reflejan en el incremento del número de cantidad de solicitud de medidas cautelares”, sobre todo en el mes de junio que es donde más han aumentado las solicitudes.

Afirmó además que han tendio lugar procesos de investigación irregulares en contra de todos los opositores, a los cuales no se les ha permitido la defensa con abogados independientes. En cambio han tenido un abogado de oficio “en audiencias secretas, sin representación legal y en localidades fuera de las correspondientes».

“A todos los opositores, a excepción de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien se le imputa el presunto delito de lavado de activos, se les investiga bajo la Ley 1055, Ley de Defensa a los derechos del pueblo. Esta Ley que fue aprobada el año pasado no establece tipos penales”, dijo Urrejola.

Enfatizó que ninguna de las personas investigadas por la Ley de Defensa a los derechos del pueblo ha sido ha sido formalmente acusado por el Ministerio Público y para este fin se están valiendo de una reforma al Código Procesal Penal que fue aporbada a inicios de este año por la Asamblea Nacional controlada por el presidente Daniel Ortega.

Urrejola destacó que los detenidos se encuentran aislados y no han podido ser vistos por sus familiares quienes han manifestado su preocupación por la condición de salud en que estos puedan encontrarse.

De hecho esta semana, familiares de los exguerrilleros sandinistas detenidos dijeron a la Voz de América que apenas tienen información sobre ellos y una condición de salud tras los arrestos. Consideran que existe una “saña” y “venganza” en sus casos específicos.

“Lo que hemos vivido desde el domingo 13 de junio ha sido un verdadero infierno. Mi familia sufre bastante. No lo dejan ver, nosotros no tenemos garantía de que él está vivo. Ha sido muy difícil porque como familia queremos que por lo menos el abogado pueda cerciorarse de cómo está mi padre, que es un señor de 75 años de edad”, señaló Cristian Tinoco Parrales, hija del exvicecanciller Victor Hugo Tinoco a la Voz de América.

Gobierno de Ortega rechaza informe

El gobierno de Ortega rechazó el informe y lo tildó de “maquiavélico”. Como suele ocurrir, el gobierno sandinista cuestionó a Estados Unidos, argumentando que en su posición es “falaz y malintencionado”.

“Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo que está siendo usado como punta de lanza del Gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en contra del proceso electoral nicaragüense. Los informes de la CIDH no tienen  ninguna credibilidad y relevancia y la población nicaragüense ya los conoce muy bien”, criticó Luis Alvarado, representante de Nicaragua en la OEA.

La comunidad internacional ha estado atenta a la situación que se vive en Nicaragua durante las últimas semanas.

El martes 15 de junio el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución lamada “Situación en Nicaragua”, en la que expresó su alarma ante el reciente deterioro del entorno político en el país.

El organismo hemisférico con sede en Washington además instó a la ejecución de reformas electorales para garantizar que los comicios de noviembre se desarrollen de forma libre y transparente.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió el martes en el “preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos” en Nicaragua.

Una crisis  -afirmó- que se ha agudizado en los últimos tiempos a medida que se acercan las elecciones previstas para el 7 de noviembre que han generado una gran desconfianza entre los países de la comunidad internacional al no haber una reforma electoral que garantice un proceso “justo y transparente”.

“Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos”, manifestó Bachelet durante la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada este martes en Ginebra, Suiza.

Colombia supera las 100.000 muertes por COVID-19

Voz de América 

Colombia superó el lunes las 100.000 muertes por COVID-19, según cifras reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de ese país, que además registraron un récord diario de 648 fallecimientos.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el país latinoamericano ocupa el décimo lugar con el mayor número de infecciones en el mundo (3,96 millones).

El país, además, registra altas ocupaciones de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y  una posible escasez de medicamentos y oxígeno en los centro médicos, en medio de una letal tercera ola de contagios que se ha extendido con continuos récords de infecciones y muertes por COVID-19.

«Empezamos a encontrar que en todos los lugares ya hay una escasez de algunos recursos, nos faltan medicamentos de sedación», dijo a Reuters César Enciso, coordinador médico de cuidados intensivos en el Hospital Infantil Universitario San José en Bogotá.

«Si se mantuviera una situación en este número de eventos todos los días, pues los recursos van a escasear», agregó.

Según el presidente Iván Duque, las aglomeraciones durante el reciente paro nacional son las responsables de los picos.

“Es triste decirlo, pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas”, manifestó el mandatario colombiano el lunes.

«Cuando llegamos a esta cifra de 100.000 personas fallecidas por el COVID-19 también tenemos que hacernos una reflexión sobre la responsabilidad individual en el marco de los derechos y libertades colectivas», agregó.

No obstante, Colombia levantó la mayoría de las restricciones que impuso desde el año pasado para impulsar la economía.

Según datos del Ministerio, se han aplicado más de 15,2 millones de dosis de vacunas, de las cuales más de 4,9 millones son segundas dosis.

Unidad Médica Nicaragüense cierra sus oficinas por constante asedio policial

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN), que se aglutina en el sector de la sociedad civil de la Alianza Cívica (ACJD), anunció este miércoles 23 de junio, el cierre de sus oficinas centrales, debido a las amenazas que ha recibido el gremio médico y el constante asedio policial y paramilitar.

“Nos vimos obligados a cerrar nuestras oficinas, el asedio y la agresión de parte del gobierno y sus paramilitares que ha venido en ascenso en las últimas tres a cuatros semanas”, informó el doctor José Antonio Vásquez, presidente de la UMN, durante una conferencia de prensa en la sede central del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Vásquez, también denunció amenazas directas en contra del personal médico de la UMN y sus familiares.

“Agresión desde que te toman fotos, te piden las cédulas, te interrogan, te llevan aparte y la agresividad de muchos paramilitares de querer entrar a nuestra sede. El sentenciarnos que van por nosotros», agregó Vásquez.

En la sede de la UMN, ubicadas en el sector de Los Robles en Managua, atendían voluntariamente a diferentes sectores de la población que requería de atención humanitaria y médica, que por diferentes motivos eran rechazados por el sistema de salud del gobierno, dijo el presidente de la UMN.

No obstante, Vásquez aseguró que “se va a seguir atendiendo de otra manera”.

Sobre el proceso de vacunación contra el Covid-19

Por otro lado, la UMN en seguimiento a sus comunicados previos sobre la situación de la pandemia de la covid-19 en el país, manifestó su preocupación por el lento avance del proceso de vacunación.

Por lo tanto, señalan que ese retraso representa un incremento de las pérdidas de vidas humanas, enfermedad, discapacidad y costos económicos derivados de la pandemia.

De acuerdo con el independiente Observatorio Ciudadano covid-19, al 16 de junio se han reportado 17,813 casos sospechosos y 3,403 muertes desde el inicio de la pandemia en el país.

“Los reportes semanales desde abril de este año demuestran un incremento sostenido de casos y muertes compatibles con la segunda ola de contagio”, indicó el médico.

El Ministerio de Salud (Minsa), a la misma fecha, reporta 7,877 casos y 189 muertes.

Con relación a las vacunas, la UMN señaló que el país solamente ha tenido acceso a 335,000 dosis de Astrazeneca y 193,000 dosis de vacunas Sputnik para un total de 528,000 dosis.

Esas dosis cubrirían solamente a 264,000 personas, lo cual representa una cobertura del 4% de la población estimada 6.5 millones de habitantes al 2021.

“Estas vacunas solo cubrirán a un pequeño porcentaje de la población en mayor riesgo (mayores de 55 años y enfermos crónicos) a pesar que el gobierno ha informado que existe financiamiento para adquirir vacunas, la gestión para adquirirlas ha sido insuficiente para garantizar la cobertura adecuada para la población de mayor riesgo», expresa un comunicado de la UMN.