Encuentran muerto en prisión a John McAfee, creador de software antivirus

Voz de América

MADRID – John McAfee, creador del software antivirus McAfee, fue encontrado muerto en su celda en una cárcel cerca de Barcelona, ​​dijo un funcionario del gobierno a The Associated Press el miércoles.

Horas antes, un tribunal español emitió un fallo preliminar a favor de la extradición del magnate de 75 años a Estados Unidos para enfrentar cargos penales relacionados con impuestos.

El personal de seguridad de la penitenciaría Brians 2, cerca de la ciudad del noreste de España, intentó reanimarlo, pero el equipo médico de la cárcel finalmente certificó su muerte, según un comunicado del gobierno regional catalán.

La declaración no identificó a McAfee por su nombre, pero dijo que era un ciudadano estadounidense de 75 años que esperaba ser extraditado a su país. Una fuente del gobierno catalán familiarizada con el hecho, que no estaba autorizada a aparecer en los informes de los medios, confirmó a AP que el muerto era McAfee.

La Audiencia Nacional de España falló el lunes a favor de la extradición de McAfee, quien había argumentado en una audiencia a principios de este mes que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas y que pasaría el resto de su vida en prisión si regresaba a Estados Unidos.

El fallo del tribunal se hizo público el miércoles y podría apelarse. Cualquier orden de extradición final también necesitaría obtener la aprobación del Gabinete español.

Los fiscales de Tennessee acusaron a McAfee de evadir impuestos después de no informar los ingresos obtenidos de la promoción de las criptomonedas mientras realizaba trabajos de consultoría, así como los ingresos por conferencias y la venta de los derechos de la historia de su vida para un documental. Los cargos penales conllevan una pena de prisión de hasta 30 años.

El empresario fue detenido el pasado mes de octubre en el aeropuerto internacional de Barcelona. Un juez ordenó en ese momento que McAfee debería permanecer en la cárcel mientras esperaba el resultado de una audiencia sobre extradición.

Ortega desafía mensaje global por opositores presos: «Dejen de estar con ese absurdo de mandarnos a decir que los pongamos libres»

Voz de América

MANAGUA – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que no dará un paso atrás en el proceso de juzgar y condenar a opositores políticos y que su Gobierno no liberará a los detenidos, que hoy son considerados presos políticos, en la última ola represiva contra la oposición y líderes civiles.

«Aquí no estamos juzgando a políticos, aquí no estamos juzgando a candidatos, aquí se esta juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la seguridad de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen», dijo Ortega, quien manifestó que adelantan investigaciones y que se dará el respectivo castigo, según la ley.

«Y que dejen de estar con ese absurdo de mandarnos a decir que los pongamos libres», agregó.

El presidente Ortega también fue enfático al señalar que “han infringido la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, manifestó Ortega, durante un discurso pronunciado en homenaje al Comandante Carlos Fonseca Amador.

Mientras se acercan las elecciones presidenciales en Nicaragua, que están programadas para el domingo 7 de noviembre, el Gobierno nicaragüense ha detenido a más de una docena de opositores y precandidatos, mientras mantiene el constante asedio sobre medios de comunicación independientes y voces disidentes, generando que Nicaragua enfrente el peor momento de su imagen país a nivel internacional.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo a la Voz de América que ignorar los llamados internacionales tendrá un alto costo para el gobierno sandinista.

«Se ve más mal que nunca, porque todo el mundo está reprochando la conducta del gobierno, a nivel de personas, a nivel de organismos, a nivel de partidos políticos a nivel de gobierno, a nivel de organizaciones internacionales, todo el mundo está reprochando el comportamiento del Gobierno y la represión que está ejerciendo. Yo creo que es el peor momento de la imagen país de Nicaragua», dice Parrales.

En tanto, la presión internacional no se detiene y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también aprobó esta semana el proyecto de Ley ‘Renacer’ que busca promover unos comicios «justos y libres» en Nicaragua.

Departamento de Justicia anuncia plan contra las armas ilegales

Voz de América

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que está creando cinco «fuerzas de ataque» para combatir el tráfico ilegal de armas en Estados Unidos.

Las fuerzas de ataque apuntarán a lo que el Departamento de Justicia llama «importantes corredores de tráfico de armas», que incluyen la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington, con la esperanza de reducir los delitos violentos.

El anuncio se produce cuando el presidente Joe Biden se prepara para referirse en un discurso el miércoles al aumento de tiroteos y otros delitos violentos en ciudades de todo el país.

El New York Times informó que en los primeros tres meses de 2021, 37 ciudades vieron en promedio un aumento del 18% en asesinatos en comparación con el mismo período en 2020.

El fin de semana pasado, más de 50 personas fueron baleadas en Chicago.

«Trabajar con nuestros socios locales para combatir los delitos violentos es una de las responsabilidades más importantes del Departamento de Justicia», dijo el Procurador General Merrick B. Garland en un comunicado.

CIDH alerta de Nicaragua: «Audiencias secretas y sin representación legal» contra opositores

Voz de América

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , Antonia Urrejola, presentó este miércoles un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación que se vive en Nicaragua, la cual se encuentra sumergida en una crisis sociopolítica desde hace tres años.

Urrejola manifestó su preocupación sobre los arrestos a los cinco precandidatos presidenciales y resto de líderes políticos en las últimas semanas y señaló que evidencia una nueva fase “de represión de cara a las próximas elecciones” presidenciales.

Indicó que estos hechos “se reflejan en el incremento del número de cantidad de solicitud de medidas cautelares”, sobre todo en el mes de junio que es donde más han aumentado las solicitudes.

Afirmó además que han tendio lugar procesos de investigación irregulares en contra de todos los opositores, a los cuales no se les ha permitido la defensa con abogados independientes. En cambio han tenido un abogado de oficio “en audiencias secretas, sin representación legal y en localidades fuera de las correspondientes».

“A todos los opositores, a excepción de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien se le imputa el presunto delito de lavado de activos, se les investiga bajo la Ley 1055, Ley de Defensa a los derechos del pueblo. Esta Ley que fue aprobada el año pasado no establece tipos penales”, dijo Urrejola.

Enfatizó que ninguna de las personas investigadas por la Ley de Defensa a los derechos del pueblo ha sido ha sido formalmente acusado por el Ministerio Público y para este fin se están valiendo de una reforma al Código Procesal Penal que fue aporbada a inicios de este año por la Asamblea Nacional controlada por el presidente Daniel Ortega.

Urrejola destacó que los detenidos se encuentran aislados y no han podido ser vistos por sus familiares quienes han manifestado su preocupación por la condición de salud en que estos puedan encontrarse.

De hecho esta semana, familiares de los exguerrilleros sandinistas detenidos dijeron a la Voz de América que apenas tienen información sobre ellos y una condición de salud tras los arrestos. Consideran que existe una “saña” y “venganza” en sus casos específicos.

“Lo que hemos vivido desde el domingo 13 de junio ha sido un verdadero infierno. Mi familia sufre bastante. No lo dejan ver, nosotros no tenemos garantía de que él está vivo. Ha sido muy difícil porque como familia queremos que por lo menos el abogado pueda cerciorarse de cómo está mi padre, que es un señor de 75 años de edad”, señaló Cristian Tinoco Parrales, hija del exvicecanciller Victor Hugo Tinoco a la Voz de América.

Gobierno de Ortega rechaza informe

El gobierno de Ortega rechazó el informe y lo tildó de “maquiavélico”. Como suele ocurrir, el gobierno sandinista cuestionó a Estados Unidos, argumentando que en su posición es “falaz y malintencionado”.

“Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo que está siendo usado como punta de lanza del Gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en contra del proceso electoral nicaragüense. Los informes de la CIDH no tienen  ninguna credibilidad y relevancia y la población nicaragüense ya los conoce muy bien”, criticó Luis Alvarado, representante de Nicaragua en la OEA.

La comunidad internacional ha estado atenta a la situación que se vive en Nicaragua durante las últimas semanas.

El martes 15 de junio el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución lamada “Situación en Nicaragua”, en la que expresó su alarma ante el reciente deterioro del entorno político en el país.

El organismo hemisférico con sede en Washington además instó a la ejecución de reformas electorales para garantizar que los comicios de noviembre se desarrollen de forma libre y transparente.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió el martes en el “preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos” en Nicaragua.

Una crisis  -afirmó- que se ha agudizado en los últimos tiempos a medida que se acercan las elecciones previstas para el 7 de noviembre que han generado una gran desconfianza entre los países de la comunidad internacional al no haber una reforma electoral que garantice un proceso “justo y transparente”.

“Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos”, manifestó Bachelet durante la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada este martes en Ginebra, Suiza.

Colombia supera las 100.000 muertes por COVID-19

Voz de América 

Colombia superó el lunes las 100.000 muertes por COVID-19, según cifras reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de ese país, que además registraron un récord diario de 648 fallecimientos.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el país latinoamericano ocupa el décimo lugar con el mayor número de infecciones en el mundo (3,96 millones).

El país, además, registra altas ocupaciones de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y  una posible escasez de medicamentos y oxígeno en los centro médicos, en medio de una letal tercera ola de contagios que se ha extendido con continuos récords de infecciones y muertes por COVID-19.

«Empezamos a encontrar que en todos los lugares ya hay una escasez de algunos recursos, nos faltan medicamentos de sedación», dijo a Reuters César Enciso, coordinador médico de cuidados intensivos en el Hospital Infantil Universitario San José en Bogotá.

«Si se mantuviera una situación en este número de eventos todos los días, pues los recursos van a escasear», agregó.

Según el presidente Iván Duque, las aglomeraciones durante el reciente paro nacional son las responsables de los picos.

“Es triste decirlo, pero más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas”, manifestó el mandatario colombiano el lunes.

«Cuando llegamos a esta cifra de 100.000 personas fallecidas por el COVID-19 también tenemos que hacernos una reflexión sobre la responsabilidad individual en el marco de los derechos y libertades colectivas», agregó.

No obstante, Colombia levantó la mayoría de las restricciones que impuso desde el año pasado para impulsar la economía.

Según datos del Ministerio, se han aplicado más de 15,2 millones de dosis de vacunas, de las cuales más de 4,9 millones son segundas dosis.

Unidad Médica Nicaragüense cierra sus oficinas por constante asedio policial

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN), que se aglutina en el sector de la sociedad civil de la Alianza Cívica (ACJD), anunció este miércoles 23 de junio, el cierre de sus oficinas centrales, debido a las amenazas que ha recibido el gremio médico y el constante asedio policial y paramilitar.

“Nos vimos obligados a cerrar nuestras oficinas, el asedio y la agresión de parte del gobierno y sus paramilitares que ha venido en ascenso en las últimas tres a cuatros semanas”, informó el doctor José Antonio Vásquez, presidente de la UMN, durante una conferencia de prensa en la sede central del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Vásquez, también denunció amenazas directas en contra del personal médico de la UMN y sus familiares.

“Agresión desde que te toman fotos, te piden las cédulas, te interrogan, te llevan aparte y la agresividad de muchos paramilitares de querer entrar a nuestra sede. El sentenciarnos que van por nosotros», agregó Vásquez.

En la sede de la UMN, ubicadas en el sector de Los Robles en Managua, atendían voluntariamente a diferentes sectores de la población que requería de atención humanitaria y médica, que por diferentes motivos eran rechazados por el sistema de salud del gobierno, dijo el presidente de la UMN.

No obstante, Vásquez aseguró que “se va a seguir atendiendo de otra manera”.

Sobre el proceso de vacunación contra el Covid-19

Por otro lado, la UMN en seguimiento a sus comunicados previos sobre la situación de la pandemia de la covid-19 en el país, manifestó su preocupación por el lento avance del proceso de vacunación.

Por lo tanto, señalan que ese retraso representa un incremento de las pérdidas de vidas humanas, enfermedad, discapacidad y costos económicos derivados de la pandemia.

De acuerdo con el independiente Observatorio Ciudadano covid-19, al 16 de junio se han reportado 17,813 casos sospechosos y 3,403 muertes desde el inicio de la pandemia en el país.

“Los reportes semanales desde abril de este año demuestran un incremento sostenido de casos y muertes compatibles con la segunda ola de contagio”, indicó el médico.

El Ministerio de Salud (Minsa), a la misma fecha, reporta 7,877 casos y 189 muertes.

Con relación a las vacunas, la UMN señaló que el país solamente ha tenido acceso a 335,000 dosis de Astrazeneca y 193,000 dosis de vacunas Sputnik para un total de 528,000 dosis.

Esas dosis cubrirían solamente a 264,000 personas, lo cual representa una cobertura del 4% de la población estimada 6.5 millones de habitantes al 2021.

“Estas vacunas solo cubrirán a un pequeño porcentaje de la población en mayor riesgo (mayores de 55 años y enfermos crónicos) a pesar que el gobierno ha informado que existe financiamiento para adquirir vacunas, la gestión para adquirirlas ha sido insuficiente para garantizar la cobertura adecuada para la población de mayor riesgo», expresa un comunicado de la UMN.

Casa Blanca «complacida» con visita de líderes de la oposición venezolana a Washington

Voz de América

WASHINGTON D.C. – La delegación de líderes de la oposición venezolana se reunirá con la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, en el marco de una gira internacional en busca de apoyo al “Acuerdo de Salvación Nacional”, confirmó a la Voz de América un vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

«Nos complace dar la bienvenida a una delegación de líderes venezolanos a Washington para discutir el progreso hacia negociaciones integrales y con plazos determinados», indicó el funcionario a la VOA.

El funcionario agregó que Washington considera una solución negociada «como la mejor manera de alcanzar elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y restaurar la democracia en Venezuela».

La delegación, encabezada por el abogado y exalcalde venezolano Gerardo Blyde, inició su trabajo el lunes con una visita “de cortesía” a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La agenda de los opositores en la capital estadounidense ha sido hermética, pero según fuentes con conocimiento de los planes, se espera que la reunión con Sherman ocurra el jueves. La delegación solicitó reuniones con otros altos funcionarios de la Administración Biden, pero se desconoce si las mismas tendrán lugar.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a la solicitud de información de la VOA sobre posibles encuentros con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional.

Entre tanto, Blyde explicó a la VOA que la agenda de trabajo “no va a ser pública, algunas partes van a ser reservadas”.

l ser anunciada la comisión, indicaron que se reunirían con líderes demócratas y republicanos del Congreso. Se espera que estos encuentros se sostengan el miércoles.

Estados Unidos ya ha expresado su apoyo a la iniciativa del líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente encargado. El embajador de EE. UU. para Venezuela, Jimmy Story, afirmó recientemente que “poco a poco, a través de la mesa de diálogo podemos evaluar las acciones dependiendo lo que están haciendo ellos”.

Canciller Arreaza en Rusia

A la par de la gira de los opositores por Washington -y posteriormente Europa-, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, se encuentra en Rusia.

El lunes participó en una conferencia del Club Valdai, en Moscú, en la que expresó su deseo de que la Administración Biden «reflexione» y «rectifique» sobre las sanciones impuestas a funcionarios y sectores económicos del país. Instó a «establecer una relación de respeto mutuo» entre los dos países.

Sobre el proceso de posible negociaciones con sectores de la oposición, Arreaza expresó que el gobierno socialista de Maduro está abierto para que «participen todos» los sectores.

La Casa Blanca ha descartado el levantamiento de sanciones hasta que no existan «pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto» que resulte en elecciones «libres y justas» en Venezuela.

“Como decimos en Colombia, los dos lados van a tener que tragar sapos por el bien del país”, dijo el principal asesor de la Casa Blanca para asuntos del hemisferio en una reciente entrevista con la VOA.

El periodista Carlos Fernando Chamorro sale de Nicaragua

Voz de América 

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director del medio Confidencial se exilió por segunda vez en los tres años de crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde que estallaron las protestas contra el presidente sandinista Daniel Ortega.

Chamorro hizo el anuncio en su cuenta de Twitter un día después que su vivienda en Managua, fuera allanada por policías, en un operativo que duró más de cuatro horas y sentenció que “reportar la verdad y hace periodismo no es un delito”.

“Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos de Nicaragua, para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua”, informó Chamorro.

“Los que dan las ordenes de ejecutar estos allanamientos están en El Carmen, Managua. llegaron a buscarme a mí y por eso decidí poner en resguardo mi integridad física y de mi esposa ante el hecho inminente que se podía llevar cabo una acción de este tipo”.

“¿Qué fueron a buscar a la casa de periodistas? Ahí habían libros, libretas de apuntes (…) los periodistas producimos información,  pero no hay ningún cuerpo del delito del que puedan imputarme algún crimen”, indicó.

El periodista, que el pasado 25 de mayo fue reconocido con el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística, denunció que luego del allanamiento, tres vehículos con civiles abordo mantuvieron vigilancia en las afueras de la casa de su madre, la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, que derrotó en las urnas a Ortega en 1990.

Posteriormente, según Chamorro, efectivos de la Policía “han efectuado acciones de asedio contra las viviendas de varios de nuestros familiares y contra trabajadores de mi casa”.

Chamorro: Querían arrestar a un periodista

El periodista Chamorro manifestó en una entrevista a su medio Confidencial, que el allanamiento tenía como objetivo detenerlo e imputarlo posteriormente de algún delito que pueda ser “fabricado por la Fiscalía”, como ha ocurrido en otras ocasiones.

“Lo único que conozco es que los policías que allanaron mi casa no tenían ninguna orden judicial, tampoco invocaron una Ley. Simplemente llegaron a capturar a un periodista y su esposa. En eso consistió el objetivo del allanamiento”, denunció Chamorro.

Relató que los agentes policiales realizaron una serie de incautaciones, como celulares y dispositivos electrónicos y sometieron a una serie de interrogatorios a las personas que se encontraban en su residencia.

Además responsabilizó de su exilio al presidente Ortega, quien es el jefe supremo de la Policía Nacional que está al mando de su consuegro Francisco Díaz, sancionado por Estados Unidos por violación a los derechos humanos.

Segunda vez que se exilia

Chamorro se exilió por primera vez en enero de 2019 tras haber sido confiscado el edificio donde operaba el medio Confidencial. Estuvo por casi un año en Costa Rica hasta que retornó al país en noviembre del mismo año.

Sin embargo, la persecución contra Chamorro y la redacción de Confidencial volvió a inicios de 2021, año que se tiene previsto la celebración de las elecciones generales en Nicaragua y en donde Ortega busca un nuevo período más para mantenerse en el poder.

Hasta el momento se desconoce si existe alguna orden de captura en contra del periodista, luego darse el allanamiento en su residencia.

Desde hace más de tres semanas el gobierno de Ortega empezó una jornada de arrestos contra precandidatos presidenciales, líderes opositores, líderes de la sociedad civil, y se prevé que ahora vaya en contra de los periodistas.

El lunes por la noche fue detenido el periodista deportivo Miguel Mendoza, a quien la justicia lo acusa de supuestamente violar la Ley 1055, misma que ha sido usada por oficialismo para justificar las aprehensiones en contra de al menos 28 personas.

«Ley Renacer» aprobada por el Senado de EE.UU. mientras ONU expresa preocupación por situación de Nicaragua

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este martes la Ley Renacer, una iniciativa que amplía la posibilidad de más sanciones contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, mientras tanto Naciones Unidas en una actualización oral sobre la situación de Nicaragua pidió un “cambio urgente” para garantizar elecciones democráticas en el país.

“El desespero de Ortega por atornillarse en el poder le ha costado la poca legitimidad que le quedaba. Habrán consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense su derecho a elecciones libres y justas”, advirtió el senador demócrata, Robert Bob Menéndez, tras su aprobación.

La iniciativa aprobada contiene una enmienda que propone la revisión de Nicaragua dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).

El pasado 30 de abril, el congresista Albio Sires, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de Estados Unidos, junto a la congresista María Elvira Salazar fueron los encargados de presentar la Ley Renacer ante el Congreso de Estados Unidos.

La ley además de supervisar los préstamos de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional contempla coordinaciones con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea para ofrecer una respuesta conjunta a las violaciones de derechos humanos en el país.

Por otro lado, crea la posibilidad de más sanciones al circulo de Ortega y su familia, representantes del Consejo Supremo Electoral (CSE), Policía Nacional y Ejército de Nicaragua.

ONU: “Grave deterioro”

Mientras tanto, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo Permanente de la ONU un informe actualizado sobre la situación de derecho humanos de Nicaragua, en el que alertó que la crisis se ha agudizado de manera alarmante.

«Desde mí informe sobre Nicaragua ante este Consejo el pasado 23 de febrero (2021), mi Oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos», expresó Bachelet durante su intervención en la sesión número 47 del Consejo Permanente de las Naciones Unidas.

La Alta Comisionada alertó que «esto aleja la posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre».

El gobierno de Ortega mantiene encarcelados a cinco precandidatos presidenciales, más de quince líderes oportunidades, y a más de cien presos políticos desde 2018.

«Dese hace más de estrés años este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente, debo informar que no se ha dado el cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante», señaló Bachelet.

La Alta Comisionada también indicó sobre las reciente acciones del gobierno de Ortega contra la oposición nicaragüense que desde la Policía y el Ministerio Público los ha detenido «sin suficiente evidencia probatoria».

Por lo tanto, «llamo al gobierno a un cambio urgen, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático». A la vez reiteró que «es urgente que se autorice el regreso de mi Oficina en Nicaragua».

59 países miembros condenaron las acciones de Ortega

Por otro lado, un grupo de 59 países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, demandaron también este martes a Ortega garantizar la protección de los derechos humanos y cesar el hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos.

En una declaración conjunta de los 59 países, los Estado se mostraron preocupados por «la impunidad persistente por las violaciones se derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias».

Los países firmantes de la declaración son: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guayana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania,

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América.

«El Gobierno (de Nicaragua) debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables», dijeron de forma conjunta los países.

También instaron al gobierno a «cesar el hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias».

Además, expresaron su preocupación porque las próximas elecciones podrían desarrollarse sin condiciones.

«La disolución arbitraria de partos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata», exigieron.

Human Rights Watch pide a la ONU redoblar presión internacional sobre Nicaragua

Redacción / IP Nicaragua

La organización Human Rights Watch (HRW) instó este martes a Naciones Unidas a “incrementar la presión” sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para poner fin a la “campaña de violencia y represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil” y garantizar elecciones libres en noviembre próximo.

En un informe titulado “Arremetida contra críticos en Nicaragua”, HRW llamó al secretario general de la ONU Antonio Guterres a que haga un “llamado a la acción” y que invoque el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad lleve a cabo una sesión abierta sobre este tema, debido a que la “crisis nicaragüense tiene repercusiones alarmantes a nivel regional”.

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional (…) Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el secretario general, potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”, demandó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

ONU debe prevenir crisis

De acuerdo con Vivanco, la reciente ola de arrestos y persecución es consecuencia de la aprobación de las “leyes represivas que violan las garantías al debido proceso” como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y de Cadena Perpetua.

Desde el 2 de junio más de 20 líderes opositores han sido detenidos, entre ellos cinco aspirantes presidenciales como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y más recientemente Miguel Mora.

“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”, explicó Vivanco.

El director de HRW alertó que los altos funcionarios de la ONU y sus países miembros deberían estar interesados y podrían “prevenir una crisis regional”, siempre y cuando decidan aumenta la presión sobre Ortega para que “ponga fin ahora a la represión”.

“Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”, exhortó Vivanco durante la presentación del informe.

El informe

El informe presentado por esta organización contiene testimonios de 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias.

Cada uno de ellos fueron entrevistados por teléfono entre enero y junio de 2021.

“La policía acusó a algunas de estas personas de golpistas, de trabajar para Estados Unidos y/o de odiar al gobierno. A su vez, quienes habían sido detenidos anteriormente durante la brutal represión de las protestas contra el gobierno en 2018, y sometidos a procesos judiciales plagados de abusos, han sufrido acoso y vigilancia policial regularmente desde que fueron liberados”, señala el documento de HRW.

El 14 de mayo, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre el estado de las investigaciones en estos casos, pero no ha recibido una respuesta.