Relator de la ONU afirma que preocupa situación de derechos humanos en Nicaragua

Representante de la ONU escuchó de las propias víctimas las atrocidades cometidas por fuerzas policiales y paramilitares

Redacción/IP Nicaragua

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi, afirmó que existe preocupación en el organismo por las constantes violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua.

“Tenemos preocupaciones, como el uso de la fuerza arbitraria contra aquellos que van a las calles a protestas, la criminalización y ataques contra la disidencia política y los medios de comunicación, y contra aquellos que participen en protestas pacíficas”, dijo el relator especial.

En un encuentro virtual con víctimas de la represión, promovido por organizaciones de derechos humanos, Nyaletsossi escuchó los relatos de las agresiones sufridas por campesinos, periodistas y defensoras de derechos humanos.

Coincidentemente, Nyaletsossi asumió sus funciones como relator especial de la ONU en abril de 2018, la misma fecha del estallido social en Nicaragua.

El relator especial de la ONU afirmó que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reiteradamente le ha negado el ingreso a Nicaragua desde esa fecha.

He pedido visitar el país, y varias veces, he demostrado mi disposición para hablar con las autoridades y tratar estos temas, pero hasta el momento no he recibido ningún tipo de respuestas del Gobierno”, mencionó Nyaletsossi.

El representante de la ONU señaló que insistirá a las autoridades del país para hacer una visita, porque considera que en las condiciones actuales es “importante”.

Asesinato de los Montenegro

Durante el encuentro, el relator especial de la ONU escuchó el relato de Thelma Montenegro, quien sufrió la pérdida de cuatro miembros de su familia, incluyendo su esposo, que fueron asesinados por grupos afines al Gobierno.

En el 2018, según Montenegro, en el contexto de las manifestaciones su familia se integró en las “acciones de protestas cívicas” al ver las “aberraciones de derechos humanos” que se cometían en contra de los ancianos y los estudiantes.

“Se asumió un rol de liderazgo en los tranques, en las marchas y todas las acciones de protestas cívicas. Eso desencadenó el odio, la persecución, la crueldad del partido de Gobierno, de las fuerzas militares al servicio del Gobierno, la policía, los paramilitares y como resultado de ello tenemos cuatro asesinados atrozmente”, señaló Montenegro durante su intervención.

Oliver José Montenegro Centeno; Edgar Montenegro Centeno y su hijo adoptivo, Jalmar Zeledón Olivas,  y su esposo Francisco Luis Blandón fueron asesinados en 2019, denunció Thelma.

Es un acto de odio lo que nos hacen a nosotros, las invasiones a nuestras tierras, es otro acto de crueldad, de asedio, de hostigamiento constante que recibimos nosotros. Las tierras como campesinos que son nuestro medio de trabajo, constantemente son allanadas, llegan a la casa de mis padres que son ancianitos y solo Dios sabe cómo han logrado sobrevivir tanta tragedia”, comentó Thelma.

La «Ley Mordaza», como se le ha llamado a la Ley de Ciberdelito es otra manera más de querer callar a la prensa. Foto: Orlando Valenzuela.

Ataques a la libertad de prensa

El relator especial de la ONU, también escuchó el relato del empresario radial Aníbal Toruño, quien presentó cifras de todas las violaciones contra la libertad de prensa y de expresión desde que este Gobierno asumió el poder en 2007.

Desde que Ortega retornó al poder, más de 20 medios de comunicación cerraron y 10 programas de televisión dejaron de transmitir, afirmó Toruño.

El director de Radio Darío, señaló que de las 200 radios existentes en Nicaragua, solamente una radio de cobertura nacional mantiene un formato “crítico e independiente” y cuatro regionales.

El periodista, que sufre el hostigamiento de las fuerzas policiales que recientemente allanaron su residencia, sin orden judicial y bajo la “infamia” de que buscaban droga, señaló que ha registrado 31 asedios a su casa, 18 de ellos en 2021.

Indígenas sufren agresiones

En el encuentro la abogada y activista nicaragüense por los derechos indígenas, Lottie Cunningham, denunció que más de 3,000 indígenas se han desplazados de “manera forzosa” desde 2011 a otras comunidades por las agresiones sufridas que son “cometidas por actores no estatales, bajo la anuencia estatal”.

La ganadora del premio Right Livelihood Award, agregó que 49 indígenas fueron asesinados, 52 lesionados, 46 secuestrados y 4 desaparecidos.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, advirtió que estas situaciones ocurridas en Nicaragua erosionan el Estado de Derecho.

El encuentro fue promovido por organizaciones de derechos humanos de previo a la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista a comenzar el 22 de febrero, donde se prevé se aborde la situación de Nicaragua.

Músicos exiliados rechazan iniciativa de ley que pretende arrebatar su obra

**Artistitas critican “autoritarismo” del Gobierno y lo acusan de querer confiscar su música

Redacción/IP Nicaragua

La ex integrante del Dúo Guardabarranco, Katia Cardenal y el cantautor, Luis Enrique Mejía Godoy, rechazaron la iniciativa dictaminada favorablemente que declara los documentos, canciones y símbolos del sandinismo como patrimonio nacional.

Desde Noruega y Costa Rica, hacia donde se vieron obligados a exiliarse por la represión del gobierno de Daniel Ortega, los cantautores expresaron que la pretensión confirma el “autoritarismo” de los Ortega Murillo.

“Esto solo viene a confirmar el autoritarismo que los caracteriza, ellos nos han dejado ver claramente desde siempre, que se creen dueños de Nicaragua y todo lo que crece bajo su cielo”, manifestó Cardenal.

El pasado 16 de febrero, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional dictaminó favorablemente la “Ley que declara patrimonio cultural material e inmaterial de la nación la bandera, el sello, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales, el himno y las canciones del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional EDSN”.

La iniciativa es repudiada entre los artistas nacionales, especialmente entre los cantautores, que ven esta acción como una amenaza a sus derechos de autor y a la libertad de creación y expresión.

Cardenal considera que la iniciativa de ley pone en peligro las creaciones artísticas dedicadas al general Sandino producidas en los últimos años.

“En peligro siempre estamos, ellos creen que son capaces de atropellar hasta lo intangible, como lo es la propiedad intelectual, pero como dice la canción “Araré el aire” de mi hermano Salvador: “Y cuando me pides tocar la canción como haría? No hay canción que se toque, son invisibles, son intangibles, ¡son intocables! ¡Como el amor que es música en el alma!”, cuestionó Cardenal.

Katia no cree que el Gobierno prohíba a los artistas cantar, sin su autorización, las canciones anónimas de Sandino.

“Aunque con armas, violencia y represión se pueden lograr muchas cosas. De eso estamos claro, con esas leyes inventadas que producen, pareciera que quieren aislar más a Nicaragua de los acuerdos internacionales que regulan los derechos inalienables”, señaló Cardenal.

La exintegrante del Dúo Guardabarranco recordó que sus canciones el Gobierno siempre las ha utilizado en sus actos partidarios, pero hace algunos años, un funcionario le pidió permiso para usar una de sus creaciones.

“No tenía sentido oponerse, creo que igual las hubieran utilizado, las canciones son semillas que caen en tierra yerma o en tierra buena. Ellos las usan a su antojo y conveniencia, siempre ha sido así, pero yo sigo creyendo que una canción puede hacer conciencia, entonces quizá más bien hasta les puede salir el tiro por la culata”, advirtió Cardenal.

Ley es “confiscatoria”

Por su parte, el Cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, autor de mazurcas, vals y corridos al General Sandino como “Allá va el General”, “Eran 30 con él”, “Compañero César”, “Sandino en la montaña” y otras, también alzó su voz contra el trasfondo de esta ley, que cree que es confiscatoria.

“En realidad, quien tiene confiscado a Sandino es el Frente Sandinista, no sé si ese patrimonio va a pasar a manos del Estado, que no sé quién lo va a manejar, no sé si es el Ejército o si es el Ministerio de Cultura, pero esto hace recordar que hace muchos años ellos empezaron a utilizar indiscriminadamente nuestra obra, entre las que estaban, por supuesto, las canciones al general Sandino, entre las que yo tengo por lo menos cinco canciones y todas las utilizan”, dijo molesto el cantautor nacido en Somoto.

Luis Enrique, que se encuentra exiliado en Costa Rica, recuerda que en aquel momento, tanto él como su hermano Carlos, desautorizaron al Frente Sandinista a usar esas canciones, basados en los tratados del derecho internacional y derecho de propiedad intelectual.

“Ellos hicieron caso omiso, como siempre, se hicieron los gatos bravos , nosotros pusimos la queja a las respectivas sociedades y ellos nos dijeron que esa era una violación de la ley, pero yo no sé, porque en Nicaragua, tampoco esta ley no  la cumple nadie, no solamente el Gobierno, sino  los medios de comunicación, los empresarios, todos violan los derechos de Tino López Guerra, Camilo Zapata, Justo Santos, no es raro entonces que el Gobierno salga con una de estas cosas para tratar de adueñarse de nuestra obra”, mencionó.

Para Luis Enrique, esta iniciativa de ley  “es parte de la misma locura, de la ambición del poder, de la locura por no saber hacia dónde dirigir las cosas” en este país.

“En vez de ocuparse de los problemas del pueblo, de la gente y de Nicaragua, están divirtiéndose en la Asamblea Nacional aprobando leyes, porque la Asamblea lo único que recibe es una orden, allí no se discute nada, allí nunca hay debate, no hay absolutamente nada, entonces, esto posiblemente lo van a aprobar en los próximos días”, puntualizó el cantautor.

Amnistía Internacional: Ortega quiere imponer “silencio a cualquier costo”

**Organismo de derechos humanos denuncia que Gobierno de los Ortega-Murillo pone en práctica una serie de “tácticas perversas” para acallar a la disidencia

Redacción / IP Nicaragua

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sigue valiendo de una serie de “tácticas sofisticadas” para imponer un “silencio a cualquier costo” en contra de las voces críticas en el país y se teme que, «lo peor todavía no ha llegado», afirmó Amnistía Internacional.

“Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones”, señala Amnistía Internacional.

En el informe titulado, “Silencio a cualquier costo. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”, la organización de derechos humanos identificó al menos tres tácticas que los Ortega-Murillo utilizan para acallar esas voces, y la forma en que ha “perfeccionado su aparato represivo”.

Detenciones arbitrarias, cargos penales falsos, condenas excesivas,  asedio en contra de los opositores y la llamada “muerte civil” de opositores, en referencia al acoso del que son víctimas los excarcelados políticos que fueron liberados bajo una cuestionada Ley de Amnistía, aprobada en junio de 2019, son algunas de las tácticas que identifica el informe.

El caso del estudiante Bayron José Corea Estrada que, en diciembre de 2019, luego de su excarcelación bajo la Ley de Amnistía, recibió medidas cautelares es uno de los casos de “muerte civil” que denuncia el organismo de derechos humanos.

Corea Estrada y su familia fueron blancos de hostigamientos, amenazas de muerte y hechos de violencia de los que habrían participado agentes estatales y terceros armados que habrían buscado ingresar a su vivienda, señala el informe.

“Todo esto me ha afectado mucho, incluso económicamente. Ha sido un cambio trascendental. Acabaron con todo lo que sembré. Si no puedo ir a comprar un plato de comida, mucho menos voy a ir a votar. Sigo encerrado, pero en una celda más grande”, explicó Corea Estrada a Amnistía Internacional.

Entre los excarcelados políticos persiste la “preocupación generalizada” por la falta del cierre definitivo de las causas legales que la Fiscalía presentó en su momento.

“Durante casi tres años, el Gobierno de Daniel Ortega ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que los derechos humanos se conviertan en una realidad en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional al presentar el informe.

Más de 100 presos políticos

Según Amnistía Internacional, el Gobierno de Ortega está  “librando una batalla contra quienes critican sus políticas”, y eso ha derivado en que, desde el inicio de las protestas masivas en abril de 2018, las autoridades han llevado a cabo cientos de detenciones arbitrarias.

“El Gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas perversas”, mencionó Astrid Valencia, investigadora para Nicaragua de Amnistía Internacional.

En algunos casos, miembros de aparatos parapoliciales, vestidos de civil, han sido acusados de realizar las detenciones y luego poner a las víctimas a disposición de las autoridades policiales, revela el informe.

A la fecha, según organizaciones de derechos humanos del país, más de 100 personas siguen detenidas y son acusados de “cargos fabricados”, pese a que en marzo de 2019, el Gobierno comprometió a liberar a todas las personas detenidas consideradas presos políticos.

Entre abril de 2018 y octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró que 1,614 personas fueron “encarceladas arbitrariamente” por su participación en las manifestaciones.

En diciembre pasado, los familiares exigieron al Gobierno una «Navidad sin presos políticos», pero sus demandas no fueron escuchadas. Foto cortesía

Los tipos de delitos

Inicialmente, a los detenidos se les imputaba delitos complejos de crimen organizado y terrorismo,  pero en la actualidad la Fiscalía, órgano encargado de fabricar las acusaciones, les inculpa por crímenes comunes, como el robo con intimidación y tenencia y tráfico de drogas.

Los presos políticos, según Amnistía Internacional, permanecen en condiciones de hacinamiento en las cárceles y se les permite salir al patio a tomar aire solo durante 60 minutos cada dos semanas, lo que viola sus derechos y los estándares internacionales.

Amnistía Internacional denunció que durante los meses más álgidos de la pandemia, que el Gobierno liberó más de seis mil presos comunes contra cuatro de las 80 personas que en ese momento estaban recluidas y considerados presos políticos.

Familiares de los presos políticos, también han denunciado que a los presos políticos solo se les permite salir al patio a tomar aire durante 60 minutos cada dos semanas, condiciones de detención que “violan una serie de estándares internacionales”.

Leyes que restringen los derechos

Amnistía destacó que las leyes aprobadas en la segunda mitad del 2020 en la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega, aprobó una serie de leyes que “restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos”.

El documento explica que la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, por ejemplo, “atentan contra los estándares internacionales de derechos humanos”.

“En Nicaragua, el recrudecimiento de la campaña de represión se ha visto reflejado en la utilización de nuevas estrategias, en colaboración con los poderes legislativo y judicial, para generar un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones”, menciona el informe.

Desde el inicio de la crisis, Amnistía Internacional ha visitado Nicaragua en varias ocasiones y emitido recomendaciones que, hasta la fecha, las autoridades estatales han ignorado.

No obstante, la organización continúa haciendo un “enérgico llamado a las autoridades de Nicaragua a respetar los derechos humanos de todas las personas en el país”.

Nicaragua: Ortega irá a elecciones presidenciales sin dinero de Maduro

Voz de América

MANAGUA – Por varios años, Marcos Escobar colaboró con entusiasmo en la entrega del “Plan Techo”, un programa de asistencia social del gobierno del presidente Daniel Ortega, que consistía en la distribución de láminas de zinc a las familias más pobres de Nicaragua.

El “Plan Techo”, al igual que otros programas sociales, fue posible gracias a la cooperación venezolana, que suscribió el fallecido expresidente Hugo Chávez con Ortega el 20 de enero de 2007, fecha en que el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) regresó al poder.

Hoy, alejado de las estructuras partidarias y sumergido en el desempleo, Escobar lamenta que, a pesar de su colaboración incondicional en la entrega de techos, jamás obtuvo el beneficio de “una vivienda digna”, como ocurrió con otros simpatizantes del gobierno.

“No hemos sido beneficiados. El gobierno pensaba que íbamos a ocupar esa ayuda para luego vender las cosas. Yo trabajé con ellos, anduve entregando techos, y no hemos recibido nada de eso”, se queja Escobar, quien descansa en unas cajas de cartón que le sirven de cama.

A Escobar lo acompañan una docena más de ciudadanos que, al igual que él, permanecen en la indigencia. Hastiados de la situación política, procuran sobrellevar sus problemas: la falta de acceso a una vivienda, el desempleo y la alimentación.

Cuando Daniel Ortega suscribió el acuerdo de la cooperación venezolana tras su retorno al poder en 2007, anunció paralelamente que Nicaragua se incorporaría a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el bloque político regional en el que se moverían más de 3.000 millones de dólares.

La cooperación venezolana en Nicaragua alcanzó unos de sus mayores repuntes durante las elecciones de 2011, año en que Ortega fue reelegido en unos comicios cuestionados por la oposición y la comunidad internacional. Ese año el país recibió más de 500 millones de dólares, según datos del estatal Banco Central.

Sin embargo, después Ortega recibió más dinero de Venezuela. El Banco Central reflejó que en 2016 Nicaragua obtuvo más de 700 millones de millones de dólares.

Las campañas del partido sandinista tras volver al poder estuvieron marcadas por el eslogan “El presidente de los pobres”, como el vehículo para sus “ambiciones reeleccionistas”, apoyadas en ese entonces por Chávez.

“Entre el 2010 y 2014, la cooperación venezolana superaba los flujos anuales de los 500 millones de dólares. Estás hablando de montos extraordinarios para una economía tan pequeña como la nuestra. Eso representaba más del 40% del total de la cooperación total recibida”, explica el doctor Arturo Cruz, un estudioso de la cooperación venezolana en Nicaragua.

Nicaragua Venezuela
De camisa café, Marcos Escobar, junto a indigentes en un mercado popular de Managua, donde duermen a la intemperie. Foto Houston Castillo, VOA.

Cruz comenta a la Voz de América que los flujos de la cooperación de Venezuela “eran espectaculares” para Managua, quien aparte recibía dinero de organismos multilaterales, aunque reconoce que representaban un pequeño porcentaje con relación al dinero proveniente del chavismo.

“Esos eran los años de vacas gordas y cuando hay vacas gordas, la mediación entre estado-sociedad, que descansa en gran medida en los recursos que vos contás, es mucho más fluida, mucho más fácil y eso se reflejó en el caso de Nicaragua, que le permitió elaborar un sinnúmero de programas de régimen clientelar, bajo argumento de que así capturas a ese segmento de la sociedad, que van a ser tus votantes cautivos”, valora Cruz.

El doctor Cruz considera que algunos programas asistencialistas como el plan de entregar láminas de zinc, tuvieron un enorme impacto, sobre todo en estratos de menor ingreso.

“Lo increíble es que estos programas eran baratísimos. Treinta millones de dólares anuales en las láminas de zinc. Posteriormente hubo otros programas, como el bono solidario, que era mucho más considerable y creaba la condición en donde el empleado público era un prisionero de ese programa”, destaca el analista.

Pero la cooperación que en parte se distribuía en programas sociales no llegaba parejo a los seguidores de Ortega, tal y como ocurrió con Marcos Escobar, quien ahora sortea su pobreza en medio de “dádivas” de los pobladores.

Corrupción opacó logros de cooperación venezolana

Cuando Ortega y Hugo Chávez suscribieron el convenio de cooperación, el precio del barril de petróleo rondaba desde entre 100 a 140 dólares, algo que, según el analista y exembajador en Washington Arturo Cruz, “tuvo un impacto a favor del gobierno en las elecciones de 2011”.

“Si te están entrando 500 millones de dólares anuales fuera del presupuesto formal para que vos gobierno lo gastés con una gran discrecionalidad, eso te da una gran ventaja electoral competitiva”, dice Cruz.

Pero el dinero proveniente de Venezuela no solamente fue utilizado para programas sociales, sino para forjar una alianza con los sectores empresariales más prominentes del país y para “comprar conciencias y controlar la totalidad de la institucionalidad pública, y cultivar una clientela política”, considera el economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz.

Desde el exilio, Sáenz, quien fue miembro de la Comisión Económica del Parlamento Nacional, explica a la VOA que el proceso de la cooperación venezolana fue “fraudulento” por su manejo.

“De hecho, ese fue el mayor fraude de la historia económica y de la historia política de Nicaragua y casi seguramente de Centroamérica”, valora el parlamentario.

Chávez y Ortega suscribieron un convenio de Estado a Estado por medio del cual Venezuela se comprometió a suministrar la totalidad de los requerimientos de petróleo de Nicaragua.

“Pero los dos personajes acordaron canalizar los flujos financieros de la cooperación como una operación privada, bajo control empresarial de Ortega. Esto le permitió acumular una formidable fortuna y, además, apoderarse de los lucrativos negocios de la energía y del combustible”, explica el exdiputado.

Nicaragua Venezuela
La cooperación venezolana en Nicaragua es nula durante las elecciones de este 2021, señalan expertos consultados por la VOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con la cooperación comercial cometieron tales tropelías que llegaron al punto de que instituciones oficiales del gobierno venezolano se quejaron porque, aprovechando los precios preferenciales que pagaba Venezuela, compraban productos en el exterior y los vendían como si fueran producidos en Nicaragua”, añade.

Producto de la corrupción y privatización de la cooperación venezolana en Nicaragua, denunciada por opositores al gobierno de Ortega y revelada por investigaciones periodísticas como la de Octavio Enríquez, del semanario Confidencial, se conoció de un desvío de “más de 3.047 millones de dólares sin ninguna clase de ley o escrutinio público”.

También esto impactó en la poca incidencia que la cooperación venezolana tuvo en la reducción de la pobreza y extrema pobreza en Nicaragua, expresa el sociólogo Cirilo Otero a la VOA.

“Eran programas dispersos y cargados de populismo. No tenía coherencia ni tenía una meta para definir cambios. Lo que se hacía era ir a sitios para tener fotografías y relevancia comunicacional, más que por reducir la pobreza, y tercero evidentemente no tenían un análisis sociológico ni un análisis previo de cómo está la situación y ver si se superó una deficiencia”, indica Otero, quien lamenta que las personas terminaron “aprendiendo a estirar la mano y no a enfrentar la situación de dificultad”.

Elecciones sin apoyo económico de Venezuela

Desde la llegada de Ortega al poder en 2007, el mandatario enfrentará por primera vez unos comicios presidenciales sin el dinero de Venezuela, que era utilizado para campañas políticas y programas sociales para los más pobres.

Los datos más recientes del Banco Central de Nicaragua reflejaron que no hubo cooperación venezolana durante el primer semestre de 2020.

Nicaragua Venezuela

“En este año electoral, la cooperación no va a tener peso, porque no existe. Hace dos años ya estaba en 27,2 millones de dólares, lo cual es el 2,6 por ciento de la cooperación global, que ha disminuido. Entonces, al comparar ese dato con 500 millones en sus mejores momentos, es nula”, detalla el doctor Arturo Cruz.

De hecho, el analista considera que la crisis política actual que se vive en Nicaragua es derivada de la que existe en Venezuela.

“Cuando la cooperación venezolana disminuye, el gasto público se mantuvo y eso llevó al gobierno a aumentar la carga tributaria. Entonces la gente sintió que le estaban sacando, precisamente supongo yo, recursos de su bolsa para darle sustento a esos gastos clientelares que antes los financiaba la cooperación venezolana”, indica Cruz.

Además, Cruz considera que debido al crecimiento del PIB per cápita que tuvo Nicaragua, esto provocó que la sociedad exigiera más, y la capacidad que tenía el régimen de satisfacer esas expectativas eran pocas.

Durante un acto parlamentario en Nicaragua a finales de 2020, la VOA consultó por qué hubo una reducción de la cooperación venezolana en Nicaragua al embajador del chavismo en Managua, José Javier Arrúe de Pablo, y este señaló que “se debió al bloqueo que tenemos del imperio”.

“Evidentemente que la situación económica, política y social del bloqueo que tiene Venezuela afecta, pero no afecta el espíritu y la solidaridad nacida con Chávez”, dijo el diplomático.

Nicaragua: Informar y educar en medio de la pandemia y presión del gobierno

Por VOA Noticias

El 18 de marzo del 2020 Nicaragua reportó el primer caso de COVID 19 y el país se semiparalizó y la función de los medios cambió. Con más de 60 años en la radiodifusión, Fabio Gadea Mantilla, fundador de Radio Corporación y que aún conduce programas radiales, ha tenido una intensa vida desde los micrófonos de la emisora y ahora sostiene que más que nunca la radio ha jugado un papel significativo como herramienta de comunicación masiva ante el desconocimiento social de la enfermedad y el silencio estatal en Nicaragua.

“La radio siempre ha sido importante en tiempos de cualquier tragedia, comenzamos nosotros la idea principal fue servir al público. De modo que ahora con la pandemia lo que hacemos es lo que siempre hemos hecho, promover el bienestar de la gente indicando lo que tiene que hacer para salvarse y prevenir la pandemia¨, señaló Fabio Gadea.

La radio en su papel de formadora de ciudadanos y constructora de opinión pública asumió enormes retos y nuevas oportunidades por la crisis, pero no perdió de vista ese nuevo relacionamiento con la audiencia. Nelsón Rodriguez, director de prensa de Radio Universidad, dijo «que los retos son cada vez más, porque tenemos que salir a buscar las entrevistas, tenemos que salir a buscar a la gente. La radio se hace con la ciudadanía y muchas veces esos espacios están limitados porque la gente tiene temor de hablar¨.

 

Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiarse ahora son más escasos, no solamente por la recesión económica aumentada por la crisis sanitaria sino también por la presión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que mantiene en vilo a las radios comunitarias que se financian con estos fondos. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, explicó su caso.

«̈Entonces a partir de este año nosotras ya no contamos con financiamiento ni con publicidad de las ONGS. Este año quizás podemos sobrevivir con los ahorros del año pasado, pero no sabemos si podamos llegar bien o sobrevivamos este año¨, cuenta Argentina Olivas.

Mientras tanto, directores, reporteros, locutores, guionistas y el personal en general mantienen el compromiso de sostener uno de los pilares de la comunicación en Nicaragua y que llega donde otros medios no pueden llegar, en un contexto de pandemia y de una creciente y sostenida presión del Gobierno.