Presentan más recursos por inconstitucional contra la Ley de Ciberdelito

Periodistas y organizaciones consideran que la Ley Especial de Ciberdelitos viola los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Redacción / IPNicaragua

La exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBC), Cristiana Chamorro, y el Movimiento Feminista de Nicaragua, se sumaron a las organizaciones que presentaron un recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley de Ciberdelitos, mejor conocida como «Le Mordaza».

María Teresa Blandón, integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, expresó que está ley pretende poner un bozal a los periodistas y medios de comunicación independientes, así como a las organizaciones que defienden los derechos de los nicaragüenses y de aquellos ciudadanos que cuestionen o critiquen al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«El régimen pretende impedir que la prensa independiente haga su trabajo, pero no lo ha logrado, al contrario en la crisis social y política se amplificó el escenario de los medios independientes. Por otro lado, quiere imponernos el silencio a los ciudadanos y ciudadanas por miedo, también quiere callar a las organizaciones y a las defensoras de la sociedad civil y de derechos humanos con una ley que nos ofrece cárcel», dijo Blandón.

Según Blandón, en las instalaciones de la CSJ una persona con un arma de fuego la acompañó hasta la oficina donde presentó el escrito, confirmándose que se siguen violando los derechos de los ciudadanos en este país.

Por su parte Chamorro, quien se hizo acompañar de personal que laboró en la FVBCH, señaló que la Ley de Ciberdelitos trasciende a toda la sociedad, no solo al gremio periodístico.

«Este ley no solo afecta a los periodistas, afecta a toda la ciudadanía en general, al que tiene un celular, al que tiene un Facebook, al que tiene un cuenta de WhatsApp, a todos nos están atentando nuestro derecho  de poder  expresarnos, nuestro derecho también a la privacidad, nuestro derecho a la libertad que tenemos, entonces en nombre de todos los periodistas, en el mío propio y en nombre de los amigos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, forzada a cerrar, estamos introduciendo este recursos», manifestó Chamorro.

El pasado 5 de febrero, la FVBC se vio obligada a cerrar operaciones en el país, debido a las presiones de la también reciente Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin», aprobada el 15 de octubre de 2020.

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Los diputados sandinistas, que son mayoría en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobarn el paquete de leyes del Gobierno. Fotografía Canal parlamentario.

Mientras que, la «Ley Mordaza» fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y entró en vigencia dos días después de su aprobación.

Periodistas interponen 34 recursos contra la «Ley Mordaza»

Los primeros en presentar un recurso contra la «Ley Mordaza» fueron periodistas de diferentes medios de comunicación independientes y de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

En total, interpusieron ante la CSJ 34 recursos por inconstitucionalidad contra la «Ley Mordaza» por atentar contra la libertad de prensa, información y de expresión.

El PCIN indicó a través de un comunicado, que «está ley violenta los principios constitucionales de nuestro país y también los establecidos en los derechos universales».

La Ley Especial de Ciberdelito es rechazada también por organismos regionales e internacionales como el Parlamento Europeo (PE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recientemente, la La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que recomienda «modificar» las legislaciones aprobadas por la Asamblea Nacional.

Foto principal: Tomada de Twitter

Gobierno de Daniel Ortega ha “perpetuado la impunidad” en Nicaragua

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Informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos, destaca que urge una reforma electoral y la liberación de los presos políticos en el país.

Redacción/IP Nicaragua

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición” de las múltiples violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde que iniciaron las protestas en abril de 2018, destaca un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANCUDH). 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró este miércoles que la “rendición de cuentas” es clave para superar la crisis sociopolítica en Nicaragua, pero advirtió que no se logrará mientras Ortega y Murillo “no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos”.

“Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

El informe “Situación de los derechos humanos en Nicaragua”, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, expone las “constantes, ilegítimas y graves restricciones” impuestas por los Ortega Murillo en el país.

De acuerdo con la información publicada, la Oficina documentó 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU, además de 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación que siguen siendo “blanco de estas acciones”.

Urgen reformas electorales

Bachelet presentará el informe este jueves en el marco del 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de previo exhortó a los Ortega y Murillo adoptar “urgentemente” una reforma electoral efectiva que garanticen elecciones “libres, justas y transparentes”.

“El Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”, mencionó Bachelet.

 

Por otro lado, la Alta Comisionada de la ONU demandó poner fin, “de inmediato, a las detenciones arbitrarias” contra personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas.

Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, puntualizó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Los registros de las organizaciones de derechos humanos indican que en Nicaragua, hay más de 100 presos y presas políticas acusados de delitos comunes y recibiendo exageradas condenas y multas por parte de los jueces.

“La persistencia de la crisis sigue teniendo sus raíces en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho, que han ido erosionándose progresivamente a lo largo de los años, mientras que las violaciones a los derechos humanos perpetradas en 2018 continúan impunes y que el espacio cívico ha sido aún más restringido aún más”, revela el documento.

Preocupada por leyes aprobadas

Bachelet destacó que es necesario que el Gobierno de Ortega y Murillo modifiquen las tres leyes que fueron aprobadas a finales de 2020 en la Asamblea Nacional.

Una sobre agentes extranjeros, otra sobre ciberdelitos y una tercera sobre defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación es el paquete que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANCUDH) tiene en la mira.

“Podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones”, comentó.

La OACNUDH instó a Nicaragua a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, además de buscar rápidamente, “antes del proceso electoral, una solución a la crisis multidimensional que ha estado enfrentando”.

CIDH: Confiscación de Confidencial constituye un «ataque a la libertad de expresión»

Este martes inauguraron casa materna en edificio donde funcionaba redacción de Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú.

Redacción / IP Nicaragua

El asalto y posterior ocupación del edificio de Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú, donde este martes el Gobierno de Daniel Ortega consumó su acto al inaugurar una casa materna, representa un ataque a la libertad de expresión, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH recordó que las oficinas del medio de comunicación se encuentran “confiscadas” desde diciembre de 2018, con recursos legales pendientes que presentó ante las instancias correspondientes el periodista y director, Carlos Fernando Chamorro.

“Este hecho constituye un ataque a la libertad de expresión, al obstaculizar el funcionamiento de un medio de comunicación por su línea editorial, en un contexto electoral de intensificación de restricción a libertades civiles”, señaló la CIDH.

El 13 de diciembre de 2018, la Policía al servicio de Daniel Ortega asaltó y saqueó la redacción de Confidencial, un día después, el 14 de diciembre, el edificio fue ocupada en su totalidad por los agentes que se mantuvieron en el lugar por más de dos años.

“La CIDH reitera el llamado al Estado de Nicaragua a garantizar el libre funcionamiento de medios de comunicación y organizaciones civiles, y condenan la adopción de medidas para obstaculizar o perjudicar a un medio por su línea editorial o informativa”, enfatizó el organismo que da seguimiento a la situación de derechos humanos en el país.

Gobierno busca encubrir robo

En una entrevista en el programa Esta Noche, el periodista Carlos Fernando Chamorro denunció que el Gobierno busca encubrir el robo que ejecutaron a finales de 2018.

 

“Nosotros presentamos ante la Fiscalía una denuncia por robo, además es un doble robo, se robaron los equipos, se robaron el mobiliario y se robaron el inmueble”, recordó Chamorro.

El asalto y la ocupación ilegal Confidencial representan una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, derechos que están tutelados en la Constitución Política y que el periodista buscó desde 2018 se le hicieran valer como ciudadano nicaragüense.

“Esto no es una agresión exclusivamente contra nosotros los periodistas, es una agresión contra toda la sociedad, es un crimen contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, es un mensaje a todo el país”, señaló Chamorro.

“Perversa estrategia”

El edificio del canal 100% Noticias, al igual que Confidencial fue ocupado por el Gobierno en diciembre de 2018, y se espera que en los próximos días se inaugure un centro de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) repudió el “robo de las oficinas” de Confidencial, tras afirmar que la acción del Gobierno  “evidencia su perversa estrategia de destruir la libertad de expresión, prensa y asociación en Nicaragua”.

En 2018, al organismo de derechos humanos le fue arrebatada su personería jurídica y en estos últimos días en sus instalaciones, que también confiscadas, se ha visto movimiento por parte de personeros del Gobierno.

En el primer año de crisis sociopolítica, un total de nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Popol Na, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), fueros despojadas de su personería jurídica y sus oficinas.

Venezolanos en Bogotá: de vivir en casas propias a pagar residencias por días

Voz de América

BOGOTÁ – Elita García Salas jamás imaginó tener que vivir en una residencia donde el piso es de cemento, la humedad la enferma y no siente tranquilidad. Su vida en Venezuela era casi perfecta. Trabajaba como oficial jefe de la policía y abogada, con su propia casa de tres plantas, “con todos los servicios, todos los lujos”.

Pero la vida le dio un giro inesperado. Ahora, está desempleada -pues su embarazo ya cursa el séptimo mes- y, desde que llegó a Colombia, ha mantenido a su familia, junto a su esposo, a punta de arreglarles las uñas a sus clientes.

Al entrar al edificio donde reside, hay poca luz. Las paredes parecen golpeadas por los años, se ve una sombría escalera que conduce a los otros niveles, vidrios y puertas rotas.  Su humilde hogar huele a humedad, a incertidumbre.

“Me vine a Colombia por… la crisis que estamos pasando y, aunado a eso, los contantes problemas que uno enfrenta al no estar de acuerdo con las políticas de nuestro país”, le contó la mujer, madre de dos hombres de 8 y 21 años, a la Voz de América.

Mientras habla sentada en un sofá desajustado, su hijo menor la abraza, luego juega con una gata que camina sobre el piso de cemento. El comedor, la nevera, una bicicleta y una improvisada repisa con elementos de aseo conforman la sala principal. El baño está viejo, las paredes peladas y tres baldes hacen la labor de recoger el agua de una ducha eléctrica con los cables por fuera.

Para Elita, vivir en un lugar así le quita el aliento: “El motivo de vivir en un pagadiario es por la razón de que muchas personas colombianas no nos quieren arrendar apartamento y, si los arriendan, nos piden una garantía y nadie nos va a servir de fiadores… porque muchos venezolanos han cometido delitos acá, han quedado mal y eso nos ha llevado a pagar más de lo que se debe acá en arriendo”, cuenta.

Por ejemplo, paga 25.000 pesos diarios (casi 7 dólares) es decir, 750.000 pesos (un poco más de 200 dólares) mensuales que, según ella, «no los vale, porque sí tú ves el establecimiento, no tiene piso, en unas malas condiciones y hay que cancelarlo porque no vamos a dormir en la calle con los niños”.

Después de subir las escaleras rotas y peladas, sin pintura de este edificio, está la casa de Yoleida Romero, quien arregla los juguetes de los niños, para que la sala no se vea desordenada. Alza un poco lo que hay sobre la mesa del comedor y lo lleva a la cocina su cocina, enchapada con badosines viejos y rotos, con un mesón en cemento, donde yacen desbaratas y oxidadas ollas.

Esta mujer llegó hace dos años a Bogotá, desde Maracay, con sus hijas (de 29, 27 y 21 años) y sus nietos (de 3, 4, 5 y 7 años). En su país, tenía un restaurante, el cual cerró porque “no tenía cómo mantenerlo”. “Había mucho desempleo, muy difícil para comprar la comida… no nos alcanzaba a veces”, agrega.

En Colombia, ha pasado por varios oficios: trabajó como cocinera y aseadora en restaurante, limpiando hoteles, o cuidando niños. Junto a su hija, nieta y su yerno pagan una residencia de una habitación, una sala, cocina y un baño. Tienen dos camas donde duermen los cuatro.

“Ahorita, estamos reuniendo porque ya estamos un poquito mas cómodos aquí, estamos reuniendo porque trabajamos los tres”, cuenta esta mujer que además afirma que es muy difícil alquilar un lugar por un año, no solo por la falta de recursos sino porque a veces son, según ella, son discriminados: “Uno que otro que no quieren mucho a los venezolanos, que vemos unos que somos más honrados que otros».

A pocas cuadras de allí, hay una casa que apenas están arreglando, pues las paredes, pisos y techos se encuentran desajustados. Al subir, se ve un pasaje con aproximadamente ocho puertas cerradas. Cada una corresponde a una habitación donde, en su mayoría, viven inmigrantes venezolanos.

Allí reside Yulimar Acuña. Afortunadamente, para ella y sus cinco hijas, su habitación está recién remodelada. Huela a pintura.

Hace cuatro años vive en Bogotá. En Venezuela, esta administradora de empresas trabajó en la empresa estatal PDVSA, pero dice que antes de migrar, su sueldo alcanzaba para un huevo y sus hijas estaban desnutridas. “Siendo profesional, mi salario no me rendía para cubrirle los gastos a las niñas (de 18, 15, 9, 7 y 5 años). Era una situación demasiado crónica… y eso lamentablemente me obligó a migrar de mi país”, contó Yulimar a la VOA.

Esa pequeña habitación sirve de tocador, dormitorio, sala y comedor. Comparte el baño y la cocina.

Aunque se dedica al empleo informal, no ha podido conseguir algo estable. Pero se siente tranquila porque sus pequeñas pueden estudiar en Colombia.

Por ahora, no piensa regresar a Venezuela, pero extraña su casa propia, que según ella, cuenta los servicios y todas las comodidades: “Lamentablemente, ahorita, nos tocó diario. Hubo un tiempo que sí logramos una mensualidad, pero no siempre es igual, no siempre tenemos para pagar la mensualidad”, dice.

Problemas de convivencia

Para Elita, este tipo de residencias albergan muchas personas con diferentes caracteres. El día a día en un pagadiario “es fuerte porque uno tiene que vivir al gusto de los demás, nadie respeta tu tranquilidad, la bulla, la música a alto volumen”, afirma.

Por su parte, Yulimar sabe que vivir en un pagadiario no es fácil, pero afirma que mientras se mantenga aislada “evitando tener inconvenientes” va a estar bien.

En el caso de Yoleida, dice que lo mejor es “saber sobrellevar a las personas. Unas son más tranquilas que otras”. “Uno tiene que tener mucha paciencia en el sentido que tienes que hacerte de la ‘vista gorda’ apara no tener problemas con nadie. Y estar al día con tu pago porque, si no estás al día con tu pago y reúnes muchos días, los dueños no están pendientes que si tienes niños o no, igualito sales”, cuenta la abuela.

 

US$1.600 millones destinará el BID para atención de desastres en Nicaragua, Honduras y Guatemala

Lester Arcia

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispondrá para Nicaragua, Honduras y Guatemala US$1.600 millones para la reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales para los próximos dos años, así lo dieron a conocer a través de un plan integral como respuesta a los desastres en Centroamérica.

Los países pueden utilizar parte de estos fondos para financiar sus prioridades en áreas como el desarrollo de infraestructura resiliente, la gestión del riesgo de desastres y la provisión de servicios básicos a poblaciones vulnerables”, cita el comunicado de presa.

Según el planteamiento del plan integral a esos recursos proporcionados se le suman la creación de facilidades financieras y generación de una agenda de conocimiento en torno a resiliencia y problemas estructurales vinculados con la gestión de riesgos de desastres naturales.

Mauricio Claver-Carone presidente del BID señaló que “los huracanes Eta e Iota remarcaron la necesidad urgente de contar con infraestructura resiliente, la mitigación al cambio climático y la gestión de riesgos en Centroamérica que reduzca el impacto en las poblaciones afectadas”.

Nicaragua se vio afectada a finales de 2020 con dos huracanes que tambalearon la estabilidad social y económica de comunidades de la Costa Caribe del país.

“En base a las lecciones aprendidas tras la respuesta ofrecida ante los huracanes Eta e Iota, el plan se implementará de forma coordinada con otras agencias multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); así como otros socios regionales como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y socios a nivel de cada país”, detallan.

Según el plan estratégico, además de los recursos financieros puestos a disposición de Honduras, Guatemala y Nicaragua, el BID dispondrá de nuevas y prácticas facilidades para apoyar la atención de emergencias.

“Así, en diciembre pasado, el BID aprobó la postergación del pago de intereses sobre sus préstamos a raíz de un desastre natural y se lanzaron como piloto los llamados “bonos por catástrofe”, que ofrecen cobertura contra riesgos vinculados a desastres y se adaptan a aquellos riesgos sobre los cuales los países quieran tener cobertura”, cita la nota de prensa.

Apoyo a micro empresas

El BID con este plan aprobó una nueva facilidad para atender de forma ágil a las micro y pequeñas empresas afectadas por las emergencias.

Explican que “esta iniciativa, que cuenta como socio a la Fundación Covelo, proporcionará US$60 millones para beneficiar a 40.000 micro y pequeñas empresas afectadas tanto por la pandemia, como por los huracanes, para acceder a préstamos que ayudan a reactivar sus negocios de forma inmediata”.

Por último, el BID incluye en el plan la generación de una agenda de conocimiento para difundir buenas prácticas en materia de gestión de riesgos, “mediante una serie de diálogos en la región, en los que se compartirán lecciones aprendidas en otros países, como, por ejemplo, la experiencia de Nueva Orleans en Estados Unidos”.

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Universitarios nicaragüenses: “Es momento de escuchar las demandas de la gente”

Lester Arcia

Los jóvenes que integran la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) presentaron este lunes los pasos de una campaña para hacer presión en Nicaragua para que se efectúen reformas electorales en el país y así la población pueda votar con seguridad.

“La realización de elecciones libres en noviembre de 2021, es el camino para la justicia, recuperación económica, el empleo, la prosperidad y una Nicaragua con oportunidades para todos”, citan en el comunicado.

Los universitarios revelaron los avances que han realizado en pro de la recuperación de las garantías ciudadanas en el país, en la cual han recolectado 7,600 firmas, “en respaldo a las exigencias de realización de reformas electorales, según la resolución de la Asamblea General de la OEA, de noviembre de 2020”.

Por otro lado, los organizados han realizado una campaña de concientización sobre la reforma electoral con la entrega inicial de más de 10 mil volantes en toda Nicaragua.

“Esta campaña ha avanzado en universidades, buses, casa a casa y diferentes puntos del territorio nacional”, detallan en el comunicado leído para medios de comunicación este lunes.

Como parte de la estrategia para derrotar a Daniel Ortega en futuros comicios electorales, el gremio universitario llama a la s fuerzas opositoras a unir esfuerzos para lograr reformas que garanticen elecciones libres.

“Es momento de escuchar las demandas de la gente. Desde nuestros mercados, comunidades y barrios el pueblo está diciendo sí a elecciones libres”, dicta el cometido.

En los momentos más álgidos de la “Rebelión de Abril”, los estudiantes universitarios lideraron la lucha de la ciudadanía en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Con el estallido social de 2018 emergieron diversas organizaciones estudiantiles, con visiones distintas, pero con una agenda común que a la fecha se mantiene firme y en la que exigen libertad, justicia y democracia, afirman.

Desde entonces, el régimen emprendió una cacería contra todos aquellos estudiantes que se sumaron a la lucha, sufriendo cárcel, torturas, juicios con pruebas falsas para tratar de frenar a los jóvenes que siguen activos y han resistido desde los movimientos estudiantiles.

Asamblea Nacional olvida masacre de Abril, pero declara “sitio histórico” a San José de las Mulas

  • En este sitio fallecieron 23 jóvenes a causa de los enfrentamientos armados entre los sandinistas y la llamada contrarrevolución el 27 de febrero de 1983.

Redacción/IP Nicaragua

La Asamblea Nacional declaró “Sitio Histórico San José de las Mulas”, en homenaje a 23 jóvenes que murieron a causa de los enfrentamientos armados entre los sandinistas y la llamada contrarrevolución el 27 de febrero de 1983, pero sigue sin reconocer la masacre de Abril de 2018 en la que fueron asesinados 328 personas por fuerzas policiales y parapoliciales.

“Los jóvenes, estudiantes siguen cayendo y no son delincuentes, eran estudiantes los que cayeron en abril (2018), eran estudiantes los que cayeron el 30 de mayo (2018), son estudiantes equivocados o no equivocados, como lo ven ustedes, es el dolor de esas madres de hoy y siempre”, cuestionó la diputada liberal, Azucena Castillo.

En 2018, la represión de las fuerzas policiales y parapoliciales contra las manifestaciones donde la población pedía la salida de Daniel Ortega del poder, dejó un saldo fatal de 328 personas asesinadas, más de 2 mil heridos, más de 800 presos políticos y 100 mil personas exiliadas, según datos de organismos de derechos humanos.

Un reciente informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), determinó de las 328 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones, 113 fallecieron bajo prácticas de ejecuciones extrajudiciales que evidencian un patrón relacionado a “crímenes de lesa humanidad”.

La represión, según el documento, estuvo orientada en contra de la población joven, en su mayoría estudiantes.

Castillo señaló que bajo el contexto vivido en 2018, declarar a San José de las Mulas un sitio histórico, es apenas un simbolismo, que no les devuelve sus hijos a los padres, ni a las madres.

“Y por mucho que los queramos llenar de coraje a esos padres, porque sus hijos fueron valientes, sus hijos están enterrados, no los van a recuperar, pero sí estos padres y estas madres pueden ver que los hijos de los ciudadanos que viven en San José de las Mulas puedan tener trabajo, llevar comidas a sus hogares, hacer familias nobles, dignas y no seguir pensando en monumentos de muertos, porque a los jóvenes los queremos vivos en este país”, agregó Castillo.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, instó a Ortega parar la represión en contra de la población nicaragüense que vive un grave deterioro de sus derechos fundamentales.

Ortega pidió la declaratoria

La iniciativa de ley fue enviada por Ortega este 18 de febrero, una acción que fue tramitada con “urgencia” por parte al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, según el artículo 141, párrafo quinto de la Constitución Política y el artículo 105 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reformas incorporadas.

A la sesión de la Asamblea Nacional asistieron los familiares de los 23 fallecidos de aquel 27 de febrero de 1983, en el territorio montañoso llamado San José de las Mulas, circunscripción del municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa.

En la intervención sobre la exposición de motivos, la diputada sandinista Raquel Dixon, Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, señaló que durante el período comprendido entre los años 1980 a 1990, “Nicaragua sufrió la más cruel guerra de agresión promovida por el gobierno de los Estados Unidos”.

Añadió que el 27 de febrero de 1983, los jóvenes de la Juventud Sandinista, miembros del batallón denominado 30-62 que se encontraba acantonados en la comarca San José de las Mulas fueron atacados por grupos armados contra revolucionarios, dejando como resultado los 23 jóvenes caídos y un centenar de heridos.

Esos jóvenes miembros del batallón denominado 30-62 fueron masacrados por la guardia somocista, y fueron enviados antes de que se aprobara la Ley del Servicio Militar obligatorio, derogada en 1990 por Violeta Barrios de Chamorro.

La votación para la aprobación de la iniciativa de ley que declara «Sitio Histórico San José de las Mulas» se definió con los 70 votos a favor de la bancada sandinista, que domina la Asamblea Nacional, un voto en contra del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), una abstención y 17 presentes.