14 organizaciones desaparecen en Nicaragua bajo el cerco legal impuesto a las ONG

El Ministerio del Interior (MINT) de Nicaragua ordenó este 19 de agosto la cancelación de 14 organizaciones sin fines de lucro (OSFL), en una nueva ola de cierres que afecta al ya reducido espacio cívico del país. Según los acuerdos ministeriales 18-2025-OSFL y 19-2025-OSFL, 10 entidades fueron eliminadas bajo la figura de “disolución voluntaria”, mientras que otras 4 quedaron fuera del registro por supuesto incumplimiento de sus obligaciones legales.

Entre las organizaciones canceladas figuran Lutheran World Relief, Living Water International, BlueEnergy y la Fundación Alzheimer de Nicaragua, todas con presencia en proyectos sociales, de salud y desarrollo comunitario. A ellas se suman el Refugio de Jesús Sacramentado para el Alcohólico Desamparado (REJESAD), el Centro para la Educación y la Prevención del Sida (CEPRESI), la Asociación Ministerio la Hermosa de Sanidad y Liberación y la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos Carlos Núñez Téllez (ASOCARNUT).

El MINT, dirigido por la ministra María Amelia Coronel Kinloch, argumentó que estas últimas no presentaron en periodos de entre dos y seis años sus estados financieros, detalle de donaciones, balances contables y declaración de beneficiario final, además de mantener juntas directivas vencidas, lo que —según la institución— obstaculiza el “control y vigilancia estatal”.

Un golpe directo a sectores vulnerables

El cierre de estas organizaciones deja en el abandono a miles de personas que recibían apoyo en temas como prevención del VIH, acceso a agua potable, atención a la salud mental y programas comunitarios de lucha contra la pobreza. En estas áreas, el Estado no garantiza cobertura suficiente, por lo que la clausura supone una doble condena para los sectores más vulnerables de la población.

Con esta medida, el régimen Ortega-Murillo continúa el proceso de desmantelamiento de la sociedad civil que comenzó tras las protestas de abril de 2018. De acuerdo con organismos de derechos humanos, en los últimos siete años han sido eliminadas más de 3,700 organizaciones nacionales e internacionales, en un patrón que busca silenciar toda forma de asociación, cooperación comunitaria y fiscalización ciudadana.