Redacción / IP Nicaragua
La economía mundial ha resentido los efectos de la pandemia de covid-19. Los pronósticos más recientes del Fondo Monetario Internacional (octubre, 2020) indican que la economía global retrocederá 4.4% este año. En América Latina y el Caribe los pronósticos también son negativos, con una contracción de 8.1%. En Nicaragua la situación es aún más desalentadora, con un decrecimiento esperado de 5.5%.
Y es que Nicaragua acumula este año los efectos de la crisis política y socioeconómica, y los de la pandemia.
El deterioro de las economías además de verse reflejado en variables como el consumo, el gasto público, la producción y el empleo, también pueden influir en las condiciones de riesgo país.
Este tipo de riesgo acapara las vulnerabilidades políticas y económicas que pueden interferir con las inversiones extranjeras. Uno de los elementos más conocidos dentro del riesgo país es el riesgo soberano, que se concentra en la deuda externa de los países y la capacidad gubernamental de cumplir con estos compromisos.
El riesgo soberano nicaragüense es medido por tres agencias internacionales: Moody´s Investors, Fitch Ratings y Standard & Poor´s. Hasta septiembre de este año, Standard & Poor´s mantiene la calificación de B- con perspectiva “estable”, otorgada desde finales de 2019.
Por su parte, Moody’s Investors, desde inicios de este año asignó al país la calificación B3 con perspectiva “estable”, misma que se mantiene hasta la fecha.
La firma Fitch Ratings mantuvo la misma calificación, sin embargo, empeoró la perspectiva a mitad de este año. Es decir, que desde el inicio de la pandemia, en Nicaragua la calificación crediticia se ha mantenido y solo una agencia modificó su perspectiva.
¿Pero qué significan estas calificaciones?
Una calificación B representa que el “riesgo de incumplimiento es alto”, aunque con un margen de “seguridad limitado”, de acuerdo a la definición de calificaciones de Fitch, actualizadas en junio de este año. En estas condiciones, aunque el país cumple con los compromisos adquiridos, la capacidad “sostenida” de pago es sensible al deterioro del contexto económico.
Las calificaciones crediticias brindan indicios a los inversionistas sobre la probabilidad de recuperar el dinero invertido.
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A medida que empeoran las calificaciones crediticias, disminuyen las probabilidades de inversión, ya que son reflejo del deterioro de la realidad económica, política y social del país.
Factores de riesgo
Aunque en Nicaragua no se estableció una cuarentena obligatoria y las medidas de distanciamiento social de parte del gobierno tardaron en implementarse, la economía se vio afectada por cierres externos que impactaron sobre las inversiones extranjeras y las exportaciones, de acuerdo al reporte de Standard & Poor´s.
La parte fiscal también será afectada por la pandemia, a pesar de que no se han implementado políticas fiscales de apoyo a las empresas y hogares, ya que los ingresos del Gobierno se verán reducidos y aumentarán los riesgos de los pasivos contingentes (deuda de las empresas públicas que en caso de no ser pagada pasa a ser del Gobierno Central) de acuerdo con la calificadora.
A esto se le suma la presión internacional, que obstaculiza la inversión extranjera y el acceso a préstamos.
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Estas calificaciones podrían mejorar si después de superar los efectos del covid-19, ocurre un desarrollo político que devuelva la confianza a los inversionistas y por ende, promueva una recuperación más rápida del pronóstico, según el informe de Riesgo País del Consejo Monetario Centroamericano, correspondiente al tercer trimestre 2020.
¿Y en Centroamérica?
El resto de los países centroamericanos también se encuentran entre los grados de inversión bajos, grado de no inversión y altamente especulativa, según el informe del Consejo Monetario Centroamericano.
En el tercer trimestre del año, Costa Rica experimentó un deterioro de las calificaciones y las perspectivas, hasta quedar en B Negativa para el caso de Moodys y Fitch Ratings y B2 Negativa, en el caso de Moodys. Con esta calificación, el país queda en la categoría de “Altamente especulativa”.
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Los elementos que podrían aumentar el riesgo en Costa Rica están relacionados con la sostenibilidad de la deuda, dado el aumento de los pasivos de corto plazo y la dificultad en la consolidación fiscal después de la crisis de covid-19.
Por su parte, El Salvador obtuvo calificaciones de B-Negativa por Fitch Ratings, B3 Positiva por Moody’s Investors y B-Estable por Standards & Poor´s. Entre los elementos que pueden reducir estas calificaciones están: la reducción de la confianza de parte de los inversionistas, aumento de la polarización política, tendencia de deterioros fiscales e impacto del covid-19 mayor del esperado.
Guatemala se encuentra en el grado de no inversión con calificaciones de BB- Estable para Fitch Ratings y Standard & Poor´s. Este resultado podría empeorar, dado los desafíos de seguridad interna, estabilidad política, el deterioro del desempeño económico previsto, lo que incrementa los índices de deuda.
Honduras obtuvo una calificación de B1 Estable de parte de Moody’s y BB-Estable de Standard & Poor´s, una débil recuperación. Déficit fiscales altos y deterioros en la cuenta corriente, pueden generar un mayor deterioro en la calificación.
Foto portada: Orlando Valenzuela.
