VOZ DE AMÉRICA
El gobierno de Biden anunció sanciones el jueves contra un alto militar y una unidad especial del Ministerio Interior, considerados directamente involucrados en abusos de derechos humanosdurante la represión del gobierno a las protestas masivas el 11 de julio, anunciaron fuentes oficiales.
«En el día de hoy, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior cubano, también conocida como “Boinas Negras», informó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
La medida implica que ambos serán incluidos en la lista de «designados» en base a la Ley Magnitsky, una legislación de 2012 que permite al presidente de EE. UU. emitir sanciones a cualquier extranjero que haya violado los derechos humanos.
Las sanciones se producen mientras el presidente Biden enfrenta una presión cada vez mayor del Congreso, los grupos de activistas y los cubanoamericanos para que tome medidas decisivas en apoyo a los manifestantes.
En este sentido, poco después de conocerse las sanciones, la Casa Blanca divulgó un comunicado del propio mandatario en el que advierte a La Habana que estas acciones son «solo el principio».
“Esto es solo el principio; Estados Unidos seguirá sancionando a los individuos responsables de la opresión del pueblo cubano”, adelantó Biden. «Al tiempo que hacemos que el régimen cubano rinda cuentas, nuestro apoyo por el pueblo cubano es inquebrantable».
El presidente estadounidense se refirió a algunas de las medidas adicionales que su Administración está evaluando para ayudar a mejorar la situación en la Isla, como la posibilidad de garantizar el acceso a internet mediante herramientas que pueden burlar «los intentos de censura del régimen» o incrementar el personal diplomático de su embajada en Cuba.
«Defender la dignidad humana y la libertad es una de las principales prioridades de mi Administración, y trabajaremos con nuestros socios en toda la región, incluida la Organización de los Estados Americanos, para presionar al régimen y que libere inmediatamente a los presos políticos injustamente detenidos, restaure el acceso a internet y permita que el pueblo cubano disfrute de sus derechos básicos», concluyó el presidente Biden.
Por contra, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó vía Twitter las acusaciones que han llevado a Washington a dictar estas nuevas sanciones «infundadas y calumniosas» y afirmó que el gobierno estadounidense debería aplicarse las sanciones «a sí mismo» debido a su respuesta a las protestas raciales el año pasado.
«Si al gobierno de EEUU le preocupara el bienestar del pueblo cubano pondría fin al bloqueo con que intenta asfixiarnos, a las acciones ilegales de injerencia en los asuntos internos de #Cuba y a las campañas de desinformación para justificar con mentiras sus medidas de agresión», zanjó Rodríguez en un segundo mensaje.
Las protestas, el detonante
Miles de cubanos salieron a las calles para manifestarse contra una crisis económica que ha traído escasez de bienes básicos y cortes de energía. También protestaron por el manejo del gobierno de la pandemia de coronavirus y las restricciones a las libertades civiles. Cientos de activistas fueron detenidos, al menos una persona murió en enfrentamiento con la policía y madres reclaman por sus hijos cuyo paradero todavía desconocen.
Biden había prometido durante la campaña de 2020 revertir algunas de las políticas de Trump hacia Cuba, pero los hechos recientes en Cuba marcan un nuevo escenario. Su administración afirma que sigue buscando formas de aliviar la difícil situación humanitaria del pueblo cubano.
La Casa Blanca anunció el martes que Biden formaría un grupo de trabajo para examinar el tema de las remesas a Cuba a raíz de las protestas en la isla. El objetivo es determinar cómo los cubanoamericanos pueden enviar dinero a las familias pero sin que vaya a parar a las arcas del gobierno.
Justo cuando se cumplieron el miércoles 10 días de las protestas -las primeras de su magnitud en más de 60 años- un tribunal local condenó a un año de prisión al fotógrafo que filmó el fragmento en la isla del video clip de la canción «Patria y Vida», convertido en himno de los que piden libertad y democracia.
La madre de Anyelo Troya, un joven de 25 años, fue notificada el mismo jueves de que se celebraría el juicio, pero no pudo llegar a tiempo, según informó a medios. Lo acusan de instigar disturbios. Estaba detenido desde el 11 de julio.
