Demandan justicia en caso de masacre contra indígenas mayangnas y miskitos

Durante la masacre, dos mujeres indígenas, fueron agredidas sexualmente frente a otras víctimas y sus cuerpos quedaron desnudos.

Redacción / IP Nicaragua 

Un total de 15 comunitarios indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua fueron asesinados por colonos, incluyendo dos mujeres que fueron violadas y un menor de seis años, confirmó el Centro de Asistencia Legal a Pueblo Indígenas (CALPI).

Los hechos habrían ocurrido el 23 de agosto del año 2021 en horas de la tarde en la comunidad Kiwakumbaih, del territorio mayangna Sauni As, cuando llegaron los «colonos invasores de tierras indígenas y mataron a 15 personas», de estos dos pobladores mayangnas y 13 miskitu, informó el CALPI en una nota de prensa.

Los dos mayangnas asesinados fueron Albert Hernández Palacios de 21 años, originario de la comunidad Musawas y Armando Pérez Medina de 48 años de la comunidad Suniwas, ambas comunidades ubicadas en el territorio Sauni As.

Según la información del centro CALPI, un menor logró huir del lugar y fue rescatado más tarde. Durante la masacre, dos mujeres indígenas, fueron agredidas sexualmente frente a otras víctimas y sus cuerpos quedaron desnudos.

«Los colonos utilizaron armas de fuego como AK 47, escopetas, pistolas y machetes. Ante esta masacre, pedimos justicia no nos pueden seguir matando, somos personas con imagen de Dios. Nuestro territorio, que es parte de la reserva Bosawás, y los bienes naturales son nuestro patrimonio ancestral», denunció el grupo de guardabosques comunitarios pertenecientes a la organización Asangpas MailtalYang.

Banda Kukalón operando en el sector

Los colonos son conocidos como grupos «tomatierras» que andan en las áreas de las comunidades, una situación que no es nueva según han denunciado en ocasiones anteriores líderes comunitarios.

«Llamamos nuevamente a que el gobierno de Nicaragua investigue y tome las medidas necesarias para que todos los malhechores sean castigados con todo el peso de la ley por esta matanza, llamamos a que se aplique la justicia y que se escuche nuestro clamor de parar la invasión en nuestro territorio», enfatizaron los guardabosques.

Una nota publicada por el centro CALPI señala que, según los denunciantes, los atacantes son parte de la banda Kukalón, formada por entre 40 y 100 hombres no indígenas que portan armas de guerra y liderados por Isabel Meneses, alias Chavelo.
La banda también ha sido acusada de haber cometido la masacre de la Comunidad Alal en enero de 2020 y ha estado operando libremente en la Reserva de Bosawás durante varios años.
«Esta situación no es nueva el pueblo mayangna denunció el primer asesinato, de Elías Charly de la comunidad Musawas, de 48 años, el 13 de febrero de 2013. Se han llevado a cabo ataques sistemáticos y repetidos desde entonces contra los pueblos indígenas miskitu y mayangna de la Reserva de Bosawás.
El 22 de enero de este año, se registró un ataque en la comunidad de Karah Wilú, en Tubuyna Hill, en la cual tres guardabosques indígenas resultaron heridos con armas de fuego de alto calibre; posteriormente, el 4 de marzo en la comunidad de Kimakwas, hubo otro ataque en la que resultaron heridos dos miembros de la comunidad y el 10 de mayo, en la comunidad de Silamwas dos de los miembros de esta localidad fueron atacados y heridos.
«Estos ataques son además de otros casos de amenazas, intentos de asesinato y secuestros de colonos armados en otros territorios indígenas.

Estado no responde

Según el centro CALPI, la oficina del Fiscal General, como parte del sistema de justicia penal de Nicaragua y en cumplimiento de su mandato legal, debe actuar en nombre de las víctimas y de la sociedad nicaragüense» sin discriminación alguna»; y así realizar los procedimientos de investigación necesarios para aclarar los hechos.

«Estos niveles de violencia y racismo están permitidos por la impunidad que enfrentan, que a su vez es generada por la discriminación estructural de las autoridades estatales y por el incumplimiento de su deber legal de investigar los hechos, juzgar a los culpables, compensar a las víctimas y garantizar la no repetición de estos crímenes contra la humanidad», puntualizan.

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